III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-14046)
Resolución de 30 de mayo de 2024, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165

Martes 9 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 86219

informáticas asciende, al menos, a 125,9 millones18. Sin embargo, estos datos son estimativos,
por lo que la GISS debe proceder a inventariar la totalidad de las aplicaciones, determinando
además sus costes de producción al objeto de que afloren en el balance de la Seguridad Social,
mediante su registro en las cuentas de inmovilizado intangible de la entidad del sistema que
obtenga, a partir de los mismos, rendimientos económicos o un potencial de servicio en el futuro,
tal y como disponen la Norma de Reconocimiento y Valoración (NRV) 4ª y los puntos 4º y 5º del
Marco conceptual de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que
integran el sistema de la Seguridad Social (APGCPSS’11). A tal efecto sería recomendable que se
implantara un sistema de contabilidad analítica para todo el sistema.
3.13. La contabilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas no incluye el valor de las
inversiones realizadas por diversos concesionarios, por valor de 15,8 millones de euros. Además,
la Autoridad Portuaria ha aplicado a estos concesionarios bonificaciones en los importes
facturados, contabilizando únicamente el importe de los ingresos neto de estos descuentos,
reduciendo los ingresos devengados (1,8 millones en ejercicios anteriores y 0,5 millones en 2021).
Lo expuesto lleva a que el activo de la CGE esté infravalorado en 15,8 millones y el pasivo en
13,5 millones; y a que los resultados del ejercicio estén sobrevalorados en 2,3 millones.
3.14. Renfe Mercancías, S.M.E., S.A. ha incurrido en pérdidas de explotación continuadas en los
últimos ejercicios, lo que pone de manifiesto un potencial deterioro de sus activos. Al no haber
elaborado la Sociedad ni su matriz RENFE-Operadora el test de deterioro de esos activos, existen
incertidumbres en relación con la corrección de la valoración de los activos que integran el
“Inmovilizado material” y el “Inmovilizado intangible” de la Sociedad por un total de 353,5 millones
de euros, que podrían estar sobrevalorados.
3.15. Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A., S.M.E., M.P. tiene registradas inversiones
inmobiliarias correspondientes a los terrenos afectos a la ZAL del Puerto de Valencia cuyo valor
neto contable asciende a 44,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2021. La Sentencia n.º 216
de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nula la resolución de la Conselleria de
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, de 17 de diciembre de 2018, que aprobó
definitivamente el Plan Especial de la ZAL del Puerto de Valencia. En tanto el Tribunal Supremo
no resuelva el recurso de casación presentado por esta empresa contra esta sentencia, no se
puede opinar sobre la razonabilidad del saldo citado.
III.3.2. Inversiones financieras

3.17. 19.

18

Así consta en el “Informe de Fiscalización integral de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, ejercicios
2018 y 2019”, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 28 de julio de 2022.
19 Párrafo suprimido como consecuencia del tratamiento de las alegaciones.

cve: BOE-A-2024-14046
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3.16. En el epígrafe de inversiones financieras, figuran partidas intragrupo procedentes de créditos
concedidos por la AGE a diversas entidades del grupo que no han sido eliminadas en el proceso
de consolidación, debido a la falta de coincidencia de los saldos acreedores de dichas entidades
con los deudores recíprocos que figuran en la AGE. En concreto, hay que destacar un saldo
deudor acumulado no eliminado en la AGE de 176,6 millones de euros, derivado de las
diferencias que surgen, fundamentalmente, con el CSIC (143,2 millones) y con el Instituto
Astrofísico de Canarias (31 millones).