III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-14046)
Resolución de 30 de mayo de 2024, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2021.
123 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 165
Martes 9 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 86208
-
El “Inmovilizado material” está infravalorado en 15,8 millones de euros como consecuencia
de las deficiencias detectadas en la contabilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
(párrafo 3.13).
-
Existe una incertidumbre en relación con la valoración de los activos que integran el
“Inmovilizado material” y el “Inmovilizado intangible” de Renfe Mercancías, S.M.E., S.A.,
filial de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (RENFE-Operadora),
registrados por 353,6 millones de euros, como consecuencia de las pérdidas de
explotación continuadas de los últimos ejercicios (párrafo 3.14).
-
Existe una incertidumbre en relación con las “Inversiones inmobiliarias” de Valencia
Plataforma Intermodal y Logística, S.A., S.M.E., M.P., participada en un 98,4 % por la
Autoridad Portuaria de Valencia, sobre la razonabilidad del valor de los terrenos afectos a
la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, cuyo valor neto contable a
31 de diciembre de 2021 asciende a 44,2 millones de euros (párrafo 3.15).
2.7. En relación con la valoración de las operaciones del inmovilizado financiero, cabe destacar
las siguientes deficiencias:
-
En el epígrafe de “inversiones financieras” se incluyen créditos concedidos por la AGE a
diversas entidades del sector público que no han sido eliminadas en el proceso de
consolidación, por un importe de 176,6 millones de euros (párrafo 3.16).
-
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras debería haber registrado como
“Inversiones financieras a largo plazo”, y no como “Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes”, diez depósitos de custodia en una entidad financiera por un importe de 100
millones de euros (párrafo 3.18).
2.8. Debido a las repetidas prórrogas de los plazos de carencia y de la propia moratoria, existen
dudas razonables sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones
sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde la aprobación de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 1995, por 673,1 millones de euros,
debido a las repetidas prórrogas de los plazos de carencia y de la propia moratoria. Esta situación
podría suponer un menoscabo económico-financiero para la Seguridad Social, además de una
carga financiera impropia del sistema. La TGSS y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no
registran deterioro de valor para estas deudas, estimado por el Tribunal de Cuentas en 134,5
millones (párrafos 3.20 y 3.21).
2.10. No se ha podido verificar la cifra registrada por el SEPE en concepto de deudores por
reintegro de pagos indebidos de prestaciones cuyo cobro gestiona el propio organismo, por 203,1
millones de euros, debido a que no se encuentra convenientemente soportada en un inventario
fiable y porque no recoge la deuda por este concepto anterior a 2017, por encontrarse en proceso
de depuración, sin que resulte posible su valoración. Esta incidencia afecta, asimismo, a los
ingresos registrados inherentes a estos deudores y a la correlativa dotación de los deterioros de
valor. En el caso de las MCSS tampoco se ha podido verificar la razonabilidad de la cifra de
deudores registrada contablemente, por 74 millones (párrafos 3.23 y 3.24).
cve: BOE-A-2024-14046
Verificable en https://www.boe.es
2.9. El saldo de deudores está sobrevalorado en 58,4 millones de euros debido a un mayor
deterioro del valor de deudores reflejado en las cuentas aprobadas del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa (FIEM) (párrafo 3.22).
Núm. 165
Martes 9 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 86208
-
El “Inmovilizado material” está infravalorado en 15,8 millones de euros como consecuencia
de las deficiencias detectadas en la contabilidad de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
(párrafo 3.13).
-
Existe una incertidumbre en relación con la valoración de los activos que integran el
“Inmovilizado material” y el “Inmovilizado intangible” de Renfe Mercancías, S.M.E., S.A.,
filial de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (RENFE-Operadora),
registrados por 353,6 millones de euros, como consecuencia de las pérdidas de
explotación continuadas de los últimos ejercicios (párrafo 3.14).
-
Existe una incertidumbre en relación con las “Inversiones inmobiliarias” de Valencia
Plataforma Intermodal y Logística, S.A., S.M.E., M.P., participada en un 98,4 % por la
Autoridad Portuaria de Valencia, sobre la razonabilidad del valor de los terrenos afectos a
la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, cuyo valor neto contable a
31 de diciembre de 2021 asciende a 44,2 millones de euros (párrafo 3.15).
2.7. En relación con la valoración de las operaciones del inmovilizado financiero, cabe destacar
las siguientes deficiencias:
-
En el epígrafe de “inversiones financieras” se incluyen créditos concedidos por la AGE a
diversas entidades del sector público que no han sido eliminadas en el proceso de
consolidación, por un importe de 176,6 millones de euros (párrafo 3.16).
-
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras debería haber registrado como
“Inversiones financieras a largo plazo”, y no como “Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes”, diez depósitos de custodia en una entidad financiera por un importe de 100
millones de euros (párrafo 3.18).
2.8. Debido a las repetidas prórrogas de los plazos de carencia y de la propia moratoria, existen
dudas razonables sobre la cobrabilidad de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones
sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, objeto de moratoria desde la aprobación de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 1995, por 673,1 millones de euros,
debido a las repetidas prórrogas de los plazos de carencia y de la propia moratoria. Esta situación
podría suponer un menoscabo económico-financiero para la Seguridad Social, además de una
carga financiera impropia del sistema. La TGSS y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no
registran deterioro de valor para estas deudas, estimado por el Tribunal de Cuentas en 134,5
millones (párrafos 3.20 y 3.21).
2.10. No se ha podido verificar la cifra registrada por el SEPE en concepto de deudores por
reintegro de pagos indebidos de prestaciones cuyo cobro gestiona el propio organismo, por 203,1
millones de euros, debido a que no se encuentra convenientemente soportada en un inventario
fiable y porque no recoge la deuda por este concepto anterior a 2017, por encontrarse en proceso
de depuración, sin que resulte posible su valoración. Esta incidencia afecta, asimismo, a los
ingresos registrados inherentes a estos deudores y a la correlativa dotación de los deterioros de
valor. En el caso de las MCSS tampoco se ha podido verificar la razonabilidad de la cifra de
deudores registrada contablemente, por 74 millones (párrafos 3.23 y 3.24).
cve: BOE-A-2024-14046
Verificable en https://www.boe.es
2.9. El saldo de deudores está sobrevalorado en 58,4 millones de euros debido a un mayor
deterioro del valor de deudores reflejado en las cuentas aprobadas del Fondo para la
Internacionalización de la Empresa (FIEM) (párrafo 3.22).
