III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-13265)
Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 75835
En relación con los contratos de servicios de limpieza
El expediente nº 8 de la muestra, en su fase de ejecución, se vio afectado por la declaración del
estado de alarma. ADIF, según escrito de 24 de noviembre de 2020, solicitó al adjudicatario en los
días previos a la declaración del estado de alarma, para las estaciones de Madrid Puerta de
Atocha y Chamartín, incrementar algunas actuaciones de limpieza, sin que se haya especificado
su importe, si bien los costes adicionales que se generaron, según el mencionado escrito fueron
compensados, con las actuaciones no realizadas en otras zonas o dependencias cerradas al
público. Dicho escrito indicó que las actuaciones anteriores se extrapolaron al resto de estaciones
incluidas en el objeto de este contrato, si bien carecían de constancia escrita por cada estación.
En relación con los contratos de seguridad privada
La incidencia del COVID-19 no ha supuesto que los contratos vigentes de vigilancia y seguridad
hayan sufrido suspensiones parciales o totales.
En lo que sí ha tenido incidencia el COVID-19, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020,
es en la implementación de servicios extraordinarios de vigilancia para atender incidencias en el
tráfico de viajeros, principalmente en la estación de cercanías de Madrid Atocha. El importe de
estos servicios extraordinarios asciende a 36.254,80 euros (IVA no incluido) aunque no se ha
rendido información sobre la formalización de estos acuerdos contractuales.
Por otro lado, con fecha 19 de junio de 2020, ADIF adjudicó mediante procedimiento de
emergencia dos contratos, el 2.20/30108.0190 y el 3.20/30820.0033 por importes de 94.378,76 y
111.840,00 euros, respectivamente, para el “Suministro e instalación de cámaras termográficas y
de prestación del servicio de medición y control de temperatura en las estaciones de Madrid
Puerta de Atocha y Barcelona-Sants”. Dicho suministro reforzó las medidas de seguridad
contempladas en los lotes 1 y 3 del expediente nº 1 de la muestra.
Desde el 1 de junio de 2020 y como consecuencia de la reducción presupuestaria de gastos de
explotación que ha tenido que afrontar ADIF por la drástica reducción de ingresos por cánones por
utilización de infraestructura, los servicios de vigilancia y seguridad han sufrido también
reducciones, principalmente las patrullas móviles. El importe global de minoración en los contratos
asciende a 8.220.000 euros de seguridad privada.
II.3.- CONTRATOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN JURÍDICO PROPIO DE LAS ENTIDADES QUE
TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE PODER ADJUDICADOR Y NO SON ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
El marco jurídico de la contratación de las Entidades del sector público que son poderes
adjudicadores y que no tienen la condición de Administración Pública se regula en los artículos
316 a 320 de la LCSP, si bien sus contratos, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b)
de la citada disposición, tendrán carácter privado.
cve: BOE-A-2024-13265
Verificable en https://www.boe.es
II.3.1.- RÉGIMEN JURÍDICO
Núm. 158
Lunes 1 de julio de 2024
Sec. III. Pág. 75835
En relación con los contratos de servicios de limpieza
El expediente nº 8 de la muestra, en su fase de ejecución, se vio afectado por la declaración del
estado de alarma. ADIF, según escrito de 24 de noviembre de 2020, solicitó al adjudicatario en los
días previos a la declaración del estado de alarma, para las estaciones de Madrid Puerta de
Atocha y Chamartín, incrementar algunas actuaciones de limpieza, sin que se haya especificado
su importe, si bien los costes adicionales que se generaron, según el mencionado escrito fueron
compensados, con las actuaciones no realizadas en otras zonas o dependencias cerradas al
público. Dicho escrito indicó que las actuaciones anteriores se extrapolaron al resto de estaciones
incluidas en el objeto de este contrato, si bien carecían de constancia escrita por cada estación.
En relación con los contratos de seguridad privada
La incidencia del COVID-19 no ha supuesto que los contratos vigentes de vigilancia y seguridad
hayan sufrido suspensiones parciales o totales.
En lo que sí ha tenido incidencia el COVID-19, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020,
es en la implementación de servicios extraordinarios de vigilancia para atender incidencias en el
tráfico de viajeros, principalmente en la estación de cercanías de Madrid Atocha. El importe de
estos servicios extraordinarios asciende a 36.254,80 euros (IVA no incluido) aunque no se ha
rendido información sobre la formalización de estos acuerdos contractuales.
Por otro lado, con fecha 19 de junio de 2020, ADIF adjudicó mediante procedimiento de
emergencia dos contratos, el 2.20/30108.0190 y el 3.20/30820.0033 por importes de 94.378,76 y
111.840,00 euros, respectivamente, para el “Suministro e instalación de cámaras termográficas y
de prestación del servicio de medición y control de temperatura en las estaciones de Madrid
Puerta de Atocha y Barcelona-Sants”. Dicho suministro reforzó las medidas de seguridad
contempladas en los lotes 1 y 3 del expediente nº 1 de la muestra.
Desde el 1 de junio de 2020 y como consecuencia de la reducción presupuestaria de gastos de
explotación que ha tenido que afrontar ADIF por la drástica reducción de ingresos por cánones por
utilización de infraestructura, los servicios de vigilancia y seguridad han sufrido también
reducciones, principalmente las patrullas móviles. El importe global de minoración en los contratos
asciende a 8.220.000 euros de seguridad privada.
II.3.- CONTRATOS SOMETIDOS AL RÉGIMEN JURÍDICO PROPIO DE LAS ENTIDADES QUE
TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE PODER ADJUDICADOR Y NO SON ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
El marco jurídico de la contratación de las Entidades del sector público que son poderes
adjudicadores y que no tienen la condición de Administración Pública se regula en los artículos
316 a 320 de la LCSP, si bien sus contratos, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b)
de la citada disposición, tendrán carácter privado.
cve: BOE-A-2024-13265
Verificable en https://www.boe.es
II.3.1.- RÉGIMEN JURÍDICO
