T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-10946)
Pleno. Sentencia 68/2024, de 23 de abril de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 6521-2023. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Competencias sobre el dominio público marítimo terrestre: nulidad parcial de los preceptos relativos a la garantía del acceso y permanencia de las embarcaciones gallegas en los caladeros de competencia autonómica y a la ocupación del dominio público marítimo terrestre por los sistemas de recogida, almacenamiento, tratamiento y vertido de aguas residuales; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal autonómico que prevé la ocupación por establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria del demanio o de la zona de servidumbre de protección. Voto particular.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 30 de mayo de 2024
Sec. TC. Pág. 63047
litoral, no ha sido impugnada y su contenido es similar al de otras comunidades
autónomas.
b) En relación con el ámbito de aplicación (art. 2, apartados 1 y 2), referido al
concepto y extensión del litoral, justifica su constitucionalidad en el apartado 3 del art. 2
de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, que contiene una cláusula de salvaguarda
de las competencias estatales, coincidente con el redactado en el acuerdo de la
Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley del Parlamento de
Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral («BOE» núm. 125,
de 26 de mayo de 2021) y conforme con la doctrina constitucional ya citada sobre el
ejercicio de competencias autonómicas sobre el mar territorial. Añade que la definición
de aguas costeras y aguas de transición que recoge la disposición adicional segunda de
la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, se remite a la efectuada en la legislación de
aguas.
c) Con referencia a los artículos relativos a la ordenación del litoral y las playas
[arts. 23.2 d), g) e i); 24.3 c), e) y f) y 27.3 c) de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023]
discrepa del vicio de inconstitucionalidad y para ello expone la finalidad que pretenden
las «determinaciones mínimas en abstracto» contenidas en esos instrumentos de
ordenación (directrices, plan de ordenación y planes especiales) y que deben ser
entendidas «en el marco de la legislación básica del Estado y con respeto de las
facultades que derivan de su titularidad sobre los bienes que integran el dominio público
marítimo terrestre» (art. 21.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023) y dentro de las
competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Añade que la determinación
cuestionada de los planes especiales no colisiona con el art. 33 LC, al tratarse de
actuaciones y medidas de impulso para ordenar estos servicios y sin capacidad alguna
para alterar físicamente el dominio público marítimo-terrestre.
d) A continuación se refiere al régimen de usos de los espacios del litoral gallego
[arts. 34.2 a) y b); 34.3; 35.2 a), b) y c); 36.2 a), b) y c); 40.2 y 3; 41.2 a), b), c) y d); 46.3
a) y b); 48.3; 49.1 en el inciso «salvo que estén sujetos a declaración responsable de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente» y 2, 3 y 4; y, disposición final primera
de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023. Entiende que la regulación de los usos
permitidos en el área de protección ambiental: [art. 34.2 a) y b) y 34.3], compatibles
[art. 35.2 a), b) y c)] y prohibidos [art. 36.2 a), b) y c)]; en el área de mejora paisajística
[permitidos: art. 40.2 y 3; y compatibles: 41.2 a), b), c) y d)]; y en el área de reordenación
[art. 46.3 a) y b)] es constitucional, al ser respetuosa con la normativa básica estatal,
cuyos arts. 31.1 y 25.2 LC se reproducen por razones de seguridad jurídica y se
complementan con la regulación no básica o con normativa en materia de competencia
exclusiva autonómica, sin incidir en la naturaleza de los espacios o bienes que zonifica,
ni alterar su régimen jurídico, como indica la exposición de motivos. Recuerda que
conforme a la STC 149/1991, el otorgamiento de títulos de concesión o autorización del
dominio público por la Administración General del Estado no puede realizarse contra las
previsiones ordenadoras y si bien puede denegarse cuando pueda ser perjudicial para la
integridad o utilización del dominio, no para condicionar la competencia autonómica.
Alude a que el art. 48.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023 posibilita la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 32 LC y 61 RGC. Es por ello, que desarrolla la normativa de costas respetando las
competencias autonómicas sobre la ordenación del territorio y las facultades de la
administración general del Estado de protección de la integridad del dominio público
marítimo-terrestre, debiendo interpretarse en conexión con el apartado 4 del mismo
art. 48 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023.
Sostiene que la inconstitucionalidad del art. 49.1 de la Ley del Parlamento de
Galicia 4/2023 en el inciso «salvo que estén sujetos a declaración responsable de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente» y del art. 49.2, 3 y 4, se sustenta en
la sustitución de la autorización autonómica por la declaración responsable y por
presumir legalmente que determinadas obras, instalaciones y actividades pueden ser
cve: BOE-A-2024-10946
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Núm. 131
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litoral, no ha sido impugnada y su contenido es similar al de otras comunidades
autónomas.
b) En relación con el ámbito de aplicación (art. 2, apartados 1 y 2), referido al
concepto y extensión del litoral, justifica su constitucionalidad en el apartado 3 del art. 2
de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, que contiene una cláusula de salvaguarda
de las competencias estatales, coincidente con el redactado en el acuerdo de la
Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley del Parlamento de
Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral («BOE» núm. 125,
de 26 de mayo de 2021) y conforme con la doctrina constitucional ya citada sobre el
ejercicio de competencias autonómicas sobre el mar territorial. Añade que la definición
de aguas costeras y aguas de transición que recoge la disposición adicional segunda de
la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023, se remite a la efectuada en la legislación de
aguas.
c) Con referencia a los artículos relativos a la ordenación del litoral y las playas
[arts. 23.2 d), g) e i); 24.3 c), e) y f) y 27.3 c) de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023]
discrepa del vicio de inconstitucionalidad y para ello expone la finalidad que pretenden
las «determinaciones mínimas en abstracto» contenidas en esos instrumentos de
ordenación (directrices, plan de ordenación y planes especiales) y que deben ser
entendidas «en el marco de la legislación básica del Estado y con respeto de las
facultades que derivan de su titularidad sobre los bienes que integran el dominio público
marítimo terrestre» (art. 21.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023) y dentro de las
competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Añade que la determinación
cuestionada de los planes especiales no colisiona con el art. 33 LC, al tratarse de
actuaciones y medidas de impulso para ordenar estos servicios y sin capacidad alguna
para alterar físicamente el dominio público marítimo-terrestre.
d) A continuación se refiere al régimen de usos de los espacios del litoral gallego
[arts. 34.2 a) y b); 34.3; 35.2 a), b) y c); 36.2 a), b) y c); 40.2 y 3; 41.2 a), b), c) y d); 46.3
a) y b); 48.3; 49.1 en el inciso «salvo que estén sujetos a declaración responsable de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente» y 2, 3 y 4; y, disposición final primera
de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023. Entiende que la regulación de los usos
permitidos en el área de protección ambiental: [art. 34.2 a) y b) y 34.3], compatibles
[art. 35.2 a), b) y c)] y prohibidos [art. 36.2 a), b) y c)]; en el área de mejora paisajística
[permitidos: art. 40.2 y 3; y compatibles: 41.2 a), b), c) y d)]; y en el área de reordenación
[art. 46.3 a) y b)] es constitucional, al ser respetuosa con la normativa básica estatal,
cuyos arts. 31.1 y 25.2 LC se reproducen por razones de seguridad jurídica y se
complementan con la regulación no básica o con normativa en materia de competencia
exclusiva autonómica, sin incidir en la naturaleza de los espacios o bienes que zonifica,
ni alterar su régimen jurídico, como indica la exposición de motivos. Recuerda que
conforme a la STC 149/1991, el otorgamiento de títulos de concesión o autorización del
dominio público por la Administración General del Estado no puede realizarse contra las
previsiones ordenadoras y si bien puede denegarse cuando pueda ser perjudicial para la
integridad o utilización del dominio, no para condicionar la competencia autonómica.
Alude a que el art. 48.3 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023 posibilita la
ocupación del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 32 LC y 61 RGC. Es por ello, que desarrolla la normativa de costas respetando las
competencias autonómicas sobre la ordenación del territorio y las facultades de la
administración general del Estado de protección de la integridad del dominio público
marítimo-terrestre, debiendo interpretarse en conexión con el apartado 4 del mismo
art. 48 de la Ley del Parlamento de Galicia 4/2023.
Sostiene que la inconstitucionalidad del art. 49.1 de la Ley del Parlamento de
Galicia 4/2023 en el inciso «salvo que estén sujetos a declaración responsable de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente» y del art. 49.2, 3 y 4, se sustenta en
la sustitución de la autorización autonómica por la declaración responsable y por
presumir legalmente que determinadas obras, instalaciones y actividades pueden ser
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