I. Disposiciones generales. MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Organización. (BOE-A-2024-10239)
Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 22 de mayo de 2024
Sec. I. Pág. 58295
Y transversalmente, la promoción de la participación ciudadana y la sensibilización a
través campañas de concienciación sobre la importancia de la protección del medio
ambiente y la adopción de estilos de vida más sostenibles, así como la promoción de la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con la política
climática, energética, ambiental y demográfica.
La naturaleza es un importante aliado en la lucha contra el cambio climático y la
desertificación. Los ecosistemas aportan servicios esenciales, como alimentos, materias
primas, agua dulce, aire puro y cobijo y, además, amortiguan las catástrofes naturales,
plagas y enfermedades y ayudan a regular el clima. Restaurar la naturaleza y promover
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad constituye una solución eficaz para
absorber y almacenar carbono. Para ello, el pacto Verde Europeo contiene la Estrategia
de Biodiversidad para 2030 y una Nueva Estrategia de la Unión Europea en favor de los
Bosques para 2030.
En el ámbito material, de acuerdo con un enfoque transversal de la política ambiental
que propugna la integración de las consideraciones medioambientales en los diferentes
sectores de la actividad socioeconómica, al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico compete la formulación de las políticas de calidad ambiental y
prevención de la contaminación, la evaluación ambiental, el fomento del uso de
tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, la
transición hacia un modelo de economía circular, la protección del medio natural, la
biodiversidad, y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y su
adecuada preservación y restauración, fomentando la gestión forestal sostenible.
Del mismo modo, le compete la formulación de la política nacional de cambio
climático, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea en la
materia, así como la propuesta de la normativa y el desarrollo de los instrumentos de
planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por
dicha política desde la perspectiva de la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y de la adaptación a los riesgos del cambio climático.
Asimismo, corresponde al Departamento la definición, propuesta y ejecución de la
política de la UE en materia de aguas, para mejorar la garantía del suministro, los
ecosistemas hídricos, y la seguridad frente a los riesgos de inundaciones y sequías, a
través de una planificación hidrológica que incorpora la adaptación al cambio climático,
de la ejecución de medidas de protección y de restauración de las aguas, y de la gestión,
en el marco de sus competencias, del dominio público hidráulico y las infraestructuras
hidráulicas, para un uso más eficiente. También en materia de agua el desarrollo de
actuaciones para el fomento de la digitalización en línea con los objetivos del PERTE de
digitalización del ciclo del agua.
Le incumbe, igualmente, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre,
así como la participación en la planificación de la política de investigación en materia de
biodiversidad de los ecosistemas marinos, todo ello desde una perspectiva que haga
compatible la importancia estratégica del litoral español para el desarrollo económico y
social con la necesidad de preservar el medio marino y evitar su degradación, en el
marco de la política de la Unión Europea sobre gestión integrada de las zonas costeras.
Por otro lado, en materia energética, y en el marco de las competencias del Estado
sobre las bases del régimen minero y energético, se persigue potenciar las capacidades
de análisis y evaluación de los sectores energéticos, a efectos de elaborar una nueva
planificación y las regulaciones sectoriales más adecuadas; así como la mayor
transparencia de la gestión y participación de los ciudadanos. Con este objetivo, tanto en
el ámbito regulatorio como en las actuaciones de promoción que se desarrollen o
coordinen desde el Ministerio, se buscará combinar una doble aproximación: por una
parte, una metodología rigurosa de identificación y eliminación de las ineficiencias que
limitan en el corto plazo la actividad económica; por otra, una actuación continuada de
reforma y mejora de los sectores competencia del Ministerio, dirigida especialmente a
promover una transición energética ordenada.
cve: BOE-A-2024-10239
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 124
Miércoles 22 de mayo de 2024
Sec. I. Pág. 58295
Y transversalmente, la promoción de la participación ciudadana y la sensibilización a
través campañas de concienciación sobre la importancia de la protección del medio
ambiente y la adopción de estilos de vida más sostenibles, así como la promoción de la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con la política
climática, energética, ambiental y demográfica.
La naturaleza es un importante aliado en la lucha contra el cambio climático y la
desertificación. Los ecosistemas aportan servicios esenciales, como alimentos, materias
primas, agua dulce, aire puro y cobijo y, además, amortiguan las catástrofes naturales,
plagas y enfermedades y ayudan a regular el clima. Restaurar la naturaleza y promover
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad constituye una solución eficaz para
absorber y almacenar carbono. Para ello, el pacto Verde Europeo contiene la Estrategia
de Biodiversidad para 2030 y una Nueva Estrategia de la Unión Europea en favor de los
Bosques para 2030.
En el ámbito material, de acuerdo con un enfoque transversal de la política ambiental
que propugna la integración de las consideraciones medioambientales en los diferentes
sectores de la actividad socioeconómica, al Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico compete la formulación de las políticas de calidad ambiental y
prevención de la contaminación, la evaluación ambiental, el fomento del uso de
tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, la
transición hacia un modelo de economía circular, la protección del medio natural, la
biodiversidad, y la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y su
adecuada preservación y restauración, fomentando la gestión forestal sostenible.
Del mismo modo, le compete la formulación de la política nacional de cambio
climático, de conformidad con la normativa internacional y de la Unión Europea en la
materia, así como la propuesta de la normativa y el desarrollo de los instrumentos de
planificación y administrativos que permitan cumplir con los objetivos establecidos por
dicha política desde la perspectiva de la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y de la adaptación a los riesgos del cambio climático.
Asimismo, corresponde al Departamento la definición, propuesta y ejecución de la
política de la UE en materia de aguas, para mejorar la garantía del suministro, los
ecosistemas hídricos, y la seguridad frente a los riesgos de inundaciones y sequías, a
través de una planificación hidrológica que incorpora la adaptación al cambio climático,
de la ejecución de medidas de protección y de restauración de las aguas, y de la gestión,
en el marco de sus competencias, del dominio público hidráulico y las infraestructuras
hidráulicas, para un uso más eficiente. También en materia de agua el desarrollo de
actuaciones para el fomento de la digitalización en línea con los objetivos del PERTE de
digitalización del ciclo del agua.
Le incumbe, igualmente, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre,
así como la participación en la planificación de la política de investigación en materia de
biodiversidad de los ecosistemas marinos, todo ello desde una perspectiva que haga
compatible la importancia estratégica del litoral español para el desarrollo económico y
social con la necesidad de preservar el medio marino y evitar su degradación, en el
marco de la política de la Unión Europea sobre gestión integrada de las zonas costeras.
Por otro lado, en materia energética, y en el marco de las competencias del Estado
sobre las bases del régimen minero y energético, se persigue potenciar las capacidades
de análisis y evaluación de los sectores energéticos, a efectos de elaborar una nueva
planificación y las regulaciones sectoriales más adecuadas; así como la mayor
transparencia de la gestión y participación de los ciudadanos. Con este objetivo, tanto en
el ámbito regulatorio como en las actuaciones de promoción que se desarrollen o
coordinen desde el Ministerio, se buscará combinar una doble aproximación: por una
parte, una metodología rigurosa de identificación y eliminación de las ineficiencias que
limitan en el corto plazo la actividad económica; por otra, una actuación continuada de
reforma y mejora de los sectores competencia del Ministerio, dirigida especialmente a
promover una transición energética ordenada.
cve: BOE-A-2024-10239
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 124