III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES. Recursos. (BOE-A-2024-9962)
Resolución de 25 de abril de 2024, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Cartagena n.º 4 a inscribir un testimonio de un decreto de adjudicación y el correspondiente mandamiento de cancelación dictados en un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 17 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 56630
carácter general, ha declarado que ‘cuando del examen de los autos o de la
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)’ (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3).
‘Esta misma doctrina la hemos aplicado en el procedimiento de ejecución hipotecaria
afirmando que es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su
alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de
modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la
escritura del préstamo hipotecario y que figura en el Registro sea el domicilio real del
ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en
orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el artículo 24.1
CE, el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las
actuaciones, distinto del que consta en la escritura de préstamo hipotecario y en el
Registro (SSTC 245/2006, de 24 de julio, FJ 4; 104/2008, de 15 de septiembre, FJ 3,
y 28/2010, de 27 de abril, FJ 4)’ (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 4).
Para el Tribunal, ‘desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una
interpretación secundum constitutionem del artículo 686.3 LEC, integrando su contenido,
de forma sistemática, con el artículo 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso
de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad
de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al
proceso del artículo 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento
de ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado’ (STC 122/2013, FJ 5).
Esta doctrina ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores (SSTC 83/2018,
de 16 de julio, FJ 4; 29/2020, de 24 de febrero, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2,
y 86/2020, de 20 de julio, FJ 2, entre otras)’.
En aplicación de esta doctrina, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, dio nueva
redacción al artículo 686.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción que entró en
vigor el día 15 de octubre de 2015), señalando: ‘Intentado sin efecto el requerimiento en
el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las
personas a las que se refiere el apartado anterior, y realizadas por la Oficina judicial las
averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor, se procederá a
ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164’.
Tratándose del requerimiento judicial, si la notificación se realiza fuera del domicilio
señalado en el Registro, que en principio debe reflejar el consignado en la escritura,
procede, como se ha dicho, que por la oficina judicial se realicen las averiguaciones
pertinentes para determinar el domicilio del deudor, habilitándose en último extremo la
notificación por edictos.
En efecto, lo señalado en el citado artículo 686.3 debe completarse, con las
salvedades correspondientes, con lo dispuesto en el artículo 161.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
‘3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el
que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o
según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o
local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá
efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor
de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere,
advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula
al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero… En la diligencia se hará
constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en
la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona
cve: BOE-A-2024-9962
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 120
Viernes 17 de mayo de 2024
Sec. III. Pág. 56630
carácter general, ha declarado que ‘cuando del examen de los autos o de la
documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el
demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación
por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de
noviembre, FJ 2, y 245/2006, de 24 de julio, FJ 2)’ (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3).
‘Esta misma doctrina la hemos aplicado en el procedimiento de ejecución hipotecaria
afirmando que es necesario que el órgano judicial agote los medios que tenga a su
alcance para notificar al ejecutado la existencia del proceso en su domicilio real, de
modo que, una vez que surjan dudas razonables de que el domicilio señalado en la
escritura del préstamo hipotecario y que figura en el Registro sea el domicilio real del
ejecutado, le es exigible que intente, en cumplimiento del deber de diligencia que en
orden a la realización de los actos de comunicación procesal le impone el artículo 24.1
CE, el emplazamiento personal del ejecutado en el domicilio que figure en las
actuaciones, distinto del que consta en la escritura de préstamo hipotecario y en el
Registro (SSTC 245/2006, de 24 de julio, FJ 4; 104/2008, de 15 de septiembre, FJ 3,
y 28/2010, de 27 de abril, FJ 4)’ (STC 122/2013, de 20 de mayo, FJ 4).
Para el Tribunal, ‘desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una
interpretación secundum constitutionem del artículo 686.3 LEC, integrando su contenido,
de forma sistemática, con el artículo 553 LEC, precepto rector de la llamada al proceso
de ejecución hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad
de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al
proceso del artículo 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en el procedimiento
de ejecución hipotecaria solo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de
averiguación del domicilio del deudor o ejecutado’ (STC 122/2013, FJ 5).
Esta doctrina ha sido reiterada en pronunciamientos posteriores (SSTC 83/2018,
de 16 de julio, FJ 4; 29/2020, de 24 de febrero, FJ 3; 62/2020, de 15 de junio, FJ 2,
y 86/2020, de 20 de julio, FJ 2, entre otras)’.
En aplicación de esta doctrina, la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, dio nueva
redacción al artículo 686.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción que entró en
vigor el día 15 de octubre de 2015), señalando: ‘Intentado sin efecto el requerimiento en
el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser realizado el mismo con las
personas a las que se refiere el apartado anterior, y realizadas por la Oficina judicial las
averiguaciones pertinentes para determinar el domicilio del deudor, se procederá a
ordenar la publicación de edictos en la forma prevista en el artículo 164’.
Tratándose del requerimiento judicial, si la notificación se realiza fuera del domicilio
señalado en el Registro, que en principio debe reflejar el consignado en la escritura,
procede, como se ha dicho, que por la oficina judicial se realicen las averiguaciones
pertinentes para determinar el domicilio del deudor, habilitándose en último extremo la
notificación por edictos.
En efecto, lo señalado en el citado artículo 686.3 debe completarse, con las
salvedades correspondientes, con lo dispuesto en el artículo 161.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
‘3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el
que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o
según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o
local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá
efectuarse la entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor
de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere,
advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula
al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero… En la diligencia se hará
constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en
la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona
cve: BOE-A-2024-9962
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Núm. 120
