T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-9832)
Sala Segunda. Sentencia 49/2024, de 8 de abril de 2024. Recurso de amparo 2605-2021. Promovido por don Mohamed El Bachiri en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un juzgado del mismo orden jurisdiccional de Valencia, que desestimaron su impugnación de la resolución administrativa sancionadora que acordó su expulsión del territorio nacional. Vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: STC 47/2023 (aplicación irrazonable de la norma sancionadora que, anteponiendo la expulsión a la multa, infringió la garantía material del derecho).
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Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118
Miércoles 15 de mayo de 2024
Sec. TC. Pág. 55645
El fiscal, tras exponer el contenido de las mencionadas SSTJUE de 23 de abril
de 2015 y de 8 de octubre de 2020 y de la citada sentencia núm. 366/2021, de 17 de
marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que
las sentencias de instancia y de apelación confirmaron la sanción de expulsión por
estancia irregular sin constatar o ponderar la concurrencia de datos negativos o
circunstancias agravantes. Aplicaron la Directiva de retorno directamente, otorgándole un
efecto directo vertical inverso prohibido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, incurriendo así en una vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión del demandante.
Finalmente, respecto de las providencias del Tribunal Supremo impugnadas, solicita
que se desestime el motivo de falta de tutela judicial efectiva sin indefensión, en sus
vertientes de derecho al recurso y a una resolución motivada: En cada una de estas
resoluciones existe una motivación en términos jurídicos y ninguna está incursa en
arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta o error patente, que es el canon externo de
control constitucional tanto de la providencia de inadmisión del recurso de casación
(STC 252/2004, de 20 de diciembre, FJ 2) como de la providencia de inadmisión del
incidente de nulidad (STC 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 4).
9. En virtud de los arts. 2.2 y 3.2 del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
de 17 de enero de 2023, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 2023, al haber dejado el anterior ponente de formar parte del Tribunal, se reasignó la
ponencia y correspondió al magistrado don César Tolosa Tribiño, quien, conforme a lo
dispuesto en el art. 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), comunicó a la
Sala Segunda de este tribunal, por conducto de su presidenta, la decisión de abstenerse
del conocimiento del presente recurso de amparo por concurrir en él la causa establecida
en el art. 219.11 LOPJ, al haber intervenido en la instancia judicial previa en su condición
de magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo que dictó las providencias impugnadas.
La Sala Segunda, mediante ATC 11/2024, de 12 de febrero, estimó justificada la
causa de abstención y el citado magistrado quedó apartado definitivamente del presente
recurso de amparo y de todas sus incidencias, designándose por la presidente en la
misma fecha al actual ponente.
10. Por providencia de 4 de abril de 2024 se señaló para la deliberación y votación
de la presente sentencia el día 8 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
a) El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si la resolución de 15
de enero de 2019 de la Subdelegación del Gobierno en Castellón que decretó la
expulsión del recurrente, de nacionalidad marroquí, del territorio nacional con prohibición
de entrada en España y en el espacio Schengen por un período de tres años, al
considerarlo incurso en una infracción grave del art. 53.1 a) LOEx, por encontrase
irregularmente en territorio español, y las sentencias del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Castellón y de la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que
confirmaron el decreto de expulsión con la desestimación respectiva de los recursos
contencioso-administrativo y de apelación que aquel interpuso, vulneraron sus derechos
a la tutela judicial efectiva por falta de motivación e infracción del principio de
proporcionalidad de las sanciones y del derecho a la legalidad sancionadora de los
arts. 24.1 y 25.1 CE. Asimismo, el recurso tiene como objeto dilucidar si las providencias
de inadmisión del recurso de casación y del incidente de nulidad de actuaciones,
dictadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
cve: BOE-A-2024-9832
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1.
Núm. 118
Miércoles 15 de mayo de 2024
Sec. TC. Pág. 55645
El fiscal, tras exponer el contenido de las mencionadas SSTJUE de 23 de abril
de 2015 y de 8 de octubre de 2020 y de la citada sentencia núm. 366/2021, de 17 de
marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sostiene que
las sentencias de instancia y de apelación confirmaron la sanción de expulsión por
estancia irregular sin constatar o ponderar la concurrencia de datos negativos o
circunstancias agravantes. Aplicaron la Directiva de retorno directamente, otorgándole un
efecto directo vertical inverso prohibido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, incurriendo así en una vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión del demandante.
Finalmente, respecto de las providencias del Tribunal Supremo impugnadas, solicita
que se desestime el motivo de falta de tutela judicial efectiva sin indefensión, en sus
vertientes de derecho al recurso y a una resolución motivada: En cada una de estas
resoluciones existe una motivación en términos jurídicos y ninguna está incursa en
arbitrariedad, irrazonabilidad manifiesta o error patente, que es el canon externo de
control constitucional tanto de la providencia de inadmisión del recurso de casación
(STC 252/2004, de 20 de diciembre, FJ 2) como de la providencia de inadmisión del
incidente de nulidad (STC 204/2014, de 15 de diciembre, FJ 4).
9. En virtud de los arts. 2.2 y 3.2 del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional
de 17 de enero de 2023, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero
de 2023, al haber dejado el anterior ponente de formar parte del Tribunal, se reasignó la
ponencia y correspondió al magistrado don César Tolosa Tribiño, quien, conforme a lo
dispuesto en el art. 217 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), comunicó a la
Sala Segunda de este tribunal, por conducto de su presidenta, la decisión de abstenerse
del conocimiento del presente recurso de amparo por concurrir en él la causa establecida
en el art. 219.11 LOPJ, al haber intervenido en la instancia judicial previa en su condición
de magistrado de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo que dictó las providencias impugnadas.
La Sala Segunda, mediante ATC 11/2024, de 12 de febrero, estimó justificada la
causa de abstención y el citado magistrado quedó apartado definitivamente del presente
recurso de amparo y de todas sus incidencias, designándose por la presidente en la
misma fecha al actual ponente.
10. Por providencia de 4 de abril de 2024 se señaló para la deliberación y votación
de la presente sentencia el día 8 del mismo mes y año.
II. Fundamentos jurídicos
Objeto del recurso y pretensiones de las partes.
a) El presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si la resolución de 15
de enero de 2019 de la Subdelegación del Gobierno en Castellón que decretó la
expulsión del recurrente, de nacionalidad marroquí, del territorio nacional con prohibición
de entrada en España y en el espacio Schengen por un período de tres años, al
considerarlo incurso en una infracción grave del art. 53.1 a) LOEx, por encontrase
irregularmente en territorio español, y las sentencias del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 2 de Castellón y de la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que
confirmaron el decreto de expulsión con la desestimación respectiva de los recursos
contencioso-administrativo y de apelación que aquel interpuso, vulneraron sus derechos
a la tutela judicial efectiva por falta de motivación e infracción del principio de
proporcionalidad de las sanciones y del derecho a la legalidad sancionadora de los
arts. 24.1 y 25.1 CE. Asimismo, el recurso tiene como objeto dilucidar si las providencias
de inadmisión del recurso de casación y del incidente de nulidad de actuaciones,
dictadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
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