BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 23 de abril de 2024

Sec. TC. Pág. 45577

jurídico marroquí, tanto los jueces de instrucción como el fiscal del rey ante el tribunal de
apelación pueden emitir órdenes de detención, sin que en este último caso sea preciso
que sean legalizadas por un juez. Además, según el art. 12 del Convenio, para solicitar
la extradición basta con la presentación de una orden de detención expedida en la forma
prescrita por la ley del Estado requirente. Por lo dicho, el abogado del Estado considera
que estamos ante un problema de legalidad ordinaria en el que no se ven afectados
derechos fundamentales.
10. Por escrito presentado el 8 de abril de 2022, el fiscal ante el Tribunal
Constitucional presentó alegaciones en las que solicitó la estimación del recurso de
amparo, que se declarase que las resoluciones judiciales impugnadas en el mismo
vulneraron el derecho fundamental del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1
CE), en conexión con el derecho a la libertad (art. 17 CE) con infracción de la doctrina
del Tribunal Constitucional y que, en consecuencia, se declarase su nulidad.
Subsidiariamente, solicitaba una aclaración o precisión de la doctrina constitucional.
Tras exponer las vicisitudes del procedimiento, el fiscal encuadra la cuestión
planteada en la falta de habilitación legal de la solicitud de extradición formulada por el
Reino de Marruecos, en tanto se funda en una orden internacional de detención dictada
por el fiscal del rey ante el Tribunal de Primera Instancia de Tánger, sin que exista una
resolución judicial que la corrobore, apartándose las resoluciones judiciales impugnadas
de la doctrina constitucional establecida por en las SSTC 147/2020, de 19 de octubre,
y 147/2021, de 12 de julio, doctrina que sintetiza y de la que destaca, mediante extensa
cita literal de los fundamentos jurídicos 7 y 8 de la primera de ellas, el valor hermenéutico
e integrador que el Tribunal Constitucional atribuye (art. 10.2 CE) a los pronunciamientos
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativos a la orden europea de detención y
entrega (Decisión Marco 2002/584/JAI) para incorporar a la tutela judicial efectiva del
derecho a la libertad y a la libertad de circulación, en los procedimientos de extradición
pasiva, la exigencia de que en el país reclamante exista una ponderación judicial sobre
la necesidad de la medida.
El fiscal considera que, en este caso, la solicitud de extradición por el fiscal del rey de
Marruecos no reúne los requisitos establecidos por la doctrina constitucional citada, en
cuanto la autoridad emisora –el fiscal del rey– está sometida a las posibles instrucciones
de la autoridad jerárquica superior y no se prevé la inexcusable concurrencia de una
autoridad judicial que controle la necesidad y proporcionalidad de la medida, al margen
de que no se contempla la posibilidad de un recurso judicial antes de la entrega de la
persona buscada por el Estado que debe efectuar la ejecución.
El fiscal no concluye aquí sus alegaciones, sino que con carácter subsidiario plantea
la posibilidad de que el presente recurso de amparo sirva de oportunidad para que este
tribunal aclare o cambie su doctrina, a cuyo efecto apunta que el recurso de amparo
núm. 7490-2021, que plantea la misma cuestión, ha sido admitido a trámite en
providencia de 1 de diciembre de 2021 de la Sala Primera de este tribunal, en virtud del
supuesto de especial trascendencia constitucional enunciado en la letra b) del
fundamento jurídico 2 de la STC 155/2009. Es decir, se trataría de aclarar o matizar, en
su caso, la doctrina constitucional sobre extensión de las garantías del procedimiento de
extradición pasiva, en particular la garantía jurisdiccional o de tutela judicial efectiva en el
procedimiento de extradición en el momento de su emisión, con aplicación de la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada a propósito de la orden europea de
detención y entrega, lo que equipara los procesos de extradición, tanto si son de los
países de la Unión Europea como si provienen de países terceros, estableciendo un
estándar de garantías más elevado a todos los supuestos de extradición, cualquiera que
sea el convenio multilateral o bilateral suscrito entre España y terceros países
reguladores de la extradición, perfilando la interpretación de la compatibilidad que se
puede suscitar en la aplicación de los convenios suscritos con España y la aplicación del
diferente estándar de garantías del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

cve: BOE-A-2024-8179
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Núm. 99