T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-8176)
Sala Segunda. Sentencia 33/2024, de 11 de marzo de 2024. Recurso de amparo 5582-2021. Promovido por don José Martínez López respecto de los autos de la Audiencia Provincial de Almería y un juzgado de primera instancia e instrucción de Vera que archivaron su querella por los delitos de detención ilegal, torturas y lesiones. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la integridad física y moral: investigación insuficiente de una denuncia de agresiones que se dicen padecidas bajo custodia policial (STC 12/2022).
12 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45540
Martínez c. España; de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España, o de 9
de marzo de 2021, asunto López Martínez c. España).
Esta jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, ha sido expuesta de forma extensa en las SSTC 130/2016, FJ 2;
166/2021, FFJJ 2 y 3, y 13/2022, FFJJ 2 y 3, a las que nos remitimos, dejando ahora
solo constancia resumida de sus aspectos esenciales en lo que puede afectar a la
resolución del presente recurso:
(i) Las quejas referidas a este tipo de decisiones judiciales tienen su encuadre
constitucional más preciso en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pero
su relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes
(art. 15 CE) impone que la valoración constitucional sobre la suficiencia de la indagación
judicial dependa no solo de que las decisiones de sobreseimiento y archivo de las
diligencias penales estén motivadas y jurídicamente fundadas, sino además, según el
parámetro de control constitucional reforzado, de que sean acordes con la prohibición
absoluta de las conductas denunciadas.
Los supuestos a los que resulta de aplicación esta jurisprudencia se refieren a
denuncias por actuaciones constitutivas de tortura o cualquier tipo de malos tratos
prohibidos por el art. 15 CE y no solo en el contexto de detenciones incomunicadas
(SSTC 130/2016 y 144/2016) o situaciones asimilables como la de interno en módulos
de régimen cerrado o de aislamiento (STC 12/2022), sino también cuando suceden en
comisaría por detenciones comunicadas (STC 13/2022), en actuaciones en el momento
de la detención (STC 166/2021) o incluso cuando la conducta policial se ha desarrollado
en meras labores de orden público sin dar lugar a una detención (SSTEDH de 24 de julio
de 2012, asunto B.S. c. España, o de 9 de marzo de 2021, asunto López Martínez c.
España).
(ii) La suficiencia y efectividad de esta investigación judicial, así como la necesidad
de perseverar en la práctica de nuevas diligencias de investigación, deben evaluarse
atendiendo a las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y desde la
gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que afectan al grado de
esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE. En ese sentido, es preciso atender, entre
otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos y
la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su comisión; y a que la
cualificación oficial de los denunciados debe compensarse con la firmeza judicial frente a
la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba, con la especial
atención a diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones
afectadas por la denuncia.
(iii) Existe una especial exigencia de desarrollar una exhaustiva investigación en
relación con las denuncias de este tipo de conductas contrarias al art. 15 CE, agotando
cuantas posibilidades de indagación resulten útiles para aclarar los hechos, ya que es
necesario acentuar las garantías por concurrir una situación especial en la que el
ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado. Este
mandato, si bien no comporta la realización de todas las diligencias de investigación
posibles, sí impone que no se clausure la instrucción judicial penal cuando existan
sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos
inhumanos o degradantes denunciado y cuando tales sospechas se revelen como
susceptibles de ser despejadas a través de la actividad investigadora.
El Tribunal ha estimado la pretensión de amparo en supuestos en los que, existiendo
sospechas razonables de delito, se había concluido la instrucción sin haber tomado
declaración a la persona denunciante [por ejemplo, SSTC 34/2008, de 25 de febrero,
FJ 8; 52/2008, de 14 de abril, FJ 5; 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 63/2010, de 18
de octubre, FJ 3 b); 131/2012, de 18 de junio, FJ 5; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 6,
y 39/2017, FJ 4], sin haber oído al letrado de oficio que asistió a la persona detenida en
dependencias policiales (SSTC 52/2008, FJ 5; 130/2016, FJ 5, y 144/2016, FJ 4), sin
haber recibido declaración a los profesionales sanitarios que le asistieron (STC 52/2008,
FJ 5), sin haber identificado, y tomado declaración, a los agentes de los cuerpos y
cve: BOE-A-2024-8176
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 99
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45540
Martínez c. España; de 19 de enero de 2021, asunto González Etayo c. España, o de 9
de marzo de 2021, asunto López Martínez c. España).
Esta jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, ha sido expuesta de forma extensa en las SSTC 130/2016, FJ 2;
166/2021, FFJJ 2 y 3, y 13/2022, FFJJ 2 y 3, a las que nos remitimos, dejando ahora
solo constancia resumida de sus aspectos esenciales en lo que puede afectar a la
resolución del presente recurso:
(i) Las quejas referidas a este tipo de decisiones judiciales tienen su encuadre
constitucional más preciso en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pero
su relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes
(art. 15 CE) impone que la valoración constitucional sobre la suficiencia de la indagación
judicial dependa no solo de que las decisiones de sobreseimiento y archivo de las
diligencias penales estén motivadas y jurídicamente fundadas, sino además, según el
parámetro de control constitucional reforzado, de que sean acordes con la prohibición
absoluta de las conductas denunciadas.
Los supuestos a los que resulta de aplicación esta jurisprudencia se refieren a
denuncias por actuaciones constitutivas de tortura o cualquier tipo de malos tratos
prohibidos por el art. 15 CE y no solo en el contexto de detenciones incomunicadas
(SSTC 130/2016 y 144/2016) o situaciones asimilables como la de interno en módulos
de régimen cerrado o de aislamiento (STC 12/2022), sino también cuando suceden en
comisaría por detenciones comunicadas (STC 13/2022), en actuaciones en el momento
de la detención (STC 166/2021) o incluso cuando la conducta policial se ha desarrollado
en meras labores de orden público sin dar lugar a una detención (SSTEDH de 24 de julio
de 2012, asunto B.S. c. España, o de 9 de marzo de 2021, asunto López Martínez c.
España).
(ii) La suficiencia y efectividad de esta investigación judicial, así como la necesidad
de perseverar en la práctica de nuevas diligencias de investigación, deben evaluarse
atendiendo a las circunstancias concretas de la denuncia y de lo denunciado, y desde la
gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que afectan al grado de
esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE. En ese sentido, es preciso atender, entre
otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos y
la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su comisión; y a que la
cualificación oficial de los denunciados debe compensarse con la firmeza judicial frente a
la posible resistencia o demora en la aportación de medios de prueba, con la especial
atención a diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones
afectadas por la denuncia.
(iii) Existe una especial exigencia de desarrollar una exhaustiva investigación en
relación con las denuncias de este tipo de conductas contrarias al art. 15 CE, agotando
cuantas posibilidades de indagación resulten útiles para aclarar los hechos, ya que es
necesario acentuar las garantías por concurrir una situación especial en la que el
ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado. Este
mandato, si bien no comporta la realización de todas las diligencias de investigación
posibles, sí impone que no se clausure la instrucción judicial penal cuando existan
sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos
inhumanos o degradantes denunciado y cuando tales sospechas se revelen como
susceptibles de ser despejadas a través de la actividad investigadora.
El Tribunal ha estimado la pretensión de amparo en supuestos en los que, existiendo
sospechas razonables de delito, se había concluido la instrucción sin haber tomado
declaración a la persona denunciante [por ejemplo, SSTC 34/2008, de 25 de febrero,
FJ 8; 52/2008, de 14 de abril, FJ 5; 107/2008, de 22 de septiembre, FJ 4; 63/2010, de 18
de octubre, FJ 3 b); 131/2012, de 18 de junio, FJ 5; 153/2013, de 9 de septiembre, FJ 6,
y 39/2017, FJ 4], sin haber oído al letrado de oficio que asistió a la persona detenida en
dependencias policiales (SSTC 52/2008, FJ 5; 130/2016, FJ 5, y 144/2016, FJ 4), sin
haber recibido declaración a los profesionales sanitarios que le asistieron (STC 52/2008,
FJ 5), sin haber identificado, y tomado declaración, a los agentes de los cuerpos y
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