T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-8176)
Sala Segunda. Sentencia 33/2024, de 11 de marzo de 2024. Recurso de amparo 5582-2021. Promovido por don José Martínez López respecto de los autos de la Audiencia Provincial de Almería y un juzgado de primera instancia e instrucción de Vera que archivaron su querella por los delitos de detención ilegal, torturas y lesiones. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a la integridad física y moral: investigación insuficiente de una denuncia de agresiones que se dicen padecidas bajo custodia policial (STC 12/2022).
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Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 99
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45539
En fin, considera el fiscal que teniendo en cuenta lo anterior, los órganos judiciales
venían obligados a realizar una investigación suficiente y eficaz conforme al meritado
canon constitucional, siendo así que, en el presente caso, se incumplió tal obligación.
Interesa en consecuencia que se estime el recurso de amparo, que se declaren
vulnerados los derechos invocados por el recurrente, se anulen los autos impugnados, y
se retrotraigan las actuaciones a momento anterior al dictado del primero de los autos
anulados para que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Vera
proceda en términos respetuosos con el derecho invocado.
10. Por providencia de 7 de marzo de 2024 se señaló para la deliberación y
votación de la presente sentencia el día 11 del mimo mes y año.
II.
1.
Fundamentos jurídicos
Delimitación del objeto del recurso de amparo.
Se interpone el presente recurso de amparo contra los autos del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 4 de Vera dictados el 3 de mayo y el 9 de junio de 2021, por
los que respectivamente se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las
diligencias previas núm. 140-2021 y se desestimó el posterior recurso de reforma, y
contra el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, de 16 de
julio de 2021, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra los anteriores.
El recurrente alega que las resoluciones impugnadas han vulnerado sus derechos a
la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE), en relación con el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la falta de una investigación judicial
suficiente de los hechos denunciados en la querella. Esa vulneración se habría
producido porque las referidas resoluciones judiciales acuerdan y confirman el
sobreseimiento provisional y archivo de la causa incoada, a pesar de que existen indicios
claros de la comisión del delito de torturas, sin que se haya llevado a cabo una
investigación judicial suficiente y eficaz para intentar esclarecer lo sucedido.
Las partes comparecidas, agentes de la Guardia Civil con TIP Z12765U y F98357P,
solicitaron que se desestimara el recurso de amparo conforme ha quedado expuesto en
el relato de antecedentes.
El Ministerio Fiscal solicitó que se otorgue al recurrente el amparo por entender que
los órganos judiciales vulneraron los derechos fundamentales a la integridad física y
moral (art. 15 CE) y a la libertad (art. 17 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE) por la falta de una investigación judicial suficiente de los hechos
denunciados en la querella.
El Tribunal ha establecido una consolidada jurisprudencia sobre las exigencias
constitucionales derivadas de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a
no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), en relación
con las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales
incoadas por denuncia de haber sufrido este tipo de tratos bajo custodia o en el contexto
de actuaciones de agentes estatales (entre los más recientes, SSTC 130/2016, de 18 de
julio; 144/2016, de 19 de septiembre; 39/2017, de 24 de abril; 166/2021; 12/2022
y 13/2022, de 7 de febrero; 34/2022, de 7 de marzo; 122/2022, de 10 de octubre,
y 124/2022, de 10 de octubre), en línea con muy diversos pronunciamientos del Tribunal
Europeo Derechos Humanos en la materia (SSTEDH de 28 de julio de 1999, asunto
Selmouni c. Francia; de 11 de abril de 2000, asunto Sevtap Veznedaroğlu c. Turquía;
de 16 de diciembre de 2003, asunto Kmetty c. Hungría, o de 7 de julio de 2022, asunto
Torosian c. Grecia; y entre los que afectan a España, SSTEDH de 5 de mayo de 2015,
asunto Arratibel Garciandia c. España; de 31 de mayo de 2016, asunto Beortegui
cve: BOE-A-2024-8176
Verificable en https://www.boe.es
2. Consideraciones previas: la jurisprudencia constitucional en materia de
investigación judicial de denuncias por torturas y tratos inhumanos o degradantes.
Núm. 99
Martes 23 de abril de 2024
Sec. TC. Pág. 45539
En fin, considera el fiscal que teniendo en cuenta lo anterior, los órganos judiciales
venían obligados a realizar una investigación suficiente y eficaz conforme al meritado
canon constitucional, siendo así que, en el presente caso, se incumplió tal obligación.
Interesa en consecuencia que se estime el recurso de amparo, que se declaren
vulnerados los derechos invocados por el recurrente, se anulen los autos impugnados, y
se retrotraigan las actuaciones a momento anterior al dictado del primero de los autos
anulados para que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 4 de Vera
proceda en términos respetuosos con el derecho invocado.
10. Por providencia de 7 de marzo de 2024 se señaló para la deliberación y
votación de la presente sentencia el día 11 del mimo mes y año.
II.
1.
Fundamentos jurídicos
Delimitación del objeto del recurso de amparo.
Se interpone el presente recurso de amparo contra los autos del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. 4 de Vera dictados el 3 de mayo y el 9 de junio de 2021, por
los que respectivamente se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las
diligencias previas núm. 140-2021 y se desestimó el posterior recurso de reforma, y
contra el auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, de 16 de
julio de 2021, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra los anteriores.
El recurrente alega que las resoluciones impugnadas han vulnerado sus derechos a
la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la libertad (art. 17.1 CE), en relación con el
derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la falta de una investigación judicial
suficiente de los hechos denunciados en la querella. Esa vulneración se habría
producido porque las referidas resoluciones judiciales acuerdan y confirman el
sobreseimiento provisional y archivo de la causa incoada, a pesar de que existen indicios
claros de la comisión del delito de torturas, sin que se haya llevado a cabo una
investigación judicial suficiente y eficaz para intentar esclarecer lo sucedido.
Las partes comparecidas, agentes de la Guardia Civil con TIP Z12765U y F98357P,
solicitaron que se desestimara el recurso de amparo conforme ha quedado expuesto en
el relato de antecedentes.
El Ministerio Fiscal solicitó que se otorgue al recurrente el amparo por entender que
los órganos judiciales vulneraron los derechos fundamentales a la integridad física y
moral (art. 15 CE) y a la libertad (art. 17 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE) por la falta de una investigación judicial suficiente de los hechos
denunciados en la querella.
El Tribunal ha establecido una consolidada jurisprudencia sobre las exigencias
constitucionales derivadas de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a
no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE), en relación
con las decisiones judiciales de sobreseimiento y archivo de instrucciones penales
incoadas por denuncia de haber sufrido este tipo de tratos bajo custodia o en el contexto
de actuaciones de agentes estatales (entre los más recientes, SSTC 130/2016, de 18 de
julio; 144/2016, de 19 de septiembre; 39/2017, de 24 de abril; 166/2021; 12/2022
y 13/2022, de 7 de febrero; 34/2022, de 7 de marzo; 122/2022, de 10 de octubre,
y 124/2022, de 10 de octubre), en línea con muy diversos pronunciamientos del Tribunal
Europeo Derechos Humanos en la materia (SSTEDH de 28 de julio de 1999, asunto
Selmouni c. Francia; de 11 de abril de 2000, asunto Sevtap Veznedaroğlu c. Turquía;
de 16 de diciembre de 2003, asunto Kmetty c. Hungría, o de 7 de julio de 2022, asunto
Torosian c. Grecia; y entre los que afectan a España, SSTEDH de 5 de mayo de 2015,
asunto Arratibel Garciandia c. España; de 31 de mayo de 2016, asunto Beortegui
cve: BOE-A-2024-8176
Verificable en https://www.boe.es
2. Consideraciones previas: la jurisprudencia constitucional en materia de
investigación judicial de denuncias por torturas y tratos inhumanos o degradantes.
