BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70

Miércoles 20 de marzo de 2024

Sec. III. Pág. 32738

(d) Una resolución judicial firme ha dictaminado que el solicitante o sus
gestores son culpables de uno de los siguientes delitos conforme a la
legislación europea, del Estado español o del país en el que está
establecido:
(i) Fraude.
(ii) Corrupción.
(iii) Participación en una organización delictiva.
(iv) Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
(v) Delitos relacionados con el terrorismo o delitos ligados a las
actividades terroristas.
(vi) Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos.
(e) El solicitante o sus gestores han mostrado deficiencias significativas en
el cumplimiento de las obligaciones principales constatadas en la
ejecución de un contrato o prestación de un servicio para la Autoridad
Portuaria, lo que ha dado lugar a su resolución anticipada o a la
aplicación de indemnizaciones u otras sanciones contractuales, o
descubiertas a raíz de controles, auditorías o investigaciones de la
Autoridad Portuaria, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución.
(f) Una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que
el solicitante o sus gestores han creado una entidad bajo una jurisdicción
diferente a la española con la intención de eludir obligaciones fiscales,
sociales o de otro carácter legal de obligada aplicación en la jurisdicción
en la que está registrada su sede, administración central o centro
principal de actividad.

cve: BOE-A-2024-5587
Verificable en https://www.boe.es

(g) (Solo para personas jurídicas) una sentencia firme o decisión
administrativa firme ha establecido que la personalidad jurídica ha sido
creada con la intención prevista en el punto (f).