BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64

Miércoles 13 de marzo de 2024

Sec. I. Pág. 29568

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos).
10. La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía
administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la
interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-administrativa.
Artículo 4. Entidades beneficiarias y actuaciones a financiar.
1.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán:

a) El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los
Procuradores de España por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica
gratuita, en el ámbito de la competencia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes.
b) El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la
asistencia psicológica a las víctimas de los delitos.
2. Estas entidades, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y
Relaciones con las Cortes, desarrollarán las siguientes actuaciones:

1.º Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan
reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la
posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de
conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto
evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho
de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de
violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, en aquellos procesos
que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así
como a las personas menores de edad y a las personas con discapacidad necesitadas
de especial protección en los términos establecidos en el artículo 2.h) de la Ley 1/1996,
de 10 de enero. En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la
condición de víctima de los delitos a que se refiere este artículo y, en especial, en los de
violencia de género, deberá ser el mismo profesional de la abogacía el que asista a
aquella, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.
2.º Asistencia del profesional de la abogacía a la persona detenida, presa o
imputada que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea
consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante
un órgano jurisdiccional, o cuando esta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y la
persona detenida, presa o imputada no hubiere designado profesional de la abogacía en
el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la
persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea
que no hubiera designado profesional de la abogacía.
No será necesario que la persona detenida, presa o imputada acredite previamente
carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el
derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al profesional de la abogacía los
honorarios devengados por su intervención.

cve: BOE-A-2024-4860
Verificable en https://www.boe.es

a) Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el
artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se financiarán las siguientes actuaciones
profesionales: