T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2024-3937)
Pleno. Sentencia 15/2024, de 30 de enero de 2024. Recurso de inconstitucionalidad 3101-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Régimen constitucional de las proposiciones de ley y del Consejo General del Poder Judicial: STC 128/2023 (constitucionalidad de las previsiones legales que limitan funciones que puede ejercer el Consejo tras la expiración del mandato de sus miembros; suspensión de las facultades de nombramiento de presidente del Tribunal Supremo y de planteamiento del conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales), precepto que no constituye ley singular. Votos particulares.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de febrero de 2024
Sec. TC. Pág. 24585
es, de hecho, la fórmula por la que ha optado el legislador desde el principio–, no siendo
inconcebible algún sistema de renovación del órgano por partes [STC 191/2016, FFJJ 7
b) y 8 a)].
(iii) La renovación íntegra del Consejo General del Poder Judicial presupone o
exige una situación de normalidad institucional de la que se derivan dos consecuencias:
por una parte, «ambas Cámaras han de proceder a sus propuestas […] con la mayor
simultaneidad posible y dentro siempre del respeto del plazo que al efecto prescribe la
Ley Orgánica del Poder Judicial»; por otra parte, «de no producirse demoras contrarias a
la ley en la propuesta de una de las Cámaras, el mandato de cinco años de los vocales
(art. 122.3 CE) deviene, obviamente, mandato colegiado del órgano, y así lo prevé el
artículo 568.1: “[e]l Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada
cinco años”» [STC 191/2016, FJ 8 a)].
(iv) No existen objeciones constitucionales a que la Ley Orgánica prevea opciones
subsidiarias para la hipótesis de que «debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado,
a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan solo una de ellas,
por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido»; y eso porque
«por mandato del art. 122.3 CE, la propuesta corresponde a cada una de las Cámaras,
al Congreso de los Diputados y al Senado, no, pues, al órgano “de estructura global”,
“plural” o compleja que son las Cortes Generales (SSTC 45/1986, de 17 de abril, FFJJ 2
y 4, y 155/2005, de 9 de junio, FJ 5) ni a estas últimas, obviamente, en sesión conjunta»
[STC 191/2016, FJ 8 b)].
(v) Del mismo modo, no cabe apreciar objeciones constitucionales a una regulación
que prevea que los vocales nombrados como sustitutos de los inicialmente designados –
supuesto de nombramiento tardío–, no se mantengan en el cargo más allá del mandato
que corresponde al órgano como tal [STC 191/2016, FJ 8 d)].
b) En relación con las funciones atribuidas al Consejo General del Poder Judicial ex
art. 122.2 CE y por el legislador orgánico en el ejercicio de su potestad normativa de
desarrollo constitucional, hemos de atender a los siguientes criterios:
(i) En la medida en que el Consejo General del Poder Judicial se define, como
hemos indicado con anterioridad, por ser una garantía específica de la independencia
judicial, a la hora de regular sus funciones, se le deben atribuir necesariamente las «que
más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el
posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de
otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la
imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas
funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado. Es, desde luego, una
solución posible en un Estado de Derecho, aunque, conviene recordarlo frente a ciertas
afirmaciones de los recurrentes, no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al
menos con relevancia constitucional, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos
actuales» (STC 108/1986, FJ 7; en términos sustancialmente idénticos se pronuncian las
SSTC 105/2000, FJ 4; 238/2012, FJ 8, y 191/2016, FJ 5).
(ii) Fuera del marco de atribuciones que la Constitución confiere al Consejo
(art. 122.2 CE), y una vez regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial «la
constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales, así como el
estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera (art. 122.1 CE)», nada impide
que «la misma Ley Orgánica pueda atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo
General del Poder Judicial, indistintamente, competencias sobre todas aquellas materias
que no afecten a dicho marco de atribuciones, constitucionalmente reservado al Consejo
a través de la precisión que haga la LOPJ» (STC 105/2000, FJ 4).
(iii) En el ejercicio de estas funciones, es necesario recordar que «la norma
fundamental configura el Consejo como una institución “no subordinada a los demás
poderes públicos”, en general»; por ello, los vocales del Consejo General del Poder
Judicial «no están ligados por mandato imperativo alguno ni pueden ser removidos de su
cargo por decisión o a impulso de cualquier otro poder público (arts. 581 y 582.1 LOPJ),
cve: BOE-A-2024-3937
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Núm. 53
Jueves 29 de febrero de 2024
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es, de hecho, la fórmula por la que ha optado el legislador desde el principio–, no siendo
inconcebible algún sistema de renovación del órgano por partes [STC 191/2016, FFJJ 7
b) y 8 a)].
(iii) La renovación íntegra del Consejo General del Poder Judicial presupone o
exige una situación de normalidad institucional de la que se derivan dos consecuencias:
por una parte, «ambas Cámaras han de proceder a sus propuestas […] con la mayor
simultaneidad posible y dentro siempre del respeto del plazo que al efecto prescribe la
Ley Orgánica del Poder Judicial»; por otra parte, «de no producirse demoras contrarias a
la ley en la propuesta de una de las Cámaras, el mandato de cinco años de los vocales
(art. 122.3 CE) deviene, obviamente, mandato colegiado del órgano, y así lo prevé el
artículo 568.1: “[e]l Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada
cinco años”» [STC 191/2016, FJ 8 a)].
(iv) No existen objeciones constitucionales a que la Ley Orgánica prevea opciones
subsidiarias para la hipótesis de que «debiendo concurrir ambas Cámaras, por separado,
a la designación de los vocales cuya propuesta les corresponde, tan solo una de ellas,
por los motivos que sean, esté en condiciones de cumplir su cometido»; y eso porque
«por mandato del art. 122.3 CE, la propuesta corresponde a cada una de las Cámaras,
al Congreso de los Diputados y al Senado, no, pues, al órgano “de estructura global”,
“plural” o compleja que son las Cortes Generales (SSTC 45/1986, de 17 de abril, FFJJ 2
y 4, y 155/2005, de 9 de junio, FJ 5) ni a estas últimas, obviamente, en sesión conjunta»
[STC 191/2016, FJ 8 b)].
(v) Del mismo modo, no cabe apreciar objeciones constitucionales a una regulación
que prevea que los vocales nombrados como sustitutos de los inicialmente designados –
supuesto de nombramiento tardío–, no se mantengan en el cargo más allá del mandato
que corresponde al órgano como tal [STC 191/2016, FJ 8 d)].
b) En relación con las funciones atribuidas al Consejo General del Poder Judicial ex
art. 122.2 CE y por el legislador orgánico en el ejercicio de su potestad normativa de
desarrollo constitucional, hemos de atender a los siguientes criterios:
(i) En la medida en que el Consejo General del Poder Judicial se define, como
hemos indicado con anterioridad, por ser una garantía específica de la independencia
judicial, a la hora de regular sus funciones, se le deben atribuir necesariamente las «que
más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de un lado, el
posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombramientos y ascensos; de
otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la
imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas
funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado. Es, desde luego, una
solución posible en un Estado de Derecho, aunque, conviene recordarlo frente a ciertas
afirmaciones de los recurrentes, no es su consecuencia necesaria ni se encuentra, al
menos con relevancia constitucional, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos
actuales» (STC 108/1986, FJ 7; en términos sustancialmente idénticos se pronuncian las
SSTC 105/2000, FJ 4; 238/2012, FJ 8, y 191/2016, FJ 5).
(ii) Fuera del marco de atribuciones que la Constitución confiere al Consejo
(art. 122.2 CE), y una vez regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial «la
constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales, así como el
estatuto jurídico de los jueces y magistrados de carrera (art. 122.1 CE)», nada impide
que «la misma Ley Orgánica pueda atribuir al Gobierno de la Nación o al Consejo
General del Poder Judicial, indistintamente, competencias sobre todas aquellas materias
que no afecten a dicho marco de atribuciones, constitucionalmente reservado al Consejo
a través de la precisión que haga la LOPJ» (STC 105/2000, FJ 4).
(iii) En el ejercicio de estas funciones, es necesario recordar que «la norma
fundamental configura el Consejo como una institución “no subordinada a los demás
poderes públicos”, en general»; por ello, los vocales del Consejo General del Poder
Judicial «no están ligados por mandato imperativo alguno ni pueden ser removidos de su
cargo por decisión o a impulso de cualquier otro poder público (arts. 581 y 582.1 LOPJ),
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