BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 39

Miércoles 14 de febrero de 2024

Sec. I. Pág. 17536

3. En la fase inicial podrá prescindirse del trámite de consulta pública previa,
si se justifica la concurrencia de cualquiera de los supuestos establecidos en el
artículo 41.2. La redacción del anteproyecto deberá realizarse en el plazo máximo
de un mes desde la declaración de urgencia. Para la redacción del anteproyecto
se solicitará la colaboración de la Asesoría Jurídica General, que se desarrollará
mediante la asistencia a los órganos competentes o comisiones encargados de su
elaboración y redacción, por parte de la asesoría jurídica de la consejería en que
se encuadre el centro directivo que haya tenido la iniciativa, y del personal de la
Asesoría Jurídica General que esta designe.
4. En la fase intermedia se aplicarán las siguientes especialidades:
a) Solo se considerarán preceptivos el informe económico-financiero de la
consejería competente en materia de hacienda, el informe sobre el impacto por
razón de género, el informe de la consejería o consejerías con competencia en
materia de administraciones públicas y empleo público, previsto en el artículo 42.7,
así como el informe tecnológico y funcional previsto en el artículo 6 de la
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público
autonómico. Asimismo, se dará traslado del texto proyectado al órgano de
dirección con competencias en materia de dinamización demográfica para que
formule, en su caso, sus observaciones. Estos trámites deberán ser solicitados
todos ellos simultáneamente y deberán ser evacuados en todo caso en el plazo de
diez días hábiles. En caso de que estos informes no sean emitidos en el plazo
indicado deberá continuarse el procedimiento, sin perjuicio de que se incorporen al
mismo y de su consideración antes de la aprobación definitiva del proyecto cuando
sean emitidos.
Solo se solicitarán otros informes o dictámenes distintos de los expresados en
este apartado cuando sean preceptivos en virtud de una norma autonómica con
rango de ley. Estos informes o dictámenes se solicitarán también de forma
simultánea, junto con los informes previstos en este apartado, y los plazos legales
de emisión se reducirán a la mitad. En caso de que estos informes no fueran
emitidos en el plazo indicado será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo que
establezca la normativa estatal respeto de los informes o dictámenes que sean
exigibles.
b) El trámite de audiencia y de información pública, cuando sea preceptivo,
podrá ser abreviado hasta siete días hábiles, sin perjuicio de la posible omisión de
dicho trámite cuando graves razones de interés público así lo exijan, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 42.5.
En la fase final se aplicarán las siguientes especialidades:

a) El informe de la Asesoría Jurídica General sobre el proyecto, dada su
participación en el procedimiento de redacción, podrá consistir, en el caso de
conformidad con su redacción final, en un pronunciamiento sucinto en el que se
haga referencia a dicha participación y se manifieste que, a su juicio, el proyecto
se ajusta a la legalidad y a la técnica normativa. El informe deberá emitirse en el
plazo de diez días hábiles. En caso de que no sea emitido en el plazo indicado
deberá continuarse el procedimiento, sin perjuicio de que se incorpore al mismo y
de su consideración antes de la aprobación definitiva del proyecto cuando sean
emitidos.
b) Cuando sea preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Galicia de
conformidad con lo exigido por su normativa reguladora, se hará constar en la
solicitud de forma motivada las razones de urgencia. El plazo para emitir el
dictamen será de quince días hábiles, salvo que excepcionalmente la persona
titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia o el Consejo de la Xunta fijasen un
plazo menor».

cve: BOE-A-2024-2777
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