BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 18 de enero de 2024

Sec. TC. Pág. 7178

la Asociación Española de Pediatría, en cuya virtud se deduce que «la mayoría de los
estudios científicos llevan a concluir que los beneficios son innegables, tanto individual
como poblacionalmente, indicando que esta vacuna, como otras, son los instrumentos
más eficaces de lucha contra las enfermedades infecciosas, estando catalogada como
medicamento inmunológico especial, ampliando la Agencia Europea del Medicamento la
autorización de la vacuna contra el covid».
Añade la Sección ad quem que el hijo menor de los progenitores no tiene patología
alguna y ha recibido vacunas antes sin ningún problema, sin olvidar la condición de
enfermera de la madre en una planta de pediatría, lo que implica «mayores factores» de
riesgo de «poder contagiar a su hijo».
3. El recurrente denuncia en su demanda de amparo que se le han vulnerado los
siguientes derechos fundamentales:
(i) El derecho del padre a la igualdad ante la ley y a no ser
discriminado (art. 14 CE), al otorgar la capacidad de decidir sobre la vacuna a la madre.
Se aduce en sostén de esta queja que «cuando los juzgados y tribunales exigen un trato
diferente a menores que poseen inmunidad natural se produce una vulneración del
art. 14 CE, esto es, ante realidades semejantes, el juez exige un trato diferente al menor
no vacunado contra la Covid-19», y produce también abuso de derecho.
(ii) El derecho a la integridad física y moral (art. 15.1 CE), porque no se recabó el
consentimiento informado ni del menor ni de sus progenitores. Argumenta que el
consentimiento informado del paciente es un derecho reconocido en la Ley 41/2002,
básica de autonomía del paciente. Se añade que «si la vacuna contra la Covid-19 solo
tiene un relativo beneficio individual en la población vulnerable –que no comprende los
menores de edad–, y no frena la transmisión a terceros no se cumple el requisito de
exclusión al derecho constitucional de obtener el consentimiento informado de ambos
progenitores», y con ello del derecho a la integridad física del art. 15 CE.
(iii) El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque los tribunales
ordinarios han valorado las pruebas de manera errónea, en particular los informes
científicos de que disponían. Las resoluciones judiciales combatidas incurren en defecto
de motivación suficiente.
En la demanda se solicita la nulidad de los autos recurridos y que se declare que no
había lugar al procedimiento de jurisdicción voluntaria para la inoculación de la vacuna
contra la Covid-19 al hijo menor del recurrente.
Mediante un primer otrosí digo se solicitó en el mismo escrito la suspensión cautelar
de la ejecución de los autos recurridos hasta que este tribunal decida la cuestión de
fondo, pues de lo contrario se causarían «perjuicios de imposible reparación».
En el formulario del registro electrónico del Tribunal conteniendo los datos de la
demanda, el procurador incurrió en un error en el nombre del recurrente, lo que fue
subsanado por escrito presentado el 7 de febrero de 2023, dándose por efectuada la
subsanación por la Secretaría de Justicia de la Sala Primera, Sección Segunda, de este
Tribunal Constitucional, mediante diligencia de ordenación de 9 de febrero de 2023.
4. La Sección Segunda de este Tribunal Constitucional, por providencia de 8 de
mayo de 2023, acordó admitir a trámite el recurso de amparo «apreciando que concurre
en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) porque el
recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el
que no hay doctrina de este tribunal [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 a)], y el asunto
suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante
y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]».
En la misma providencia se acordó, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir «atenta comunicación a la
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Málaga a fin de que, en plazo que no
exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones

cve: BOE-A-2024-986
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Núm. 16