BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 16

Jueves 18 de enero de 2024

Sec. TC. Pág. 7170

que se dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho vulnerado, teniendo en
cuenta que (i) el derecho a la libertad del art. 17 CE, si bien no es directamente
vulnerado en las resoluciones impugnadas, sí que resulta afectado; y (ii) la revocación de
la suspensión de la ejecución por impago se acordó después de haberse cumplido el
periodo de suspensión de la ejecución, incluida la prórroga, por lo que no procedería
conceder una nueva prórroga. Además, los autos no solo vulneran el canon de
motivación reforzada, sino que no hacen referencia alguna a que el reo tuviera
capacidad para hacer frente a la responsabilidad civil para la revocación y por tanto, y
por lo que respecta al incumplimiento del compromiso de pago de la responsabilidad
civil, no sería procedente acordar la revocación de la suspensión, sin perjuicio de la
pervivencia de dicha responsabilidad civil.
Para terminar, tampoco considera procedente el fiscal que se acuerde por este
tribunal la remisión definitiva, al estimar que debe ser la jurisdicción ordinaria la
competente para decidir al respecto, examinando si concurren otras circunstancias que
puedan dar lugar a la revocación de la suspensión.
13. Mediante providencia de 7 de diciembre de 2023 se señaló para deliberación y
votación de la presente sentencia el día 11 del mismo mes y año.
II.
1.

Fundamentos jurídicos

Objeto del recurso de amparo y pretensiones de las partes.

El recurso de amparo se interpone frente al auto de 4 de octubre de 2022, dictado
por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó el recurso de
súplica interpuesto por el demandante contra el auto de 6 de septiembre de 2022, que
revocó la suspensión de la ejecución de la pena de un año de prisión impuesta al
demandante, con motivo del «grave y reiterado» incumplimiento de la obligación de pago
de la responsabilidad civil.
El demandante denuncia en un único motivo de amparo la «vulneración del derecho
a la libertad (art. 17.1 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva
(art. 24.1 CE) en su exigencia de motivación reforzada». Bajo dicha rúbrica, en síntesis,
sostiene que la decisión de revocar la suspensión de la ejecución de la pena de un año
de prisión adoptada en el auto de 6 de septiembre de 2022, adoleció de falta de la
debida motivación reforzada, pues se fundó en el mero impago de la responsabilidad
civil, pese a que quedó acreditado en el procedimiento de ejecución que carecía de
capacidad económica al efecto, circunstancia que puso reiteradamente en conocimiento
del tribunal de ejecución. En segundo lugar, extiende la queja al auto resolutorio del
recurso de súplica, de 4 de octubre de 2022, porque incurrió en el mismo déficit de
motivación, al remitirse a los fundamentos del auto impugnado.
El fiscal interesa la estimación del recurso en la medida en que la motivación común
ofrecida por el tribunal a quo para fundar tanto la revocación de la suspensión de
condena, como su confirmación en la resolución del recurso de súplica, fue
manifiestamente insuficiente, pues obvió la exigencia constitucional de atender a los
bienes y derechos en conflicto y de ponderar las circunstancias individuales del penado.
Consideración previa.

Con carácter previo al examen de fondo de la vulneración denunciada, es preciso
constatar, tal y como advierte el Ministerio Fiscal, que en el único motivo del recurso el
actor pone en relación la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su
vertiente de deber de motivación reforzada, con la lesión autónoma del derecho a la
libertad personal, como efectos de la decisión del tribunal de ejecución de revocar la
suspensión de la ejecución de la pena de prisión que le fue impuesta.
A la vista de este planteamiento de la queja, ha de recordarse la constante doctrina
de este tribunal, según la cual «las resoluciones que conceden o deniegan la suspensión
de la ejecución de una pena privativa de libertad, si bien no constituyen decisiones sobre

cve: BOE-A-2024-985
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