I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Medidas urgentes. (BOE-A-2023-25759)
Real Decreto-ley 7/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes, para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, y para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.
39 páginas totales
Página
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 20 de diciembre de 2023
Sec. I. Pág. 168004
Componente 11, «Modernización de las administraciones Públicas» del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
IV
Por lo que se refiere al supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad
establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, el contenido del real decretoley se fundamenta en motivos objetivos y de oportunidad política que requieren su
aprobación inmediata.
Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018,
de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el
análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su
aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la
existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida
concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997,
de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo
igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del
presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de
llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que
determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son,
básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo
largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de
elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de
octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y
las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, generalmente, se ha venido
admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas
económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento
constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin
que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las
leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6,
y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Finalmente, el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no
excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de
extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que
deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso
(STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016,
FJ 3).
La presente norma se emplea como instrumento de transposición de la Directiva
(UE) 2019/11528, de 20 de junio de 2019. El empleo de la figura del real decreto-ley
como instrumento de transposición ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su
sentencia 1/2012, de 13 de enero, apreciando la concurrencia del presupuesto
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad cuando concurran el «patente retraso
en la transposición de las directivas correspondientes» y la existencia de
«procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». Tanto para la
modificación del artículo 37.4 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores como
cve: BOE-A-2023-25759
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303
Miércoles 20 de diciembre de 2023
Sec. I. Pág. 168004
Componente 11, «Modernización de las administraciones Públicas» del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
IV
Por lo que se refiere al supuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad
establecido en el artículo 86.1 de la Constitución Española, el contenido del real decretoley se fundamenta en motivos objetivos y de oportunidad política que requieren su
aprobación inmediata.
Como reiteradamente ha declarado el Tribunal Constitucional (así, STC 61/2018,
de 7 de junio, FJ 5), la adecuada fiscalización del recurso al decreto-ley requiere el
análisis de dos aspectos desde la perspectiva constitucional: por un lado, la presentación
explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su
aprobación (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 5;
182/1997, de 20 de octubre, FJ 3; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4) y, por otro lado, la
existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida
concreta adoptada para subvenir a ella (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997,
de 20 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4).
En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es
necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de
contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo
igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del
presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de
llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que
determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son,
básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo
largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de
elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de
octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de
urgencia, concebida como conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y
las medidas que en el real decreto-ley se adoptan, generalmente, se ha venido
admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas
económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento
constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin
que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones
concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran
una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía
normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las
leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6,
y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
Finalmente, el posible carácter estructural del problema que se pretende atajar no
excluye que dicho problema pueda convertirse en un momento dado en un supuesto de
extraordinaria y urgente necesidad, que justifique la aprobación de un decreto-ley, lo que
deberá ser determinado atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso
(STC 137/2011, FJ 6; reiterado en SSTC 183/2014, FJ 5; 47/2015, FJ 5, y 139/2016,
FJ 3).
La presente norma se emplea como instrumento de transposición de la Directiva
(UE) 2019/11528, de 20 de junio de 2019. El empleo de la figura del real decreto-ley
como instrumento de transposición ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en su
sentencia 1/2012, de 13 de enero, apreciando la concurrencia del presupuesto
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad cuando concurran el «patente retraso
en la transposición de las directivas correspondientes» y la existencia de
«procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España». Tanto para la
modificación del artículo 37.4 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores como
cve: BOE-A-2023-25759
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 303
