BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 19 de diciembre de 2023

Sec. III. Pág. 167527

confieren al apoderado facultades representativas para llevar a cabo «el negocio jurídico
objeto de la escritura»; en la de 2 de diciembre de 2010, se rechazó el juicio de
suficiencia de las facultades representativas en el que se emplea una expresión genérica
-«(...) para formalizar la presente escritura (...)»- y se determinó que debería ser «un
juicio de suficiencia de las mismas expreso, concreto y coherente con el negocio
documentado, imprescindible para que el Registrador pueda calificar la congruencia de
dicho juicio con el contenido de título»; en las Resoluciones de 12 y 13 de septiembre
de 2006 se afirma que no basta con que el notario reseñe adecuadamente el título de
representación, sino que imperativamente ha de emitir juicio de suficiencia expreso y
concreto del mismo en relación con el acto o negocio jurídico documentado, de suerte
que el registrador deberá calificar tanto la reseña como el juicio, así como la congruencia
de éste con el acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título; en la
de 6 de noviembre de 2007, se recuerda que el juicio de suficiencia emitido por el notario
es incompleto si se omite la expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento
considera el notario que el representante tiene facultades suficientes; por último, en las
de 30 septiembre y 8 noviembre 2002, se afirma que no basta con que el notario exprese
lacónicamente la suficiencia del poder «para el otorgamiento de esta escritura», sino que
ha de hacer una referencia concreta a las facultades conferidas, en congruencia con el
contenido de la escritura que autoriza; concreción que podrá hacer apoyando su juicio
bien en una transcripción somera, pero suficiente, de las facultades atinentes al caso, o
bien en una referencia o relación de la esencia de tales facultades.
Según dicha doctrina, las exigencias del juicio de suficiencia no se cumplen si se
relacionan de forma lacónica o genérica las facultades representativas del apoderado o
representante, si el notario utiliza expresiones genéricas, ambiguas o imprecisas, como
cuando usa fórmulas de estilo que -a falta de reseña, siquiera somera, de las facultades
acreditadas- se circunscriben a afirmar que la representación es suficiente «para el acto
o negocio documentado», en vez de referirse de forma concreta y expresa al tipo de acto
o negocio que en la escritura se formaliza.
4. Debe tenerse también en cuenta que el Tribunal Supremo (vid. Sentencia
número 643/2018, de 20 de noviembre, con criterio seguido por la Sentencia
número 661/2018, de 22 de noviembre), ha reiterado lo siguiente: «(…) En nuestra
sentencia 645/2011, de 23 de septiembre, ya declaramos que la posible contradicción
que pudiera advertirse entre la previsión contenida en el art. 18 LH, que atribuye al
registrador la función de calificar “la capacidad de los otorgantes”, y el art. 98 de la
Ley 24/2001, que limita la calificación registral a la “reseña indicativa del juicio notarial de
suficiencia y a la congruencia de este con el contenido del título presentado”, debía
resolverse dando prioridad a esta segunda norma, que tiene a estos efectos la
consideración de ley especial (…) La valoración de la suficiencia de las facultades de
representación del otorgante de la escritura le corresponde al notario autorizante de la
escritura, sin que el registrador pueda revisar dicho juicio de suficiencia, en la medida en
que resulte congruente con el contenido del título al que se refiere (…)». Y añade que el
juicio que artículo 98 de la Ley 24/2001 «atribuye al notario sobre la suficiencia del poder
para realizar el acto o negocio objeto de la escritura que el notario autoriza incluye, como
hemos visto, el examen de la validez y vigencia del apoderamiento y su congruencia con
aquel acto o negocio; y, lo que ahora resulta de mayor interés, su corrección no puede
ser revisada por el registrador. Esto es, también el examen de la suficiencia del
apoderamiento está sujeto a la previsión del art. 98 de la Ley 41/2001, y por ello la
calificación registral se limita a revisar, como decíamos antes, que el título autorizado
permita corroborar que el notario ha ejercido su función de calificación de la validez y
vigencia del poder y de la suficiencia de las facultades que confiere de forma completa y
rigurosa, y que este juicio sea congruente con el contenido del título presentado (…)».
Esta doctrina ha sido confirmada por la Sentencia número 378/2021, de 1 de junio.
5. Por lo que se refiere a la calificación registral de la congruencia entre el juicio
notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas y el contenido del
negocio formalizado en la escritura cuya inscripción se pretende, según la doctrina de

cve: BOE-A-2023-25718
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Núm. 302