BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274

Jueves 16 de noviembre de 2023

Sec. III. Pág. 152883

Sexto.
El Ministerio de Sanidad, de acuerdo con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad y la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud, ejerce la coordinación general del Sistema Nacional de Salud, lo que incluye la
fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información recíproca,
la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción conjunta de las
autoridades sanitarias estatales y autonómicas en el ejercicio de sus respectivas
competencias. En este sentido, teniendo en cuenta el ámbito que nos ocupa y la
distribución competencial en el ámbito de la sanidad pública, el Ministerio de Sanidad
está interesado en servir de enlace de comunicación para facilitar el intercambio de
datos que, en el ámbito de su competencia, puedan estar relacionados con las personas
afectadas por casos de sustracción de recién nacidos.
Séptimo.
El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional integrado con
autonomía funcional en el Poder Judicial, con la misión encomendada por el artículo 124
de la Constitución Española de promover la acción de la justicia en defensa de la
legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los
tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social.
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en lo que concierne especialmente al
objeto y finalidad de este convenio, encomienda a la Institución importantes funciones,
tales como: i) velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas
con cuantas actuaciones exija su defensa (artículo 3.3); ii) ejercitar las acciones penales
y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros cuando
proceda (artículo 3.4); iii) tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público y
social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley
(artículo 3.6); iv) intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté
comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, con
discapacidad o desvalidas (artículo 3.7).
Octavo.
Según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo mencionado en el segundo punto de la
presente exposición tenía la consideración de convenio, por lo que se encuentra
extinguido por el transcurso de los plazos establecidos en la disposición adicional octava
de la misma. Tanto por esta circunstancia, como por los importantes cambios normativos
en materia de protección de datos personales, aunque se mantiene la colaboración entre
los organismos públicos firmantes en interés de las personas afectadas por casos de
sustracción de recién nacidos, para dotarla de la debida cobertura jurídica y aumentar la
eficiencia de la gestión pública en esta materia, procede suscribir entre los mismos un
nuevo convenio introduciendo mejoras.

CLÁUSULAS
Primera.

Objeto.

El objeto de este convenio es establecer el marco de colaboración entre el Ministerio de
Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado
para poner en marcha un mecanismo de comunicación e intercambio de los datos obrantes
tanto en los citados departamentos como en sus organismos dependientes, con el propósito

cve: BOE-A-2023-23277
Verificable en https://www.boe.es

Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio
que se regirá por las siguientes