I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Memoria histórica. (BOE-A-2023-23216)
Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 16 de noviembre de 2023
Sec. I. Pág. 152590
Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de los Derechos Profesionales y Pasivos del personal que prestó sus servicios a la
Administración Autónoma del País Vasco;
Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos
en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículos 3.2 y 11);
Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes
impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica;
Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación de quienes sufrieron
privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía;
Decreto 99/2003, de 6 de mayo, de desarrollo de la Ley 3/2002, relativa al
reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con
anterioridad a su normalización jurídica;
Decreto 22/2006, de 14 de febrero, por el que se establecen disposiciones para
compensar económicamente a las personas privadas de libertad, incluida la padecida en
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las mismas condiciones y
requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a
quienes padecieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía,
salvo las modificaciones de procedimiento previstas en la presente norma.
Pero sería con el cambio de siglo cuando se intensificaron este tipo de políticas
públicas, haciéndose eco de las iniciativas que empezaron a promover las asociaciones
memorialistas. A partir de este momento, las políticas públicas adquirieron mayor
visibilidad social al tornarse la mirada a la recuperación de restos y apertura de fosas,
que alcanza en la fecha del 10 de diciembre del año 2002 un momento especialmente
simbólico cuando el Consejo de Gobierno constituyó una comisión interdepartamental
para investigar y localizar las fosas de personas desaparecidas durante la Guerra Civil.
Ello reflejaba y consolidaba una posición de liderazgo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de recuperación de la memoria histórica con una clara
orientación, ya entonces, para que la justicia, la verdad y la reparación fueran, entre
otros, conceptos que permitieran avanzar en una cultura democrática. Su consecuencia
más importante fue la firma en 2003 de un convenio de colaboración entre el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
entidad pionera en todo el Estado en la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil
y en la investigación sobre la represión franquista. Este convenio ha facilitado una
continuidad de acciones memoriales de forma ininterrumpida que ha constituido una
referencia en el conjunto del Estado.
A partir de aquel momento, se multiplican las actuaciones promovidas por el
Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, en ocasiones en colaboración con
la sociedad civil organizada o con familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la
dictadura franquista, y en ocasiones por impulso social. De este modo, se han ido
desplegando iniciativas de recuperación de lugares simbólicos en la lucha antifranquista,
exhumaciones de restos, reordenación de archivos, investigación y divulgación de
hechos históricos, elaboración de bases de datos, recogida de testimonios y un largo
etcétera.
Otro salto cualitativo en las políticas de memoria y reparación de las víctimas lo
representó el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las
víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos
humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de
motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La institucionalización de las políticas públicas de memoria se culminó con la
aprobación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante, Gogora), institución en
la que se deposita la promoción articulada e integral de las políticas públicas vascas de
memoria, y cuyo funcionamiento queda regulado por el Decreto 204/2015, de 3 de
noviembre, de Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos
Humanos.
cve: BOE-A-2023-23216
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 274
Jueves 16 de noviembre de 2023
Sec. I. Pág. 152590
Decreto Legislativo 1/1986, de 13 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de los Derechos Profesionales y Pasivos del personal que prestó sus servicios a la
Administración Autónoma del País Vasco;
Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las Colectividades y Centros Vascos
en el exterior de la Comunidad Autónoma del País Vasco (artículos 3.2 y 11);
Ley 3/2002, de 27 de marzo, relativa al reconocimiento y compensación a quienes
impartieron docencia en ikastolas con anterioridad a su normalización jurídica;
Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación de quienes sufrieron
privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía;
Decreto 99/2003, de 6 de mayo, de desarrollo de la Ley 3/2002, relativa al
reconocimiento y compensación a quienes impartieron docencia en ikastolas con
anterioridad a su normalización jurídica;
Decreto 22/2006, de 14 de febrero, por el que se establecen disposiciones para
compensar económicamente a las personas privadas de libertad, incluida la padecida en
Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, con las mismas condiciones y
requisitos regulados en el Decreto 280/2002, de 19 de noviembre, sobre compensación a
quienes padecieron privación de libertad por supuestos objeto de la Ley de Amnistía,
salvo las modificaciones de procedimiento previstas en la presente norma.
Pero sería con el cambio de siglo cuando se intensificaron este tipo de políticas
públicas, haciéndose eco de las iniciativas que empezaron a promover las asociaciones
memorialistas. A partir de este momento, las políticas públicas adquirieron mayor
visibilidad social al tornarse la mirada a la recuperación de restos y apertura de fosas,
que alcanza en la fecha del 10 de diciembre del año 2002 un momento especialmente
simbólico cuando el Consejo de Gobierno constituyó una comisión interdepartamental
para investigar y localizar las fosas de personas desaparecidas durante la Guerra Civil.
Ello reflejaba y consolidaba una posición de liderazgo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en materia de recuperación de la memoria histórica con una clara
orientación, ya entonces, para que la justicia, la verdad y la reparación fueran, entre
otros, conceptos que permitieran avanzar en una cultura democrática. Su consecuencia
más importante fue la firma en 2003 de un convenio de colaboración entre el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aranzadi,
entidad pionera en todo el Estado en la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil
y en la investigación sobre la represión franquista. Este convenio ha facilitado una
continuidad de acciones memoriales de forma ininterrumpida que ha constituido una
referencia en el conjunto del Estado.
A partir de aquel momento, se multiplican las actuaciones promovidas por el
Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos, en ocasiones en colaboración con
la sociedad civil organizada o con familiares de las víctimas de la Guerra Civil y la
dictadura franquista, y en ocasiones por impulso social. De este modo, se han ido
desplegando iniciativas de recuperación de lugares simbólicos en la lucha antifranquista,
exhumaciones de restos, reordenación de archivos, investigación y divulgación de
hechos históricos, elaboración de bases de datos, recogida de testimonios y un largo
etcétera.
Otro salto cualitativo en las políticas de memoria y reparación de las víctimas lo
representó el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de declaración y reparación de las
víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos
humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de
motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La institucionalización de las políticas públicas de memoria se culminó con la
aprobación de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la
Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante, Gogora), institución en
la que se deposita la promoción articulada e integral de las políticas públicas vascas de
memoria, y cuyo funcionamiento queda regulado por el Decreto 204/2015, de 3 de
noviembre, de Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos
Humanos.
cve: BOE-A-2023-23216
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 274
