I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Tratados internacionales. (BOE-A-2023-21730)
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en Tromsø el 18 de junio de 2009.
13 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 253
Lunes 23 de octubre de 2023
2.
Sec. I. Pág. 139969
A los fines del presente convenio:
a.
i.
por «autoridades públicas» se entenderá:
1. el gobierno y la administración a niveles nacional, regional y local;
2. los órganos legislativos y las autoridades judiciales en la medida en que
desempeñen funciones administrativas según el derecho nacional;
3. las personas físicas o jurídicas, en la medida en que ejerzan una autoridad
administrativa.
ii Cada Parte podrá declarar, en el momento de la firma o en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante
una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que la definición
de los términos «autoridades públicas» incluye asimismo uno o varios de los siguientes
elementos:
1. los órganos legislativos en lo relativo a sus demás actividades;
2. las autoridades judiciales en lo relativo a sus demás actividades;
3. las personas físicas o jurídicas, en la medida en que desempeñen funciones
públicas o funcionen gracias a fondos públicos, según el derecho nacional.
b. Por «documentos públicos» se entenderán todas las informaciones registradas
de cualquier forma o redactadas o recibidas y en poder de las autoridades públicas.
Artículo 2. Derecho de acceso a los documentos públicos.
1. Cada Parte garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a
acceder, a solicitud propia, a documentos públicos en poder de autoridades públicas.
2. Cada Parte tomará en su legislación interna las medidas necesarias para cumplir
las disposiciones de acceso a los documentos públicos que figuran en el presente
convenio.
3. Estas medidas se tomarán antes del momento de la entrada en vigor del
presente convenio con respecto a cada Parte.
Artículo 3.
Limitaciones posibles del acceso a los documentos públicos.
a. la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores;
b. la seguridad pública;
c. la prevención, la investigación y la persecución de actividades delictivas;
d. las investigaciones disciplinarias;
e. las misiones de tutela, la inspección y el control por la administración;
f. la vida privada y los demás intereses privados legítimos;
g. los intereses comerciales y otros intereses económicos;
h. la política económica, monetaria y cambiaria del Estado;
i. la igualdad de las partes en una instancia jurisdiccional y el buen funcionamiento
de la justicia;
j. el medio ambiente; o
k. las deliberaciones entre autoridades públicas o en su seno relativas al examen
de un asunto.
Los Estados afectados podrán declarar, en el momento de la firma o en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
cve: BOE-A-2023-21730
Verificable en https://www.boe.es
1. Cada Parte podrá limitar el derecho de acceso a los documentos públicos. Las
limitaciones se establecerán específicamente en la ley, habrán de ser necesarias en una
sociedad democrática, y proporcionales al objetivo de proteger:
Núm. 253
Lunes 23 de octubre de 2023
2.
Sec. I. Pág. 139969
A los fines del presente convenio:
a.
i.
por «autoridades públicas» se entenderá:
1. el gobierno y la administración a niveles nacional, regional y local;
2. los órganos legislativos y las autoridades judiciales en la medida en que
desempeñen funciones administrativas según el derecho nacional;
3. las personas físicas o jurídicas, en la medida en que ejerzan una autoridad
administrativa.
ii Cada Parte podrá declarar, en el momento de la firma o en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, mediante
una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, que la definición
de los términos «autoridades públicas» incluye asimismo uno o varios de los siguientes
elementos:
1. los órganos legislativos en lo relativo a sus demás actividades;
2. las autoridades judiciales en lo relativo a sus demás actividades;
3. las personas físicas o jurídicas, en la medida en que desempeñen funciones
públicas o funcionen gracias a fondos públicos, según el derecho nacional.
b. Por «documentos públicos» se entenderán todas las informaciones registradas
de cualquier forma o redactadas o recibidas y en poder de las autoridades públicas.
Artículo 2. Derecho de acceso a los documentos públicos.
1. Cada Parte garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el derecho a
acceder, a solicitud propia, a documentos públicos en poder de autoridades públicas.
2. Cada Parte tomará en su legislación interna las medidas necesarias para cumplir
las disposiciones de acceso a los documentos públicos que figuran en el presente
convenio.
3. Estas medidas se tomarán antes del momento de la entrada en vigor del
presente convenio con respecto a cada Parte.
Artículo 3.
Limitaciones posibles del acceso a los documentos públicos.
a. la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores;
b. la seguridad pública;
c. la prevención, la investigación y la persecución de actividades delictivas;
d. las investigaciones disciplinarias;
e. las misiones de tutela, la inspección y el control por la administración;
f. la vida privada y los demás intereses privados legítimos;
g. los intereses comerciales y otros intereses económicos;
h. la política económica, monetaria y cambiaria del Estado;
i. la igualdad de las partes en una instancia jurisdiccional y el buen funcionamiento
de la justicia;
j. el medio ambiente; o
k. las deliberaciones entre autoridades públicas o en su seno relativas al examen
de un asunto.
Los Estados afectados podrán declarar, en el momento de la firma o en el momento
del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión,
cve: BOE-A-2023-21730
Verificable en https://www.boe.es
1. Cada Parte podrá limitar el derecho de acceso a los documentos públicos. Las
limitaciones se establecerán específicamente en la ley, habrán de ser necesarias en una
sociedad democrática, y proporcionales al objetivo de proteger:
