I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Medidas urgentes. (BOE-A-2023-21669)
Decreto-ley 4/2023, de 12 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes, se amplían las ayudas al acogimiento familiar, se incrementan las ayudas a los nuevos autónomos y se conceden ayudas directas a los productores de cerezas.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 21 de octubre de 2023
Sec. I. Pág. 139660
También es urgente adoptar medidas tendentes al mantenimiento de residentes
fiscales y a la incentivación de la llegada de nuevos residentes a la Región. Extremadura
viene sufriendo una sangrante pérdida de población. La tendencia no es nada
alentadora, estimándose que en unos años se bajará de la cifra de un millón de
habitantes. Esta tendencia deja su impronta en nuestra Comunidad Autónoma siendo
una Región cada vez más envejecida, con bajas tasas de natalidad, pérdida de mano de
obra especializada y la diáspora de los más jóvenes, que buscan su realización personal
y profesional en otras Regiones de nuestro Estado.
Por lo expuesto, es urgente aprobar una norma con rango de ley que permita la
inmediata efectividad, tanto de las medidas fiscales que atenúen la carga impositiva de
los contribuyentes, como de las relativas a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de
alquiler, las de atracción de nuevos residentes, así como las que promueven la
matriculación de vehículos en la Región.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptan dos medidas: la
minoración de los primeros tramos de la tarifa y una mejora en la deducción autonómica
por arrendamiento de la vivienda habitual.
Es urgente y necesario paliar los efectos de la inflación en los hogares para que
recuperen poder adquisitivo. Con la reducción de los dos primeros tramos de la tarifa
autonómica hasta situarlos en un 8 y un 10 %; limitando su impacto en los tramos
superiores, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023, se logra este objetivo y
también se da efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y capacidad económica
del artículo 31 de la Constitución española.
Esta medida tiene, además, impacto en materia de género, pues son las mujeres las
que obtienen rentas más bajas.
La segunda pretende facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler,
mitigando la escalada de precios de los alquileres. Para ello se mejora la deducción
actual, incrementando el porcentaje de deducción hasta el 30 % y elevando igualmente el
límite máximo de deducción hasta los 1.000 euros o 1.500 euros para los supuestos en
los que los contribuyentes residan en municipios o entidades locales menores cuya
población de derecho sea inferior a 3.000 habitantes.
Al mismo tiempo, es objeto de preocupación de este gobierno, el impacto que la
inflación está teniendo en los alquileres de vivienda.
La vivienda constituye, ante todo, el pilar central del bienestar social en el desarrollo
de la vida privada y familiar, configurándose como un derecho reconocido en nuestro
propio texto constitucional. La evolución de precios en el último año ha elevado el coste
de los alquileres en nuestra región pese a las medidas adoptadas a nivel nacional para
contener sus precios.
En este contexto, se considera urgente y necesaria la adopción de medidas que
contribuyan a reducir el sobre esfuerzo que determinados colectivos con mayores
dificultades económicas están sufriendo como consecuencia de la actualización y
revisión de rentas por viviendas en alquiler. Así, mediante este Decreto-ley, se modifica
la deducción autonómica por arrendamiento de la vivienda habitual, elevando el
porcentaje de deducción de un 5 a un 30 %, el límite máximo deducible anualmente y los
colectivos que pueden aplicársela (elevando los límites de renta e incluyendo nuevos
colectivos). Esta medida persigue un doble efecto: por un lado, devolver parte del
sobrecoste que se está sumiendo actualmente y, por otro lado, contribuir a garantizar el
acceso a una vivienda digna por aquellos colectivos beneficiados por la misma.
También urge la adopción de medidas para poner freno a la pérdida de población que
sufre Extremadura. A tal fin, el sistema tributario puede ser una herramienta útil, capaz
de incentivar el mantenimiento de la residencia efectiva de los contribuyentes y atraer
nueva población a nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, una política fiscal
atractiva es decisiva para mitigar los efectos nocivos del reto demográfico al que se
enfrenta Extremadura. Por ello, se considera necesaria la bonificación del 100 por 100
en el Impuesto sobre el Patrimonio.
cve: BOE-A-2023-21669
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 252
Sábado 21 de octubre de 2023
Sec. I. Pág. 139660
También es urgente adoptar medidas tendentes al mantenimiento de residentes
fiscales y a la incentivación de la llegada de nuevos residentes a la Región. Extremadura
viene sufriendo una sangrante pérdida de población. La tendencia no es nada
alentadora, estimándose que en unos años se bajará de la cifra de un millón de
habitantes. Esta tendencia deja su impronta en nuestra Comunidad Autónoma siendo
una Región cada vez más envejecida, con bajas tasas de natalidad, pérdida de mano de
obra especializada y la diáspora de los más jóvenes, que buscan su realización personal
y profesional en otras Regiones de nuestro Estado.
Por lo expuesto, es urgente aprobar una norma con rango de ley que permita la
inmediata efectividad, tanto de las medidas fiscales que atenúen la carga impositiva de
los contribuyentes, como de las relativas a facilitar el acceso a la vivienda en régimen de
alquiler, las de atracción de nuevos residentes, así como las que promueven la
matriculación de vehículos en la Región.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se adoptan dos medidas: la
minoración de los primeros tramos de la tarifa y una mejora en la deducción autonómica
por arrendamiento de la vivienda habitual.
Es urgente y necesario paliar los efectos de la inflación en los hogares para que
recuperen poder adquisitivo. Con la reducción de los dos primeros tramos de la tarifa
autonómica hasta situarlos en un 8 y un 10 %; limitando su impacto en los tramos
superiores, que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2023, se logra este objetivo y
también se da efectivo cumplimiento a los principios de igualdad y capacidad económica
del artículo 31 de la Constitución española.
Esta medida tiene, además, impacto en materia de género, pues son las mujeres las
que obtienen rentas más bajas.
La segunda pretende facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler,
mitigando la escalada de precios de los alquileres. Para ello se mejora la deducción
actual, incrementando el porcentaje de deducción hasta el 30 % y elevando igualmente el
límite máximo de deducción hasta los 1.000 euros o 1.500 euros para los supuestos en
los que los contribuyentes residan en municipios o entidades locales menores cuya
población de derecho sea inferior a 3.000 habitantes.
Al mismo tiempo, es objeto de preocupación de este gobierno, el impacto que la
inflación está teniendo en los alquileres de vivienda.
La vivienda constituye, ante todo, el pilar central del bienestar social en el desarrollo
de la vida privada y familiar, configurándose como un derecho reconocido en nuestro
propio texto constitucional. La evolución de precios en el último año ha elevado el coste
de los alquileres en nuestra región pese a las medidas adoptadas a nivel nacional para
contener sus precios.
En este contexto, se considera urgente y necesaria la adopción de medidas que
contribuyan a reducir el sobre esfuerzo que determinados colectivos con mayores
dificultades económicas están sufriendo como consecuencia de la actualización y
revisión de rentas por viviendas en alquiler. Así, mediante este Decreto-ley, se modifica
la deducción autonómica por arrendamiento de la vivienda habitual, elevando el
porcentaje de deducción de un 5 a un 30 %, el límite máximo deducible anualmente y los
colectivos que pueden aplicársela (elevando los límites de renta e incluyendo nuevos
colectivos). Esta medida persigue un doble efecto: por un lado, devolver parte del
sobrecoste que se está sumiendo actualmente y, por otro lado, contribuir a garantizar el
acceso a una vivienda digna por aquellos colectivos beneficiados por la misma.
También urge la adopción de medidas para poner freno a la pérdida de población que
sufre Extremadura. A tal fin, el sistema tributario puede ser una herramienta útil, capaz
de incentivar el mantenimiento de la residencia efectiva de los contribuyentes y atraer
nueva población a nuestra Comunidad Autónoma. En este sentido, una política fiscal
atractiva es decisiva para mitigar los efectos nocivos del reto demográfico al que se
enfrenta Extremadura. Por ello, se considera necesaria la bonificación del 100 por 100
en el Impuesto sobre el Patrimonio.
cve: BOE-A-2023-21669
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 252
