BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de octubre de 2023

Sec. TC. Pág. 137125

de una terminología ambigua y confusa en la determinación de los sujetos y situaciones
en las que se puede solicitar la eutanasia, lo que resulta especialmente grave por
comprometer valores constitucionales esenciales tales como la vida (art. 15 CE) y la
dignidad de la persona (art. 10 CE); y (ii) la no configuración o previsión de un control ex
post de los efectos de la norma.
La Abogacía del Estado defiende la correcta delimitación por la LORE del «contexto
eutanásico» como presupuesto necesario para justificar la solicitud de ayuda para morir,
así como el extenso elenco de garantías que han de observarse para asegurar que la
prestación responda a un previo consentimiento libre, consciente e informado. Por otra
parte, cuestiona que se pueda dudar de la constitucionalidad de la LORE sobre la base
de una exigencia de técnica legislativa como es la ausencia de un control ex post.
b) El alegado uso de terminología ambigua y confusa en la determinación de los
sujetos y situaciones en las que se puede solicitar la eutanasia.
(i) La demanda cuestiona el modo en que la LORE define el «contexto eutanásico»
[art. 5.1 d) en conexión con el art. 3 b) y c)] que, no olvidemos, constituye el presupuesto
fáctico necesario para justificar la solicitud de ayuda para morir. Contexto eutanásico que
se define por referencia a dos situaciones como son sufrir «una enfermedad grave e
incurable» o «un padecimiento grave, crónico e imposibilitante». Procede en este punto
enjuiciar si esa delimitación es lo suficientemente precisa para que la garantía que
supone su existencia se entienda eficaz o si, por el contrario, introduce un excesivo
ámbito de incertidumbre en las condiciones fácticas del reconocimiento de la prestación,
con el consiguiente incremento del riesgo para la vida y para la autodeterminación de la
persona.
Los específicos reproches que los recurrentes formulan a la regulación legal de la
situación de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» [art. 3 b) LORE], en el
sentido de que crearía una zona gris que daría cabida a la práctica totalidad de las
solicitudes, especialmente en el caso de personas de edad avanzada –pues el precepto
habla de limitaciones que inciden «sobre la capacidad de expresión y relación»–, han de
entenderse rechazados por las razones esgrimidas en el fundamento jurídico 6 D) c) (ii)
de la STC 19/2023.
La demanda plantea reproches de similar naturaleza a la situación de «enfermedad
grave e incurable» [art. 3 c) LORE]. Sostienen los recurrentes que es necesario definir el
concepto de «gravedad» referida a una enfermedad, e insisten en la ambigüedad de lo
que se deba entender por «sufrimiento psíquico», situación que se agrava, en este último
caso, por la ausencia en todo el proceso del dictamen de un psiquiatra o psicólogo –
cuestión sobre la que ya nos hemos pronunciado en el fundamento 3 C) b) (ii) de esta
sentencia–. El Tribunal no puede compartir tampoco esta alegación de los recurrentes.
La referencia del art. 3 c) LORE a una situación de «enfermedad grave e incurable» es
compatible con la seguridad jurídica, pues «aunque contiene un margen de apreciación,
es susceptible de ser definida de forma acorde “con el sentido idiomático general”
(STC 53/1985, FJ 10), lo que elimina el riesgo de una absoluta indeterminación en
cuanto a su interpretación o a que se generen en los destinatarios dudas insuperables
acerca de la conducta exigible» [STC 19/2023, FJ 6 D) c) (ii)]. Como dijimos en la
STC 44/2023, de 9 de mayo, FJ 7 A) b), al enjuiciar los supuesto de «aborto
embriopático», la exigencia de que la enfermedad sea «grave» expresa, de un lado, su
importancia y profundidad y, de otro, su permanencia en el tiempo; y el que sea
«incurable» expresa su irreversibilidad. Además, la definición de la Ley exige la
concurrencia de diversas circunstancias susceptibles de apreciación médica: por una
parte, que se originen «sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin
posibilidad de alivio» y, por otra parte, «un pronóstico de vida limitado». Al legislador «no
le es exigible mayor precisión, pues existen instrumentos interpretativos suficientes para
evitar la generación de inseguridad jurídica en la aplicación de la norma», teniendo en
cuenta que la propia LORE ha previsto que la concurrencia de la situación contemplada
en su art. 3 c) «deba ser constatada, en todo caso, por al menos dos facultativos

cve: BOE-A-2023-21156
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Núm. 244