BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 177

Miércoles 26 de julio de 2023

Sec. III. Pág. 109179

Tercero.
Con arreglo al artículo 50.1 y 2 de la LMD se relacionan las siguientes circunstancias
del indicado bien relevantes a efectos de este procedimiento:
Identificación del bien: C. Real, 77, 11100 San Fernando, Cádiz.
Delimitación cartográfica con sus coordenadas geográficas: Parcela 01,
manzana 14956, San Fernando, Cádiz.
Titularidad: Obispado de Cádiz y Ceuta.
Otras circunstancias relevantes: Bien de Interés Cultural de la Junta de Andalucía
con categoría de Monumento (A.R.I. - 51 - 0012155 – 00000).
Lugares donde se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, contrarios a los
derechos humanos o donde se hayan realizado trabajos forzados: los hechos
mencionados no se han producido en este bien.
Vestigios erigidos en recuerdo de las víctimas: no existen vestigios cuya remoción o
retirada se deba evitar.
Cuarto.

Medidas de protección: atendidas las circunstancias del bien, no se proponen
medidas de protección específicas diferentes de las medidas generales de garantía de
perdurabilidad de aquel.
Medidas de difusión e interpretación de lo acaecido en el lugar: De acuerdo con la
normativa urbanística, de patrimonio histórico y sectorial aplicable, la Administración
General del Estado podrá promover la instalación de placas, paneles o distintivo
memorial interpretativo, así como su geolocalización con fotografías y audiovisuales, sin

cve: BOE-A-2023-17251
Verificable en https://www.boe.es

Como establece el artículo 52.1 de la LMD, la declaración de un lugar de memoria
supone la obligación para su titular de garantizar su perdurabilidad, identificación,
explicación y señalización adecuada. Implica también la adecuada difusión, señalización
e interpretación de lo acaecido en el mismo, como dispone el artículo 53 de la LMD.
Además, cuando su titularidad corresponda a administraciones públicas, éstas
evitarán la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento
de hechos representativos de la memoria democrática y la lucha de la ciudadanía
española por sus derechos y libertades en cualquier época. En el caso de que sus
titulares sean particulares, esta finalidad se procurará obtener mediante la suscripción de
acuerdos.
En el supuesto de que en dicho espacio se hubieran podido cometer crímenes de
lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos, o bien hubieran sido lugares
donde se realizaron trabajos forzosos, se señalizará un punto de reconocimiento de las
víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los
hechos.
Finalmente, los lugares de memoria pueden integrarse en itinerarios, físicos y
virtuales, de memoria y democrática con el objeto de que puedan ser debidamente
conocidos y visitados.
Forma parte de la incoación de la declaración de un lugar de memoria el especificar
las concretas medidas de protección, conservación, y señalización que se proponen
respecto del bien objeto del procedimiento; con la finalidad de que puedan ser objeto de
los trámites de audiencia e información pública previstos en el artículo 50.2 de la LMD, y,
a efectos, de su concreción al resolverse el procedimiento por la persona titular de la
Secretaría de Estado de Memoria Democrática, como contempla el artículo 50.4
de la LMD.
En concreto, se proponen las siguientes medidas, que requerirán el previo acuerdo
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática con
el titular del bien, en este caso, con la Diócesis de Cádiz-Ceuta, tal y como prevé el
artículo 52.1 de la LMD: