BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 20 de julio de 2023

Sec. III. Pág. 105007

Plataforma de Contratación del Sector Público por la AGE y sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes en dicha anualidad, según
análisis realizado por el Observatorio de licitaciones BIM que mantiene la Comisión
Interministerial BIM.
No obstante, el uso de BIM en la contratación pública tiene todavía mucho potencial
por desarrollar. Así, el análisis realizado por la Comisión Interministerial BIM a partir de
las licitaciones de 2022 publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público
prevé una implantación potencial de BIM significativamente mayor, que calcula entre
el 20 % y el 25 % del valor estimado de la licitación de AGE y sus organismos públicos y
entidades de derecho público vinculados o dependientes es susceptible de emplear BIM.
Se estima además que el uso de BIM contribuye a la sostenibilidad en el sector de la
construcción, a través de la reducción estimada de hasta un 15 % del volumen de
residuos y a la reducción de hasta un 57 % de los costes de gestión de residuos.
En particular, la contratación pública que solicita el uso de BIM puede impulsar la
innovación en el sector de la construcción. La Comisión europea en su Comunicación
«Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa» [COM (2017)
572], alude al potencial transformador del uso de la metodología BIM para el sector de la
construcción: «un enfoque específico (de la contratación pública estratégica) se hace
necesario en sectores prioritarios, tales como la Construcción […] Existen ya iniciativas e
instrumentos tales como […] el modelado de información para la edificación […]».
Asimismo, el EUBIM Task Group, en el «Manual para la introducción de la
metodología BIM por parte del sector público europeo» adoptado en 2018 afirma que:
«Los gobiernos, como los mayores contratistas de construcción con un gasto público de,
aproximadamente un 30 % de la producción constructora total, pueden influir en la
innovación y alentarla. Este es uno de los objetivos recogidos en la Directiva de la Unión
Europea sobre contratación pública (2014).»
A nivel normativo, la Directiva 2014/24/UE, insta a los Estados miembros a modernizar y
mejorar los procesos de contratación pública mediante el uso de tecnología en los
procedimientos de licitación. En particular, la Directiva establece en su artículo 22.4 la
posibilidad de que los Estados miembros exijan el uso de herramientas de diseño
electrónico de edificios o herramientas similares, es decir, soliciten el uso de BIM.
Su transposición a la legislación española se realizó a través de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público, (LCSP), de 8 de noviembre de 2017. En concreto, en el
apartado 6 de su disposición adicional 15.ª, titulada «Normas relativas a los medios de
comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley», indica que los
órganos de contratación podrán exigir del uso de herramientas electrónicas específicas,
tales como herramientas de modelado digital de la información de la construcción (BIM)
o herramientas similares.
El actual marco normativo ha permitido que casi todos los Departamentos
Ministeriales de la AGE y organismos del sector público institucional estatal hayan
empezado a licitar contratos solicitando el uso de BIM, como señalan los datos del
Observatorio de licitaciones públicas de la Comisión Interministerial BIM, y que incluso
algunos organismos dispongan ya de un nivel de madurez BIM avanzado.
Para facilitar y coordinar esta implantación de BIM, los países de nuestro entorno han
adoptado instrucciones dirigidas a los órganos de contratación pública, ordenando el uso
de requisitos BIM en ciertos tipos de contratos públicos.
El Real Decreto 1515/2018, de 28 de diciembre, por el que se crea la Comisión
Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública,
encarga a dicha Comisión elaborar un Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la
contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
y entidades de derecho público vinculados o dependientes, estableciendo umbrales
mínimos para la obligatoriedad de su aplicación, y actuaciones para su incorporación
gradual y progresiva, que debe aprobarse por Consejo de Ministros.
Dicho Plan, conforme a lo previsto en el Real decreto 1515/2018, está alineado con
la Estrategia Nacional de contratación pública, aprobada el pasado 28 de diciembre

cve: BOE-A-2023-16784
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Núm. 172