BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 12 de julio de 2023

Sec. III. Pág. 101304

Asimismo, esta oferta prevé, en los términos establecidos por la Ley 31/2022, de 23
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado de 2023, plazas que derivan de la
determinación de nuevos servicios que servirán para impulsar y fortalecer el sector
público. Cabe destacar en este sentido los siguientes ámbitos cuyas plazas tienen reflejo
en la disposición adicional cuarta de este real decreto:
Para el ámbito de los sistemas y tecnologías de la información se requiere dotar de
recursos humanos para el cumplimiento e implementación de los objetivos estratégicos
«digitalización de la Administración y procesos», «modernización de las
Administraciones Públicas» y «refuerzo de las capacidades administrativas», del
Componente 11 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En el caso de las entidades gestoras de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social) el proyecto iniciado el año
anterior continúa en su proyección plurianual, con el fin de garantizar la implementación
de las modificaciones normativas operadas y facilitar la atención y asistencia a la
ciudadanía, en materias propias de la Seguridad Social, tal y como la prestación del
Ingreso Mínimo Vital, previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, así como la
potenciación del control del fraude en materia de cotizaciones, empresas ficticias y
prestaciones.
En el caso de los organismos reguladores: Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Museo
Nacional del Prado y el Sistema Portuario estatal las nuevas competencias o funciones
exigen dotar de un refuerzo orientado a afrontar los nuevos servicios encomendados.
Adicionalmente, en la elaboración de esta oferta de empleo público se ha tenido en
cuenta en relación con la cuantificación de plazas, la previsión contenida en el
artículo 20.Dos.4 de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 2023, que permite a cada Administración autorizar una tasa específica para
dar cumplimiento al objetivo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público para que la
temporalidad no supere el 8 %.
En este marco, se incluyen entre otras las plazas correspondientes al programa de
gestión del Ingreso Mínimo Vital, que ha devenido estructural con el trascurso del tiempo
desde su implementación, o las correspondientes a la escala de funcionarios con
habilitación de carácter nacional como refuerzo y reducción de temporalidad en el
ejercicio de esa actividad.
Otra de las novedades de la oferta de empleo público 2023 lo constituye la apuesta
de forma decidida por la promoción interna, siguiendo el espíritu del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado de 3 de noviembre
de 2022, sobre los criterios generales que deben regir la selección de personal a través
de los procesos de promoción interna. Esta modalidad de acceso se concibe como un
derecho individual del empleado o empleada pública que redunda en beneficio de la
propia organización y, por tanto, en una prestación más eficiente de los servicios
públicos.
Además, la oferta de empleo público para 2023 recoge el testigo de la oferta del año
anterior, en relación con las previsiones para avanzar en la profesionalización de los
órganos de selección, para favorecer una mayor agilidad y celeridad en las
convocatorias y ejecución de los procesos selectivos, para promover la igualdad en el
acceso al empleo público y, en definitiva, para consolidar un modelo de planificación de
recursos humanos, con un enfoque de gestión de personas a largo plazo, sistemático y
estratégico.
Por otra parte, la oferta de empleo público se encuentra ligada a la ley de
presupuestos generales del Estado de cada año y ha de estar alineada con ella en la
consecución de los grandes retos de país. La política de recursos humanos de la
Administración General del Estado persigue un objetivo: garantizar la prestación de unos
servicios públicos en condiciones de excelencia y capaces de garantizar derechos y
prestaciones de tercera generación.

cve: BOE-A-2023-16191
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Núm. 165