BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 10 de julio de 2023

Sec. III. Pág. 100027

declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento,
contratos y negocios jurídicos de cualquier clase, así como la prohibición de acceso a
cualquier registro público, incluidos los de carácter administrativo, salvo que se rehabilite
el número de identificación fiscal”.
Sin embargo, dicha Disposición ha sido indebidamente aplicada al caso en concreto,
por cuanto:
A) Se trata de una escritura pública otorgada antes de que la entidad vendedora
perdiera su número de identificación fiscal.
B) La escritura pública es, además, anterior a la reforma introducida por la
mencionada Disposición Adicional Sexta.
C) Pero, sobre todo, la mencionada Disposición Adicional lo que prohíbe a las
entidades que hubieran perdido su NIF es precisamente el acceso al registro, lo que no
sucede en el presente caso, en el que, muy al contrario, lo que se pretende es el acceso
del comprador como titular y la consiguiente desaparición del registro de la entidad
extinguido.
Y es que el acuerdo recurrido es precisamente contrario al espíritu que inspiró la
norma aplicada, al perpetuar en el Registro a una entidad extinguida, situada ya fuera del
ámbito jurídico y que no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Y decimos
“perpetuar” porque el dudoso criterio mantenido supone excluir en lo sucesivo del tráfico
jurídico el inmueble adquirido por mi mandante, privándole de la inscripción de su
propiedad y, por tanto, de cualquier transmisión. Y ello en aplicación de una norma que,
precisamente, persigue lo contrario: excluir del Registro a aquellas entidades que hayan
perdido su número de identificación fiscal (no perpetuarlas en el mismo), impidiendo “su
acceso”, pero no su exclusión ni el acceso de terceros.
Como también se da la circunstancia de que el otorgamiento de la escritura es
anterior, tanto a la pérdida de dicha identificación como a la reforma introducida en la
Ley, esta parte considera que el acuerdo debe ser revocado y permitir el acceso al
registro de mi mandante (que no de la empresa extinguida).
Lo contrario supondría un enorme perjuicio antijurídico para mi representado, quien
adquirió válidamente el inmueble y se vería privado de su propiedad por los avatares que
sufriera posteriormente la transmisora y a los que es totalmente ajeno, amén de
perpetuarse hasta el fin de los tiempos la entidad extinguida en el registro público,
excluyéndose sin motivo ni razón dicho bien inmueble del tráfico jurídico sin que pueda
jamás volver a ser transmitido».
IV
Mediante escrito, de fecha 9 de mayo de 2023, la registradora de la Propiedad emitió
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo. Notificada la interposición del
recurso al notario autorizante del título calificado, no se ha producido alegación alguna.
Fundamentos de Derecho
Vistos los artículos 24 de la Constitución; 1, 20 y 40 de la Ley Hipotecaria; 131.2 del
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; 119.2 y la disposición final duodécima de la
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; la disposición
adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria; los artículos 23
y 147 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos; la
Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2000; las
Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de febrero
de 1979, 26 de mayo y 4 de junio de 1998, 23 de diciembre de 1999, 21 de marzo
de 2000, 11 de abril de 2001, 14 de enero, 21 de marzo y 27 de abril de 2002, 17 de

cve: BOE-A-2023-16004
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Núm. 163