BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de julio de 2023

Sec. I. Pág. 92784

tradicionales en convivencia con sistemas mixtos o híbridos de gestión administrativa, a
base de documentos en papel y documentos electrónicos, junto a sistemas plenamente
digitales. Así pues, la visión tradicional de la función archivística como servicio final debe
dar paso a otra que la conciba como una actividad de gestión anticipada que comienza
por la propia definición del documento electrónico para abarcar también la organización y
la conservación de soportes y medios de registro poco estables en el tiempo. En este
sentido, la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público supone una mayor obligación para el
conjunto de las Administraciones Públicas españolas al establecer como procedimiento
base de referencia el electrónico, así como la obligatoriedad para cada Administración
Pública de mantener un archivo electrónico único.
Todo ello enlaza con la compleja naturaleza y dimensión de los archivos, que, al
contrario que otras instituciones estrictamente culturales, no están sólo al servicio de la
promoción y difusión de la cultura. De un lado, tal y como viene defendiendo la mejor
doctrina archivística, los archivos están llamados a constituir elementos clave de la
gestión administrativa, como instrumentos cuya correcta regulación resulta esencial para
la gestión de la información administrativa. De otro lado, en una sociedad democrática
avanzada, el acceso a la información y a los documentos es un auténtico derecho de los
ciudadanos en cuya satisfacción los archivos están llamados a jugar un papel
fundamental y al que no es ajena la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por parte del Estado, y,
más recientemente, la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación
de la Comunidad de Madrid.
Se trata, en consecuencia: de dar respuesta a las actuales necesidades archivísticas
derivadas de la propia evolución de la actividad de las organizaciones públicas producida
de forma paulatina y desarrollada en diversas fases; y de armonizar y normalizar las
tareas en los diferentes niveles de dichas organizaciones.
Asimismo, no se puede olvidar que el incremento exponencial en la producción de
documentos por parte de las Administraciones Públicas supone un reto que se debe
afrontar para conservar aquella parte de los documentos producidos por los organismos
públicos susceptible de conservación permanente por haber alcanzado unos valores que
así lo acrediten. De esta manera, por una parte, en la fase de tramitación o de continua
utilización y consulta administrativa de los documentos durante su ciclo de vida, la
adecuada gestión de los mismos resulta clave para la organización interna y para la
actividad externa de la Administración, al servicio de los derechos de los ciudadanos. Por
otra, una vez finalizada esta fase de tramitación o de continua utilización y consulta
administrativas, la dimensión cultural adquiere progresiva preponderancia.
Otro factor que debe destacarse es la progresiva implantación de una política activa
y comprometida en materia de patrimonio histórico, cuya plasmación más reciente son
los avances que, en materia de protección del patrimonio histórico y cultural, se han
producido en las normativas sectoriales desarrolladas tanto por el Estado como por las
Comunidades Autónomas.
III
Superado el entorno en el que surgió la Ley 4/1993, de 21 de abril, y culminadas ya
dos décadas del siglo XXI, se hace necesaria la redacción de un nuevo texto legal que
dé respuesta a las necesidades actuales, imponiéndose una revisión a fondo de los
planteamientos que inspiraron aquélla. Los ejes fundamentales sobre los que gira tanto
el articulado de la ley, como sus líneas inspiradoras, son: la nueva concepción del
Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid como sistema archivístico público
conformado por archivos y Subsistemas de Archivos homogéneos; la articulación de los
archivos privados dentro del Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid a través
de su pertenencia voluntaria, pero incentivada, a la Red de Archivos de Uso Público de

cve: BOE-A-2023-15468
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Núm. 158