I. Disposiciones generales. COMUNIDAD DE MADRID. Archivos. (BOE-A-2023-15468)
Ley 6/2023, de 30 de marzo, de Archivos y Documentos de la Comunidad de Madrid.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 4 de julio de 2023
Sec. I. Pág. 92783
del Archivo Histórico Provincial de Madrid, en el cual se integraría el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid, de titularidad estatal y gestión transferida a nuestra Región, que
constituye, sin duda, una de las joyas de nuestro patrimonio documental, pues en él se
conservan las escrituras centenarias producidas por escribanos públicos y notarios en
Madrid y en legaciones o embajadas españolas en el exterior desde el siglo XVI. Se
trata, pues, de una deuda histórica con Madrid, ya que es prácticamente la única
Comunidad Autónoma uniprovincial que carece de archivo histórico provincial. En el
resto de las provincias, la Administración General del Estado ha ido creando archivos
históricos provinciales desde 1931 y les ha dotado de edificios, equipamientos y medios
materiales y humanos adecuados para su función.
Desde la entrada en vigor de la Ley 4/1993, de 21 de abril, la articulación del Sistema
de Archivos de la Comunidad de Madrid ha permitido que se hayan podido llevar a la
práctica políticas archivísticas concretas en el ámbito madrileño, como han sido: la
puesta en marcha del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, regulado por el
Decreto 217/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno; o la continuación de las
líneas de ayuda a los archivos de las Entidades Locales madrileñas ya iniciadas
anteriormente, así como el establecimiento de otras nuevas destinadas a archivos de
entidades privadas sin ánimo de lucro.
II
Como ya se ha indicado, el Estatuto de Autonomía atribuye en su artículo 26.1
competencias exclusivas a la Comunidad de Madrid en materia de archivos de su
titularidad y de promoción y difusión de su patrimonio histórico, así como competencias
ejecutivas sobre archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Y
ello dentro de un contexto legal general que ha supuesto la publicación de disposiciones
que, sin ser específicamente archivísticas, tienen una extraordinaria influencia en este
ámbito, como pueden ser: la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público, incluida su modificación por la Ley 18/2015, de 9 de julio; la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por
todo ello, se hace necesaria la adecuación de la norma vigente al nuevo marco jurídico
autonómico, estatal y europeo.
Del mismo modo, la Administración de la Comunidad de Madrid ha conocido una
fuerte evolución, asistiendo a un importante incremento de sus funciones, de sus
organismos y de sus infraestructuras, que ha supuesto la aparición de nuevos
procedimientos y nuevas formas de tramitación administrativa. Igualmente, se han
desarrollado y democratizado los servicios públicos, articulando otras formas de relación
más transparentes y participativas entre el sector público y la sociedad: una sociedad
que manifiesta de manera creciente y decidida nuevas demandas de información.
En este proceso evolutivo, no cabe olvidar la auténtica revolución producida en el
ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha alterado
profunda y definitivamente la gestión del conocimiento, con un claro reflejo en el mundo
de la Administración y, consecuentemente, de los archivos. En este contexto, la
Comunidad de Madrid está inmersa en un necesario proceso de adaptación a las
principales tendencias en el ámbito de la Sociedad de la Información y del Conocimiento
que se plasma en su decidido compromiso con la innovación científica y técnica. Ello
está posibilitando una mejora en la calidad de los servicios, en la atención a los
ciudadanos y en el acceso a la información a través de la promoción e implantación de
los procedimientos telemáticos que configuran la Administración electrónica madrileña.
Ante la implantación de la Administración electrónica y la paulatina desaparición del
soporte papel, la gestión de los archivos adquiere una dimensión estratégica para la
actuación administrativa y se convierte en un factor crítico para la propia pervivencia de
sus documentos. Este desarrollo ha incorporado nuevos paradigmas: sistemas
cve: BOE-A-2023-15468
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 158
Martes 4 de julio de 2023
Sec. I. Pág. 92783
del Archivo Histórico Provincial de Madrid, en el cual se integraría el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid, de titularidad estatal y gestión transferida a nuestra Región, que
constituye, sin duda, una de las joyas de nuestro patrimonio documental, pues en él se
conservan las escrituras centenarias producidas por escribanos públicos y notarios en
Madrid y en legaciones o embajadas españolas en el exterior desde el siglo XVI. Se
trata, pues, de una deuda histórica con Madrid, ya que es prácticamente la única
Comunidad Autónoma uniprovincial que carece de archivo histórico provincial. En el
resto de las provincias, la Administración General del Estado ha ido creando archivos
históricos provinciales desde 1931 y les ha dotado de edificios, equipamientos y medios
materiales y humanos adecuados para su función.
Desde la entrada en vigor de la Ley 4/1993, de 21 de abril, la articulación del Sistema
de Archivos de la Comunidad de Madrid ha permitido que se hayan podido llevar a la
práctica políticas archivísticas concretas en el ámbito madrileño, como han sido: la
puesta en marcha del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, regulado por el
Decreto 217/2003, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno; o la continuación de las
líneas de ayuda a los archivos de las Entidades Locales madrileñas ya iniciadas
anteriormente, así como el establecimiento de otras nuevas destinadas a archivos de
entidades privadas sin ánimo de lucro.
II
Como ya se ha indicado, el Estatuto de Autonomía atribuye en su artículo 26.1
competencias exclusivas a la Comunidad de Madrid en materia de archivos de su
titularidad y de promoción y difusión de su patrimonio histórico, así como competencias
ejecutivas sobre archivos de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Y
ello dentro de un contexto legal general que ha supuesto la publicación de disposiciones
que, sin ser específicamente archivísticas, tienen una extraordinaria influencia en este
ámbito, como pueden ser: la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del
sector público, incluida su modificación por la Ley 18/2015, de 9 de julio; la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por
todo ello, se hace necesaria la adecuación de la norma vigente al nuevo marco jurídico
autonómico, estatal y europeo.
Del mismo modo, la Administración de la Comunidad de Madrid ha conocido una
fuerte evolución, asistiendo a un importante incremento de sus funciones, de sus
organismos y de sus infraestructuras, que ha supuesto la aparición de nuevos
procedimientos y nuevas formas de tramitación administrativa. Igualmente, se han
desarrollado y democratizado los servicios públicos, articulando otras formas de relación
más transparentes y participativas entre el sector público y la sociedad: una sociedad
que manifiesta de manera creciente y decidida nuevas demandas de información.
En este proceso evolutivo, no cabe olvidar la auténtica revolución producida en el
ámbito de las tecnologías de la información y de la comunicación, que ha alterado
profunda y definitivamente la gestión del conocimiento, con un claro reflejo en el mundo
de la Administración y, consecuentemente, de los archivos. En este contexto, la
Comunidad de Madrid está inmersa en un necesario proceso de adaptación a las
principales tendencias en el ámbito de la Sociedad de la Información y del Conocimiento
que se plasma en su decidido compromiso con la innovación científica y técnica. Ello
está posibilitando una mejora en la calidad de los servicios, en la atención a los
ciudadanos y en el acceso a la información a través de la promoción e implantación de
los procedimientos telemáticos que configuran la Administración electrónica madrileña.
Ante la implantación de la Administración electrónica y la paulatina desaparición del
soporte papel, la gestión de los archivos adquiere una dimensión estratégica para la
actuación administrativa y se convierte en un factor crítico para la propia pervivencia de
sus documentos. Este desarrollo ha incorporado nuevos paradigmas: sistemas
cve: BOE-A-2023-15468
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 158
