I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Medidas urgentes. (BOE-A-2023-15135)
Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 29 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 90567
Por otro lado, la Comisión recuerda que no retira su recurso cuando el Estado
miembro subsana la infracción durante el procedimiento judicial, «sino que mantiene su
pretensión de imponer una suma a tanto alzado que abarque el tiempo durante el cual se
mantuvo la infracción hasta el momento en que se subsanó». La consecuencia lógica del
enfoque de la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro
subsane la infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un
procedimiento de infracción, la Comisión no desiste de su recurso solo por ese motivo.
En cuanto a la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, y
además del análisis de la concurrencia de los requisitos ordinarios que se efectuará con
posterioridad, debe recordarse que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 1/2012,
de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y
urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española cuando concurran «el
patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de
incumplimiento contra el Reino de España».
Asimismo, cabe señalar que el Consejo de Estado, en su informe sobre la inserción
del Derecho europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, considera
que, si bien no debe convertirse en mecanismo ordinario para la incorporación de las
directivas, sí está justificado en atención, por ejemplo, «al plazo fijado por la norma
comunitaria, a la necesidad de dar urgente respuesta a unas determinadas
circunstancias o a la existencia de una declaración de incumplimiento por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas».
Precisamente la declaración por Sentencia de 19 de enero de 2023 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de que la normativa española, que requiere la adjudicación
de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del
permiso de conducción, mediante una concesión de servicio público, es contraria a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, justifica también la modificación
que se introduce en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre.
Igualmente, el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el
asunto C-50/21, «Prestige and Limousine», de 8 de junio de 2023, ha perfilado los límites
que condicionan la intervención de las Administraciones involucradas en la ordenación
del mercado de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor para
conseguir los objetivos de política pública perseguidos; exigiendo una adaptación
inmediata de la normativa nacional, para garantizar la seguridad jurídica en el sector.
II
Por otro lado, desde la primavera de 2022 y hasta la fecha, se han aprobado un total
de seis paquetes, con la finalidad inicial de afrontar las consecuencias en España de la
guerra en Ucrania, con medidas tanto normativas como no normativas, que se han ido
adaptando a la evolución de la situación económica y social.
Así, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que tenía como objetivos básicos la
contención de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo
a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la
estabilidad de precios. Entre las medidas adoptadas, cabe señalar la bajada de los
impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un
escudo social para apoyar especialmente a los colectivos más vulnerables, además de
importantes ayudas a los sectores productivos más afectados por el alza de los precios
de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, y las industrias
electro y gas intensivas. Además, se adoptó un importante incremento de las
cve: BOE-A-2023-15135
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 154
Jueves 29 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 90567
Por otro lado, la Comisión recuerda que no retira su recurso cuando el Estado
miembro subsana la infracción durante el procedimiento judicial, «sino que mantiene su
pretensión de imponer una suma a tanto alzado que abarque el tiempo durante el cual se
mantuvo la infracción hasta el momento en que se subsanó». La consecuencia lógica del
enfoque de la suma a tanto alzado es que, en los casos en los que un Estado miembro
subsane la infracción mediante la transposición de la directiva en el curso de un
procedimiento de infracción, la Comisión no desiste de su recurso solo por ese motivo.
En cuanto a la utilización del real decreto-ley como instrumento de transposición, y
además del análisis de la concurrencia de los requisitos ordinarios que se efectuará con
posterioridad, debe recordarse que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 1/2012,
de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y
urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución Española cuando concurran «el
patente retraso en la transposición» y la existencia de «procedimientos de
incumplimiento contra el Reino de España».
Asimismo, cabe señalar que el Consejo de Estado, en su informe sobre la inserción
del Derecho europeo en el ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008, considera
que, si bien no debe convertirse en mecanismo ordinario para la incorporación de las
directivas, sí está justificado en atención, por ejemplo, «al plazo fijado por la norma
comunitaria, a la necesidad de dar urgente respuesta a unas determinadas
circunstancias o a la existencia de una declaración de incumplimiento por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas».
Precisamente la declaración por Sentencia de 19 de enero de 2023 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de que la normativa española, que requiere la adjudicación
de los cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de puntos del
permiso de conducción, mediante una concesión de servicio público, es contraria a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, justifica también la modificación
que se introduce en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre.
Igualmente, el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el
asunto C-50/21, «Prestige and Limousine», de 8 de junio de 2023, ha perfilado los límites
que condicionan la intervención de las Administraciones involucradas en la ordenación
del mercado de servicios de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor para
conseguir los objetivos de política pública perseguidos; exigiendo una adaptación
inmediata de la normativa nacional, para garantizar la seguridad jurídica en el sector.
II
Por otro lado, desde la primavera de 2022 y hasta la fecha, se han aprobado un total
de seis paquetes, con la finalidad inicial de afrontar las consecuencias en España de la
guerra en Ucrania, con medidas tanto normativas como no normativas, que se han ido
adaptando a la evolución de la situación económica y social.
Así, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, que tenía como objetivos básicos la
contención de los precios de la energía para todos los ciudadanos y empresas, el apoyo
a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables y el refuerzo de la
estabilidad de precios. Entre las medidas adoptadas, cabe señalar la bajada de los
impuestos en el ámbito eléctrico, una bonificación al precio de los carburantes, y un
escudo social para apoyar especialmente a los colectivos más vulnerables, además de
importantes ayudas a los sectores productivos más afectados por el alza de los precios
de le energía, como el transporte, la agricultura y ganadería, la pesca, y las industrias
electro y gas intensivas. Además, se adoptó un importante incremento de las
cve: BOE-A-2023-15135
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