BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 148

Jueves 22 de junio de 2023

Sec. III. Pág. 88265

autorización militar, tramitada en la forma que reglamentariamente se determine: a) La
adquisición, cualquiera que sea su título, por parte de personas físicas o jurídicas
extranjeras, de propiedad sobre fincas rústicas o urbanas, con o sin edificaciones, o de
obras o construcciones de cualquier clase (…)”, y añade el artículo 20 de la misma: “A
los efectos establecidos en los artículos anteriores, los Notarios y Registradores de la
Propiedad deberán exigir de los interesados el acreditamiento de la oportuna
autorización militar, con carácter previo al otorgamiento o inscripción, respectivamente,
de los instrumentos públicos relativos a los actos o contratos de transmisión del
dominio o constitución de derechos reales a que dichos preceptos se refieren”, si bien
según su disposición adicional, introducida por el artículo 106 de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, “1. Las limitaciones que para la adquisición de la propiedad y demás
derechos reales sobre bienes inmuebles, así como para la realización de obras y
edificaciones de cualquier clase, son de aplicación en los territorios declarados, o que
se declaren, zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, en
virtud de las previsiones contenidas en las disposiciones que integran el capítulo III, no
regirán respecto de las personas físicas que ostenten la nacionalidad de un Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea (…)”. En el mismo sentido, los
artículos 37 y 40 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de
febrero.
Considerando que el artículo 41.3 del citado Reglamento dispone: “La falta de
inscripción de los títulos indicados que se otorguen a partir de la entrada en vigor de este
Reglamento, dentro de los dieciocho meses siguientes a sus respectivas fechas,
determinará la nulidad de pleno derecho de los mencionados actos y concesiones, de lo
cual deberán hacer advertencia expresa los Notarios autorizantes en las
correspondientes escrituras.”
Teniendo en cuenta el Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido
firmado el 17 de octubre de 2019 que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, si bien con
un periodo transitorio pactado hasta el 31 de diciembre de 2020 y que en dicho periodo
transitorio se llegó al Acuerdo que rige la relación entre ambas partes desde el 1 de
enero de 2021, el llamado Acuerdo de Comercio y Cooperación sin que en el mismo
conste ninguna disposición específica sobre cooperación civil por lo que, en principio, el
Reino Unido deber ser considerado como un tercer Estado.
Considerando que la citada disposición adicional de la Ley 8/1975 claramente
condiciona la exención de la autorización prevista en el artículo 18 al hecho de que la
persona física ostente la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, circunstancia que
ya no concurre en los ciudadanos británicos.
Considerando que la Orden de Servicio comunicada digenin 1/21. Instrucciones para
la racionalización de la autorización para adquisición de inmuebles por extranjeros no
comunitarios, establece, en su punto Segundo, que “Quedan excluidas absolutamente de
esta Orden de Servicio, y seguirán necesitando autorización o informe favorable de este
MINISDEF: #Las poblaciones fronterizas, por disponerlo expresamente la Ley”.

Se suspende la inscripción del precedente documento por no haberse acreditado la
oportuna autorización militar para la adquisición realizada por don G. R. C., de
nacionalidad británica, al estar situada la finca registral 16718 de A Guarda en una
población fronteriza.
Contra esta calificación (…)
Tui, a 31 de enero de 2023. La registradora (firma ilegible), Ana Isabel Rodríguez
Parada.»

cve: BOE-A-2023-14772
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