BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de junio de 2023

Sec. I. Pág. 82734

miembros, participación económica de las personas socias, autonomía e independencia,
educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, y sentimiento de
comunidad.
Sobre esta base normativa, de acuerdo con el artículo 30.30 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, corresponde a la comunidad autónoma de las Illes
Balears la competencia exclusiva en materia de cooperativas, sin perjuicio que, según el
artículo 71.9 del Estatuto de Autonomía, los consejos insulares tengan la facultad de
asumir las funciones ejecutivas y la gestión sobre esta materia en su ámbito territorial.
Esta circunstancia implica que las Illes Balears puedan regular su propia legislación en
materia de cooperativas según los criterios que el Parlamento de las Illes Balears crea
convenientes y adecuados.
El Real decreto 99/1996, de 26 de enero, traspasó en la comunidad autónoma de las
Illes Balears las funciones y los servicios de la Administración del Estado en materia de
cooperativas.
En el ejercicio de esta competencia sobre las cooperativas, el Parlamento balear
aprobó la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears, que
proclama como objetivo «fomentar la constitución de cooperativas y dar una respuesta
viable a las demandas de la sociedad, además de conseguir la consolidación de las ya
existentes». La ley trató de lograr una mayor flexibilización del régimen económico y
societario potenciando fórmulas que ayuden a aumentar la financiación de estas
entidades.
La exigencia de una legislación adecuada obliga a una adecuación legislativa
permanente. Por eso, la Ley 1/2003, ha sido modificada en aspectos específicos en
varias ocasiones desde su entrada en vigor: Ley 7/2005, de 21 de junio, de reforma de la
Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears, que simplemente
ampliaba el periodo de adaptación a la Ley 1/2003; así como la Ley 5/2011, de 31 de
marzo, de modificación de la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes
Balears, donde se adaptaba el texto a la normativa contable.
Además, el legislador balear aprobó la Ley 4/2019, de 31 de enero, de
microcooperativas de las Illes Balears, para simplificar la creación de las pequeñas
cooperativas y adaptarse a la realidad actual, posibilitando que numerosos grupos de
emprendedores y emprendedoras tuviesen la oportunidad de iniciar la actividad a través
del modelo de empresa de economía social.
Con la Ley 1/2003, se estableció el modelo estructural básico, que ha tenido vigencia
completa durante diecinueve años, periodo en el cual las cooperativas baleares han
experimentado un impulso y un crecimiento importantes, por lo que es necesaria una
actualización normativa profunda.
La razón del presente texto legislativo, además de esta actualización, también lleva
causa de la necesidad de refundición de los textos legales que han modificado la
Ley 1/2003, sucesivamente en el tiempo y de la aprobación de la Ley 4/2019, por
razones de sistematicidad y facilidad en la identificación y la aplicación de la norma en
vigor; esto es, para la seguridad jurídica necesaria en la interpretación y la aplicación de
la norma cooperativa. Así pues, se refunde en un único texto todo el marco jurídico
cooperativo, tanto de las sociedades cooperativas en general como de las
microcooperativas en particular.
Transcurridos casi veinte años desde la aprobación de la Ley 1/2003, de 20 de
marzo, la nueva realidad social y económica en que las empresas cooperativas operan
aconsejaba una revisión profunda de la normativa existente. En efecto, desde la
promulgación de la citada ley, los cambios sociales han sido marcados por años de crisis
económica y recuperación, cambios tecnológicos y sociales, así como la crisis sanitaria
derivada de la pandemia COVID-19 en los últimos tiempos. Ante este escenario de
profundas transformaciones, la economía social y, en particular, las cooperativas, se han
postulado como un motor clave del desarrollo económico y social en las Illes Balears. De
hecho, las cooperativas han demostrado un gran poder de resiliencia, no solo en el

cve: BOE-A-2023-13762
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