BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de junio de 2023

Sec. I. Pág. 82695

con mucha diferencia, el más elevado de todas las regiones. Por otra parte, desde el
año 2015, que es el de referencia para la evaluación de la Agenda 2030 y ODS, ha
mermado en 4,3 puntos, es decir, ha experimentado una reducción del 16,3 %. Además,
los datos apuntan a que es una de las tres regiones que ha logrado acabar con las
consecuencias de la crisis económica anterior y reducir su tasa respecto al año 2008. En
este sentido la tasa AROPE se ha reducido 1,6 puntos, lo que supone una disminución
del 6,8 %; así, en la actualidad, es la comunidad autónoma con la séptima tasa más baja
de todas las regiones.
Este informe también destaca la gran contradicción que se vive en el archipiélago,
donde, aunque con el incremento de la actividad turística de los años prepandemia se
habían batido récords en ocupación hotelera y estancias turísticas, los niveles de
pobreza no bajaron con la misma intensidad. Los salarios bajos, la fragilidad temporal de
nuestro mercado laboral y el incremento de los precios de la vivienda son algunas de las
grandes dificultades que deben afrontar las Illes Balears para poder eliminar la lacra de
la pobreza.
Aunque se espera una reactivación del mercado turístico a niveles similares a los
de 2019 y ejercicios anteriores, la situación no invita al optimismo, dado que se mantiene
un elevado riesgo de pobreza y exclusión social, con un porcentaje relevante (y casi
cronificado) de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto se debe a que la
recuperación se ha basado en una precarización de las condiciones laborales y en el
incremento de las desigualdades, que no permiten a los trabajadores cubrir sus
necesidades básicas, lo que les convierte en trabajadores pobres.
En cuanto a la población que vive en condiciones de privación material severa,
el 6,9 % de la población de Baleares no puede atender a gastos imprevistos, por la
alarmante situación del precio de la vivienda o del alquiler en el archipiélago, de los más
altos del Estado español, y el elevado número de hogares con baja intensidad de trabajo,
con casi 84.000 residentes en las Illes Balears, 50.000 más que el pasado año, que se
encuentran en esta situación.
Todo ello pone de manifiesto que, actualmente, tener un trabajo en las Illes Balears
no es garantía de salir del riesgo de pobreza o exclusión. Así, alrededor del 15 % de las
personas que tienen un trabajo remunerado se encuentran en esta situación de riesgo; la
figura del trabajador pobre, entonces, se consolida en Baleares, debido a las condiciones
de precariedad, la parcialidad, la corta duración de los contratos o, directamente, la
explotación. El Informe del estado de la pobreza de 2021 señala que la renta media en
las Illes es de poco más de 18.000 euros por unidad de consumo, cifra que aumentó en
un 2 % respecto al año anterior, hecho que la convierte en una de las comunidades
autónomas con menor incremento de la renta.
No obstante lo expuesto anteriormente, hay que destacar que tener un trabajo y un
sueldo digno es la vía más eficaz para salir de la pobreza, llevar una vida autónoma, y de
aquí la importancia de los procesos de inserción sociolaboral en los que deben
implicarse de forma transversal las administraciones.
Respecto a las pensiones, más de 84.000 personas (unas 15.000 más que el año
anterior) reciben una renta inferior al umbral de la pobreza (688 euros al mes) y
alrededor de 16.000 personas están en situación de pobreza grave, dado que cobran
menos de 458 euros cada mes, incluyendo en este margen las prestaciones por
viudedad recibidas mayoritariamente por mujeres. Esta situación se ha agravado año
tras año, especialmente en las pensiones de jubilación. Por ello, es necesario asumir un
compromiso con las personas mayores, mediante el incremento de las pensiones no
contributivas de baja cuantía, a la vez que mejorar las condiciones laborales para
conseguir independencia económica y autonomía personal.
Según el informe publicado a finales de 2021 por la Fundación FOESSA y Cáritas,
en 2020, un 9,4 % de la población residente en las Illes tuvo que acudir a familiares y
amigos para cubrir necesidades básicas por la COVID-19, lo que equivale a cerca
de 112.000 personas y supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al
año 2019, año previo a la pandemia.

cve: BOE-A-2023-13761
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Núm. 138