I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Prestaciones sociales. (BOE-A-2023-13761)
Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 10 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 82696
Pone de manifiesto también este mismo informe el incremento significativo de
personas que tuvieron dificultades en 2020 para hacer frente a los gastos energéticos
que pasaron a representar el 7,7 % de la población del archipiélago.
III
La Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015, trata la lucha contra la
pobreza como un elemento clave.
Por otra parte, el objetivo global que marca la Unión Europea en sus trabajos por la
inclusión social es el de conseguir, en el contexto de los cambios estructurales, que los
servicios y recursos sean universales, y para ello establece ocho retos, uno de los cuales
es garantizar los ingresos necesarios y los recursos adecuados para poder vivir
dignamente. De los propósitos de la Unión Europea se desprenden tres directrices
políticas: la universalidad, la igualdad y la solidaridad.
La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional, referida a las tres
dimensiones del desarrollo sostenible –la económica, la social y la ambiental–, y se
desarrolla mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante los
cuales se propone abordar los grandes retos globales, con la lucha contra la pobreza
como uno de los principales objetivos.
El sistema de protección social en España es uno de los más ineficientes de Europa
en cuanto a la reducción de la pobreza y especialmente de la pobreza grave. Así lo puso
de manifiesto Philip Alston, relator de la ONU, en su visita a España a finales de 2019.
La renta social garantizada de las Illes Balears, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de
abril, y, posteriormente, con el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, como prestación
periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para la cobertura de los
gastos básicos de las personas, fue un gran paso en el sentido de generar una política
de lucha contra la pobreza. Son muchas las familias que se han beneficiado de la renta
social desde su aprobación. Actualmente, y a raíz de las medidas extraordinarias
puestas en marcha en el estado de alarma, este ingreso ha supuesto el empoderamiento
de aproximadamente 15.000 familias de las Illes Balears.
La implantación del ingreso mínimo vital como medida de seguridad social, ha
obligado a replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas sociales y
rentas de inserción del conjunto de comunidades autónomas.
La seguridad social, amparada por el artículo 149 de la Constitución Española,
impone un techo de ingresos mínimos a cualquier ciudadano del Estado. Es una medida
de garantías de ingresos, que permite a las comunidades autónomas complementar,
desde las políticas de lucha contra la pobreza, los perfiles de población que no atiende el
ingreso mínimo vital, así como ajustar ese mínimo común para todos los españoles al
nivel de vida de cada comunidad.
En este sentido, la cuestión no es tanto la cuantía de la prestación como la cobertura.
Las cuantías establecidas en el baremo del ingreso mínimo vital suponen un gran
avance en la lucha contra la pobreza, pero también es cierto que en las Illes Balears esta
prestación se quedaría corta en relación con el umbral de pobreza del territorio,
determinado por el nivel de renta y por su distribución en el territorio.
Entidades como EAPN, Cáritas, Cruz Roja y la Federación de los Bancos de
Alimentos, entre otros, reclaman un incremento decidido de la capacidad protectora
sobre las familias que ya venían sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social,
mediante un tramo autonómico que complemente y mejore el tramo estatal en los casos
de las comunidades autónomas que ya tenían un nivel de protección más débil.
En esta situación de crisis, la responsabilidad pública de responder desde los
ayuntamientos, los consejos insulares y la Administración del Gobierno de las Illes
Balears a las situaciones de necesidad social de los ciudadanos y las ciudadanas de
Baleares, requiere un desarrollo legislativo de las prestaciones sociales de carácter
cve: BOE-A-2023-13761
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 138
Sábado 10 de junio de 2023
Sec. I. Pág. 82696
Pone de manifiesto también este mismo informe el incremento significativo de
personas que tuvieron dificultades en 2020 para hacer frente a los gastos energéticos
que pasaron a representar el 7,7 % de la población del archipiélago.
III
La Asamblea General de Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible, aprobada el 25 de septiembre de 2015, trata la lucha contra la
pobreza como un elemento clave.
Por otra parte, el objetivo global que marca la Unión Europea en sus trabajos por la
inclusión social es el de conseguir, en el contexto de los cambios estructurales, que los
servicios y recursos sean universales, y para ello establece ocho retos, uno de los cuales
es garantizar los ingresos necesarios y los recursos adecuados para poder vivir
dignamente. De los propósitos de la Unión Europea se desprenden tres directrices
políticas: la universalidad, la igualdad y la solidaridad.
La Agenda 2030 es una agenda integral y multidimensional, referida a las tres
dimensiones del desarrollo sostenible –la económica, la social y la ambiental–, y se
desarrolla mediante un sistema de 17 objetivos de desarrollo sostenible, mediante los
cuales se propone abordar los grandes retos globales, con la lucha contra la pobreza
como uno de los principales objetivos.
El sistema de protección social en España es uno de los más ineficientes de Europa
en cuanto a la reducción de la pobreza y especialmente de la pobreza grave. Así lo puso
de manifiesto Philip Alston, relator de la ONU, en su visita a España a finales de 2019.
La renta social garantizada de las Illes Balears, regulada por la Ley 5/2016, de 13 de
abril, y, posteriormente, con el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, como prestación
periódica dirigida a situaciones de vulnerabilidad económica para la cobertura de los
gastos básicos de las personas, fue un gran paso en el sentido de generar una política
de lucha contra la pobreza. Son muchas las familias que se han beneficiado de la renta
social desde su aprobación. Actualmente, y a raíz de las medidas extraordinarias
puestas en marcha en el estado de alarma, este ingreso ha supuesto el empoderamiento
de aproximadamente 15.000 familias de las Illes Balears.
La implantación del ingreso mínimo vital como medida de seguridad social, ha
obligado a replantear el escenario de cobertura de rentas básicas, rentas sociales y
rentas de inserción del conjunto de comunidades autónomas.
La seguridad social, amparada por el artículo 149 de la Constitución Española,
impone un techo de ingresos mínimos a cualquier ciudadano del Estado. Es una medida
de garantías de ingresos, que permite a las comunidades autónomas complementar,
desde las políticas de lucha contra la pobreza, los perfiles de población que no atiende el
ingreso mínimo vital, así como ajustar ese mínimo común para todos los españoles al
nivel de vida de cada comunidad.
En este sentido, la cuestión no es tanto la cuantía de la prestación como la cobertura.
Las cuantías establecidas en el baremo del ingreso mínimo vital suponen un gran
avance en la lucha contra la pobreza, pero también es cierto que en las Illes Balears esta
prestación se quedaría corta en relación con el umbral de pobreza del territorio,
determinado por el nivel de renta y por su distribución en el territorio.
Entidades como EAPN, Cáritas, Cruz Roja y la Federación de los Bancos de
Alimentos, entre otros, reclaman un incremento decidido de la capacidad protectora
sobre las familias que ya venían sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social,
mediante un tramo autonómico que complemente y mejore el tramo estatal en los casos
de las comunidades autónomas que ya tenían un nivel de protección más débil.
En esta situación de crisis, la responsabilidad pública de responder desde los
ayuntamientos, los consejos insulares y la Administración del Gobierno de las Illes
Balears a las situaciones de necesidad social de los ciudadanos y las ciudadanas de
Baleares, requiere un desarrollo legislativo de las prestaciones sociales de carácter
cve: BOE-A-2023-13761
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 138
