BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 9 de junio de 2023

Sec. I. Pág. 82086

biosfera, y por medio de empleados públicos de la plantilla del Consejo que desarrollan
algunas tareas relacionadas con las materias mencionadas.
El Plan Territorial Insular, en su versión revisada, continúa siendo un instrumento
fundamental, y por eso esta ley efectúa algunas referencias a sus determinaciones más
concretas y específicas. Pero también tiene limitaciones, dada su naturaleza jurídica y
sus finalidades, y es necesaria una perspectiva todavía más global e integradora, en la
que los postulados de la reserva se hagan efectivos en la mayoría de ámbitos
sectoriales. Por otro lado, son significativas las limitaciones presupuestarias del Consejo
Insular de Menorca y de las corporaciones locales menorquinas para financiar
programas, proyectos y actuaciones en multitud de ámbitos y para establecer medidas
de fomento para promover la investigación y acciones y prácticas particulares. Desde el
punto de vista político, se han ido superando con el tiempo las meras declaraciones de
intenciones, pero hay que asegurar que la declaración de reserva de biosfera no sea
solo un distintivo ambiental de supuesta vigencia indefinida, con una concepción
manejable de la sostenibilidad dependiente del color político de los gobernantes, y
descartar apuestas arriesgadas hacia modelos y proyectos de crecimiento más
favorables a la cantidad que a la calidad. Y, desde una perspectiva social, la valoración
es positiva, pero ha resultado difícil rendir cuentas a los ciudadanos ante la inexistencia
de unos compromisos normativos efectivos, tal como se desprende de las conclusiones
de la encuesta de percepción ciudadana sobre los 25 años de la declaración de la
reserva de biosfera de Menorca: «El conocimiento de la declaración de reserva de
biosfera y su valoración positiva se extiende prácticamente a toda la sociedad
menorquina. Sin embargo, una parte continúa sin tener suficientemente claro qué
significa ser reserva de biosfera, puesto que una parte importante de la población solo la
vincula a conservación del paisaje y promoción turística. Aun así, es poco conocida la
gestión realizada por parte de las diferentes administraciones a lo largo de los 25 años.»
Asimismo, en el actual contexto social, económico y ambiental, en Menorca se
plantean nuevas y ambiciosas necesidades de regulación y de gestión, tanto en los
aspectos de la reserva ya consolidados –ordenación del territorio, protección de los
espacios naturales, conservación del paisaje, de la biodiversidad y del patrimonio
histórico, gestión de los residuos–, como en los nuevos retos que deben afrontarse:
actuar ante la emergencia climática, apostar por la eficiencia energética y la
descarbonización y por un turismo y una movilidad sostenibles, mejorar la gestión de los
recursos hídricos y de los sistemas de saneamiento, cumplir los objetivos de la Agenda
Urbana Española, preservar la vocación agraria y ganadera del suelo rústico de
Menorca, ordenar la costa y el litoral, gestionar el medio marino con criterios de
sostenibilidad, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, potenciar la educación y la
investigación para la sostenibilidad, mejorar la calidad del aire de Menorca o fomentar el
modelo alimentario menorquín, la gastronomía y el consumo de productos locales, entre
otros. Existe, en definitiva, un consenso en el ámbito científico sobre la necesidad
inaplazable de avanzar en la línea del desarrollo sostenible y de que la sostenibilidad se
considere en todas las políticas, con el objetivo también de avanzar en el progreso y el
bienestar de la población.
La Ley de Menorca Reserva de Biosfera tiene que contribuir a resolver los problemas
apuntados y a satisfacer estas necesidades de regulación y de gestión. Además, con esta
ley se pretende cumplir uno de los objetivos previstos en el Plan de Acción de OrdesaViñamala 2017-2025 para la Red Española de Reservas de Biosfera, como es el de
reconocer y mejorar las reservas de biosfera en la legislación estatal y/o autonómica,
incrementar y fortalecer el apoyo de las comunidades autónomas y administraciones
locales y garantizar las actuaciones e inversiones económicas necesarias por parte de las
administraciones para el cumplimiento de los objetivos de cada reserva. Existe de hecho
un consenso político unánime sobre la necesidad y la oportunidad de esta ley y que sea el
Consejo Insular de Menorca el que la lidere e impulse. Así, el 26 de marzo de 2019, el
Parlamento de las Illes Balears, en virtud de una proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, manifestó –prácticamente por unanimidad (52 votos a favor

cve: BOE-A-2023-13670
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