BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Viernes 9 de junio de 2023

Sec. I. Pág. 82092

sostenibilidad, a la mejora de la calidad del aire de Menorca, a los criterios ambientales
en la contratación del sector público y a medidas sobre residuos, respectivamente. Sin
perjuicio de la aplicación de la Ley 18/2019, de 8 de abril, de salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial, y de que el Consejo Insular de Menorca tenga que impulsar la
declaración como bienes de interés cultural inmaterial de las manifestaciones más
representativas de este patrimonio en la isla, en virtud de esta ley queda salvaguardada
la toponimia menorquina, como manifestación muy significativa del patrimonio cultural
inmaterial y por su utilidad como herramienta de información geográfica.
Por otro lado, se tiene que avanzar en la educación para la sostenibilidad. Por este
motivo, se dirige un mandato a la administración educativa para que los centros
educativos de Menorca integren en el proyecto curricular del centro respectivo los
conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores referidos a cualquiera de los
principios relacionados en el artículo 5 de la ley. Y la administración educativa estudiará
la creación de un módulo específico sobre Menorca Reserva de Biosfera en los ciclos
formativos más relacionados con la sostenibilidad impartidos en los centros de formación
profesional de Menorca, así como la viabilidad de la implantación de ciclos formativos
sobre oficios tradicionales, como por ejemplo mampostero, aperador o calafate. Debe
tenerse en cuenta en este sentido que el Real decreto 1038/2020, de 24 de noviembre,
por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia
profesional de edificación y obra civil, que se incluyen en el Catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, ha establecido la nueva cualificación profesional de
construcción de piedra en seco y prevé varios módulos formativos asociados.
Uno de los pilares básicos de la red de reservas de biosfera es la investigación y la
transferencia de conocimiento. Sin perjuicio de las demás funciones que tiene
encomendadas, el Instituto Menorquín de Estudios tiene que liderar la investigación de
excelencia sobre Menorca Reserva de Biosfera. En cuanto a la calidad del aire de
Menorca, de acuerdo con las estadísticas publicadas en los últimos años, se constata
que en Ciutadella y en la zona de Maó y Es Castell se superan puntualmente los niveles
de ozono troposférico y de partículas en suspensión, mientras que en la zona de levante
se producen episodios concretos de concentración de óxido de azufre, provenientes
especialmente de la central eléctrica y de los buques presentes en el puerto de Maó. En
este contexto, se establecen previsiones adicionales a las previstas en la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no solo para
prevenir y vigilar la contaminación atmosférica y velar para que la calidad del aire de
Menorca se mantenga dentro de los límites legales establecidos, sino para que la
población reciba información periódica y adecuada sobre la calidad del aire
especialmente en las zonas mencionadas.
También se recogen criterios ambientales que deberán tenerse en cuenta en la
adjudicación y la ejecución de los contratos del sector público siempre que tengan una
vinculación con su objeto (contratación pública verde o sostenible), de acuerdo con las
previsiones contenidas en la legislación de contratos del sector público, y sin perjuicio de
los criterios específicos establecidos en la Ley de cambio climático de las Illes Balears.
Debe advertirse que no se ha podido establecer que la adhesión del contratista al
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental de la Unión Europea (EMAS)
o al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2015 sea valorado como un
criterio de adjudicación del contrato, puesto que solo puede ser un medio para acreditar
la solvencia técnica. Así se desprende del artículo 62.2 de la Directiva 2014/24/UE, sobre
contratación pública, del artículo 94 de la Ley de contratos del sector público, y de la
doctrina establecida en varios dictámenes y resoluciones de juntas consultivas y de
tribunales autonómicos de contratación. Todo ello sin perjuicio de las medidas que,
según la Ley de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears, deben adoptar las
administraciones de las Illes Balears para la prevención, la reutilización y la disminución
de los residuos, las administraciones y los entes del sector público de Menorca tienen
que adoptar las medidas previstas en el capítulo XII.

cve: BOE-A-2023-13670
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Núm. 137