BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 122

Martes 23 de mayo de 2023

Sec. III. Pág. 71064

Segundo.
Que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, consagran el derecho de las personas a relacionarse por medios
electrónicos con las administraciones públicas, simplificando el acceso a los mismos, y
refuerzan el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (en lo
sucesivo, TIC) en las administraciones públicas, tanto para mejorar la eficiencia de su
gestión como para potenciar y favorecer las relaciones de colaboración y cooperación
entre ellas. Así, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece entre los
principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, los de cooperación,
colaboración y coordinación entre estas, y la propia ley regula en su capítulo IV del título
preliminar el convenio como instrumento con efectos jurídicos entre Administraciones
para un fin común.
Tercero.
Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en
lo sucesivo, SGAD) es el órgano directivo al que corresponde, bajo la autoridad de la
persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la
dirección, coordinación y ejecución de las competencias atribuidas al Departamento en
materia de transformación digital de la administración.
Asimismo, entre otras funciones, corresponde a la SGAD la elaboración de la
estrategia en materia de Administración Digital y Servicios Públicos Digitales de la
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, así como del proceso de
innovación, y el establecimiento de las decisiones y directrices necesarias para su
ejecución.
Del mismo modo, corresponde a la SGAD la provisión de servicios en materias de
tecnologías de la información y comunicaciones a aquellos órganos con los que se
acuerde.
Cuarto.
Que la entidad pública empresarial Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa
de la Moneda (en lo sucesivo FNMT-RCM), en calidad de Prestador Cualificado de
Servicios Digitales de Confianza, viene prestando servicios técnicos y administrativos
necesarios para la identificación y autenticación de los intervinientes en las
comunicaciones electrónicas de las Administraciones Públicas a través del uso de
certificados de firma electrónica, dirigidos tanto a los interesados en el procedimiento
administrativo como a funcionarios y demás empleados públicos. Adicionalmente, la
FNMT–RCM ha desarrollado ciertas iniciativas tecnológicas relacionadas con la
identificación remota, el uso de técnicas biométricas, el desarrollo de apps móviles o la
autenticación fuerte ante servicios de firma centralizada.

Que la Universidad Carlos III de Madrid (en lo sucesivo UC3M), creada por
Ley 9/1989, de 5 de mayo, se rige por sus Estatutos y la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, siendo una Entidad de Derecho Público, dotada de
personalidad jurídica propia, que goza de autonomía conforme a la Constitución y a las
leyes. De acuerdo a sus Estatutos, la UC3M tiene como uno de sus objetivos la
colaboración con entidades públicas o privadas, promoviendo la difusión de la ciencia, la
cultura, el arte y el conocimiento, contribuyendo al progreso social, económico, y cultural.

cve: BOE-A-2023-12134
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Quinto.