T.C. Sección del Tribunal Constitucional. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencias. (BOE-A-2023-12076)
Pleno. Sentencia 34/2023, de 18 de abril de 2023. Recurso de inconstitucionalidad 1760-2021. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso en relación con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. Derecho a la educación y reformas legales emprendidas durante la vigencia del estado de alarma: improcedencia de una interpretación extensiva de las limitaciones a las iniciativas legislativas en estado de emergencia; constitucionalidad de las disposiciones legales relativas a la regulación de la programación de centros, régimen de escolarización de alumnos con necesidades especiales, educación diferenciada por sexos, enseñanza de la religión y educación en valores, derecho a la enseñanza en castellano, evaluaciones generales y de diagnóstico, prueba de acceso a la universidad, supervisión del sistema educativo y ordenación y adaptación de los currículos académicos. Votos particulares.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 22 de mayo de 2023
Sec. TC. Pág. 70669
la STC 195/1989, de 27 de noviembre, denegatoria del amparo solicitado); (ii) pero el
citado precepto tampoco puede interpretarse como una «afirmación retórica» contraria a
la fuerza vinculante de la Constitución establecida en el art. 9.1 [recogen ambas
vertientes las SSTC 77/1985, FJ 11; 86/1985, FJ 3, o, más recientemente, las
SSTC 31/2018, FJ 4 b), y 74/2018, FJ 4 b)].
Sobre los parámetros y límites del legislador en la configuración del sistema de
«ayudas» constitucionalmente obligado, y de acuerdo con una interpretación conjunta y
sistemática de la Constitución, sentencias anteriores de este tribunal han aludido, en
general, a la posibilidad de tomar en consideración «otros principios, valores o mandatos
constitucionales» (STC 77/1985, FJ 11) y a la obligación de «no […] contrariar los
derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo» y respetar «el principio
de igualdad» (STC 86/1985, FJ 3). Las dos sentencias citadas, y otras posteriores, han
aludido también a la promoción de la libertad y la igualdad reales y efectivas (art. 9.2 CE)
y a la posibilidad de valorar la renta de los destinatarios finales de las ayudas (art. 40.1
CE) ya que, en efecto, las ayudas del art. 27.9 CE conciernen «muy especialmente [a las
familias] con menor capacidad económica» (STC 74/2018, FJ 4).
g) Dentro de los límites al legislador, en la interpretación del art. 2 del Protocolo
núm. 1 al CEDH, el Tribunal de Estrasburgo ha aludido también al «pluralismo educativo,
esencial para preservar la sociedad democrática, tal como la concibe el Convenio»
[sentencia de 29 de junio de 2007, (Gran Sala), asunto Folgerø y otros c. Noruega, antes
citada, § 84 b), y en el mismo sentido, sentencias de 10 de enero de 2017, asunto
Osmanoğlu y Kocabaş c. Suiza, § 91, y de 7 de diciembre de 1976, asunto Kjeldsen,
Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, antes citada, § 50, o, en un caso que afectó a
nuestro país, decisión de 25 de mayo de 2000, asunto Jiménez Alonso y Jiménez Merino
c. España, § 1]. Constantes referencias al pluralismo educativo se encuentran también
en los debates constituyentes sobre este art. 27, como una manifestación o derivación
del pluralismo social y político, este último consagrado como «valor superior» del
ordenamiento en el art. 1.1 CE (véase la sesión celebrada en el Congreso de los
Diputados el día 7 de julio de 1978, sobre el entonces art. 25 del dictamen del proyecto
de Constitución, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», año 1978,
núm. 106, págs. 4018 y ss.).
Ahora bien, una cosa es que de la Constitución se derive un modelo educativo
pluralista y otra muy distinta que la Constitución garantice que todos los modelos
educativos deban recibir ayudas públicas. La STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11,
establece que no puede aceptarse que del art. 27.9 CE «se desprende un deber de
ayudar a todos y cada uno de los centros docentes solo por el hecho de serlo, pues la
remisión a la Ley que se efectúa en el art. 27.9 de la CE puede significar que esa ayuda
se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales». Y
cita como ejemplos de estos otros principios, valores o mandatos constitucionales, entre
otros, «la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (arts. 1 y 9 de la CE)».
Por otra parte, el Tribunal ha afirmado también que el art. 27.9 CE «en su
condición de mandato al legislador, no encierra […] un derecho subjetivo a la
prestación pública» (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3). El derecho ha de crearlo la
ley y será esta norma la que establezca los requisitos y condiciones para que este
derecho nazca. Ciertamente, como señalan las citadas sentencias 86/1985, FJ 3;
31/2018, FJ 4 b), y 74/2018, FJ 4, el legislador no es enteramente libre para habilitar
este necesario marco normativo pues, como es obvio, ha de respetar los derechos y
libertades educativas que consagra el art. 27 CE y deberá, asimismo, configurar el
régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad y habrá de atenerse a las
pautas constitucionales orientadoras del gasto público.
La regulación de estas ayudas entra, por tanto, dentro del margen de libertad de
configuración del legislador y no tiene más límites que los que impone el respeto a la
Constitución (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11).
cve: BOE-A-2023-12076
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 121
Lunes 22 de mayo de 2023
Sec. TC. Pág. 70669
la STC 195/1989, de 27 de noviembre, denegatoria del amparo solicitado); (ii) pero el
citado precepto tampoco puede interpretarse como una «afirmación retórica» contraria a
la fuerza vinculante de la Constitución establecida en el art. 9.1 [recogen ambas
vertientes las SSTC 77/1985, FJ 11; 86/1985, FJ 3, o, más recientemente, las
SSTC 31/2018, FJ 4 b), y 74/2018, FJ 4 b)].
Sobre los parámetros y límites del legislador en la configuración del sistema de
«ayudas» constitucionalmente obligado, y de acuerdo con una interpretación conjunta y
sistemática de la Constitución, sentencias anteriores de este tribunal han aludido, en
general, a la posibilidad de tomar en consideración «otros principios, valores o mandatos
constitucionales» (STC 77/1985, FJ 11) y a la obligación de «no […] contrariar los
derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo» y respetar «el principio
de igualdad» (STC 86/1985, FJ 3). Las dos sentencias citadas, y otras posteriores, han
aludido también a la promoción de la libertad y la igualdad reales y efectivas (art. 9.2 CE)
y a la posibilidad de valorar la renta de los destinatarios finales de las ayudas (art. 40.1
CE) ya que, en efecto, las ayudas del art. 27.9 CE conciernen «muy especialmente [a las
familias] con menor capacidad económica» (STC 74/2018, FJ 4).
g) Dentro de los límites al legislador, en la interpretación del art. 2 del Protocolo
núm. 1 al CEDH, el Tribunal de Estrasburgo ha aludido también al «pluralismo educativo,
esencial para preservar la sociedad democrática, tal como la concibe el Convenio»
[sentencia de 29 de junio de 2007, (Gran Sala), asunto Folgerø y otros c. Noruega, antes
citada, § 84 b), y en el mismo sentido, sentencias de 10 de enero de 2017, asunto
Osmanoğlu y Kocabaş c. Suiza, § 91, y de 7 de diciembre de 1976, asunto Kjeldsen,
Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca, antes citada, § 50, o, en un caso que afectó a
nuestro país, decisión de 25 de mayo de 2000, asunto Jiménez Alonso y Jiménez Merino
c. España, § 1]. Constantes referencias al pluralismo educativo se encuentran también
en los debates constituyentes sobre este art. 27, como una manifestación o derivación
del pluralismo social y político, este último consagrado como «valor superior» del
ordenamiento en el art. 1.1 CE (véase la sesión celebrada en el Congreso de los
Diputados el día 7 de julio de 1978, sobre el entonces art. 25 del dictamen del proyecto
de Constitución, «Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados», año 1978,
núm. 106, págs. 4018 y ss.).
Ahora bien, una cosa es que de la Constitución se derive un modelo educativo
pluralista y otra muy distinta que la Constitución garantice que todos los modelos
educativos deban recibir ayudas públicas. La STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11,
establece que no puede aceptarse que del art. 27.9 CE «se desprende un deber de
ayudar a todos y cada uno de los centros docentes solo por el hecho de serlo, pues la
remisión a la Ley que se efectúa en el art. 27.9 de la CE puede significar que esa ayuda
se realice teniendo en cuenta otros principios, valores o mandatos constitucionales». Y
cita como ejemplos de estos otros principios, valores o mandatos constitucionales, entre
otros, «la promoción por parte de los poderes públicos de las condiciones necesarias
para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas (arts. 1 y 9 de la CE)».
Por otra parte, el Tribunal ha afirmado también que el art. 27.9 CE «en su
condición de mandato al legislador, no encierra […] un derecho subjetivo a la
prestación pública» (STC 86/1985, de 10 de julio, FJ 3). El derecho ha de crearlo la
ley y será esta norma la que establezca los requisitos y condiciones para que este
derecho nazca. Ciertamente, como señalan las citadas sentencias 86/1985, FJ 3;
31/2018, FJ 4 b), y 74/2018, FJ 4, el legislador no es enteramente libre para habilitar
este necesario marco normativo pues, como es obvio, ha de respetar los derechos y
libertades educativas que consagra el art. 27 CE y deberá, asimismo, configurar el
régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad y habrá de atenerse a las
pautas constitucionales orientadoras del gasto público.
La regulación de estas ayudas entra, por tanto, dentro del margen de libertad de
configuración del legislador y no tiene más límites que los que impone el respeto a la
Constitución (STC 77/1985, de 27 de junio, FJ 11).
cve: BOE-A-2023-12076
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Núm. 121
