I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2023-11334)
Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025, hecho en Madrid y La Paz el 15 de diciembre de 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66710
liderazgos y organizaciones feministas y de mujeres campesinas e indígenas,
compromiso adquirido desde hace años por la Cooperación Española.
Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una reforma integral y decisiva del sector de
la justicia y las reformas parciales aparecen insuficientes para abordar desafíos
estructurales clave, que incluyen: independencia judicial limitada, derivada de un alto
nivel de politización del sistema judicial, que se ha hecho explícito en repetidas
ocasiones; falta de coordinación interinstitucional; corrupción y falta de transparencia
(40% de las denuncias de corrupción están relacionadas a la justicia); ejecución limitada
de la carrera judicial; excesiva duración de los procedimientos (tasas de atraso de más
del 50% en la mayoría de los departamentos); presencia territorial débil y distribución
inadecuada de recursos; y limitaciones en la prestación de servicios y la asistencia
jurídica. Estos desafíos se agravan en lo que respecta a la justicia penal, que enfrenta
una crisis de larga data, incluyendo el uso extensivo de la prisión preventiva (64% en
agosto de 2020) y una sobrepoblación carcelaria del 289% (la quinta peor tasa en
América Latina). La Cooperación Española se propone apoyar este proceso de reforma y
modernización a través de la especialización de los operadores del sistema de justicia y
el apoyo junto con sus socios de la UE al despliegue de medios materiales,
especialmente los tecnológicos que permitan una efectiva interoperabilidad del sistema
de justicia.
Relacionado con la transparencia del desempeño del poder judicial, una de las
cuestiones a abordar es el desarrollo de las estadísticas judiciales también como insumo
para el desarrollo de las políticas públicas sectoriales. Este aspecto, junto al
fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional y el desarrollo de un modelo de
gobierno abierto e inteligente a nivel municipal, son las vías elegidas por la Cooperación
Española para mejorar la participación social y política paritaria y el diálogo intercultural.
Finalmente, en relación con la violencia de género, el marco normativo para combatir
la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador en Bolivia,
destacando dos leyes: la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia' (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes
integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia
política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación
ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos:
Según el documento de rendición de cuentas 2021 del Tribunal Supremo de Justicia, el
porcentaje de causas resueltas en Juzgados de sentencia de violencia contra las
mujeres en ciudades y provincias alcanza a 18%, mientras que las resueltas en
Tribunales de sentencia de violencia contra la mujer en ciudades y provincias alcanza
al 29,1%. Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en
Latinoamérica y el primero en Sudamérica. En el caso de la Ley 263 sobre el tráfico y
trata de personas, cabe señalar que se han detectado falencias en su diseño e
implementación que parecen aconsejar una eventual reforma para tratar de revertir el
bajo nivel de enjuiciamiento de estos delitos.
Por abordar el déficit en la aplicación de este marco normativo contra las violencias,
se hace necesario seguir apoyando la especialización de la cadena de justicia en
violencia de género, trata y tráfico de personas; el apoyo a servicios de prevención,
atención, sanción y erradicación de las violencias machistas; promoción de la
coordinación y articulación interinstitucional y con sociedad civil en materia de violencias
por razón de género, trata de personas y no discriminación hacia las personas indígenas
y LGTBI; y la generación de información y evidencia sobre estas violencias. Estas líneas
serán los puntales de actuación de la Cooperación Española en los próximos 4 años en
este ámbito.
Prioridades Transversales.
La cooperación entre España y Bolivia considerará las siguientes prioridades
transversales que, en todos los casos, están insertas también en los resultados
intermedios de desarrollo definidos para el MAP.
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 114
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66710
liderazgos y organizaciones feministas y de mujeres campesinas e indígenas,
compromiso adquirido desde hace años por la Cooperación Española.
Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo una reforma integral y decisiva del sector de
la justicia y las reformas parciales aparecen insuficientes para abordar desafíos
estructurales clave, que incluyen: independencia judicial limitada, derivada de un alto
nivel de politización del sistema judicial, que se ha hecho explícito en repetidas
ocasiones; falta de coordinación interinstitucional; corrupción y falta de transparencia
(40% de las denuncias de corrupción están relacionadas a la justicia); ejecución limitada
de la carrera judicial; excesiva duración de los procedimientos (tasas de atraso de más
del 50% en la mayoría de los departamentos); presencia territorial débil y distribución
inadecuada de recursos; y limitaciones en la prestación de servicios y la asistencia
jurídica. Estos desafíos se agravan en lo que respecta a la justicia penal, que enfrenta
una crisis de larga data, incluyendo el uso extensivo de la prisión preventiva (64% en
agosto de 2020) y una sobrepoblación carcelaria del 289% (la quinta peor tasa en
América Latina). La Cooperación Española se propone apoyar este proceso de reforma y
modernización a través de la especialización de los operadores del sistema de justicia y
el apoyo junto con sus socios de la UE al despliegue de medios materiales,
especialmente los tecnológicos que permitan una efectiva interoperabilidad del sistema
de justicia.
Relacionado con la transparencia del desempeño del poder judicial, una de las
cuestiones a abordar es el desarrollo de las estadísticas judiciales también como insumo
para el desarrollo de las políticas públicas sectoriales. Este aspecto, junto al
fortalecimiento del Órgano Electoral Plurinacional y el desarrollo de un modelo de
gobierno abierto e inteligente a nivel municipal, son las vías elegidas por la Cooperación
Española para mejorar la participación social y política paritaria y el diálogo intercultural.
Finalmente, en relación con la violencia de género, el marco normativo para combatir
la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente innovador en Bolivia,
destacando dos leyes: la 'Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de
Violencia' (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de leyes
integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia
política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación
ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos:
Según el documento de rendición de cuentas 2021 del Tribunal Supremo de Justicia, el
porcentaje de causas resueltas en Juzgados de sentencia de violencia contra las
mujeres en ciudades y provincias alcanza a 18%, mientras que las resueltas en
Tribunales de sentencia de violencia contra la mujer en ciudades y provincias alcanza
al 29,1%. Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en
Latinoamérica y el primero en Sudamérica. En el caso de la Ley 263 sobre el tráfico y
trata de personas, cabe señalar que se han detectado falencias en su diseño e
implementación que parecen aconsejar una eventual reforma para tratar de revertir el
bajo nivel de enjuiciamiento de estos delitos.
Por abordar el déficit en la aplicación de este marco normativo contra las violencias,
se hace necesario seguir apoyando la especialización de la cadena de justicia en
violencia de género, trata y tráfico de personas; el apoyo a servicios de prevención,
atención, sanción y erradicación de las violencias machistas; promoción de la
coordinación y articulación interinstitucional y con sociedad civil en materia de violencias
por razón de género, trata de personas y no discriminación hacia las personas indígenas
y LGTBI; y la generación de información y evidencia sobre estas violencias. Estas líneas
serán los puntales de actuación de la Cooperación Española en los próximos 4 años en
este ámbito.
Prioridades Transversales.
La cooperación entre España y Bolivia considerará las siguientes prioridades
transversales que, en todos los casos, están insertas también en los resultados
intermedios de desarrollo definidos para el MAP.
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 114
