I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2023-11334)
Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025, hecho en Madrid y La Paz el 15 de diciembre de 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66709
Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la
igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza
democrática y protección de los derechos humanos.
En primer lugar, el acceso limitado a la justicia es una de las debilidades históricas
del sistema de justicia boliviano, que enfrenta procedimientos prolongados, un excesivo
formalismo y una cobertura geográfica desigual de tribunales y servicios legales. Durante
décadas, la cooperación internacional ha acompañado la consolidación de las
instituciones de justicia penal. Sin embargo, persisten los desafíos de (i) cobertura
limitada y restringida a ciudades más grandes e intermedias; (ii) financiamiento
inadecuado; (iii) necesidades de personal y equipo (incluyendo la alta rotación); y (iv)
coordinación insuficiente y superposición de mandatos. La Cooperación Española se
propone seguir apoyando la extensión de la cobertura de los servicios que facilitan el
acceso a la justicia de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres,
menores y víctimas del delito, principalmente.
En las últimas décadas, Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política
para disminuir las brechas de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución
de 2009, que establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres
a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminación en cualesquiera de los
diferentes ámbitos, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de
políticas enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género. Respecto de la participación política de mujeres, Bolivia está a la vanguardia de
la legislación, con normas que favorecen una paridad política real. Actualmente Bolivia
es el tercer país del mundo (después de Ruanda y Cuba) con mayores índices de
participación de las mujeres en instituciones representativas. Sin embargo, pese una
legislación explicita, la cuestión de la violencia política es preocupante y en nueve años
de vigencia de la Ley 243, las dos primeras condenas se han dictaminado solo en 2020.
Los principales desafíos para la implementación de estas leyes son la falta de
implementación efectiva de políticas, los presupuestos inadecuados, la falta de
coordinación interinstitucional, cobertura limitada del Sistema Integral Plurinacional de
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
(SIPPASE) y los servicios de atención a nivel municipal y la ineficacia del sistema de
justicia.
Pese a que el Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones
internacionales en esta materia y cuenta con significativos avances normativos, es
preciso reforzar los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos de las
mujeres y las niñas a través del fortalecimiento del mecanismo de igualdad y de los
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 114
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66709
Resultado de Desarrollo agregado 3: La población boliviana accede a la justicia y la
igualdad, incrementando su participación social y política en un marco de gobernanza
democrática y protección de los derechos humanos.
En primer lugar, el acceso limitado a la justicia es una de las debilidades históricas
del sistema de justicia boliviano, que enfrenta procedimientos prolongados, un excesivo
formalismo y una cobertura geográfica desigual de tribunales y servicios legales. Durante
décadas, la cooperación internacional ha acompañado la consolidación de las
instituciones de justicia penal. Sin embargo, persisten los desafíos de (i) cobertura
limitada y restringida a ciudades más grandes e intermedias; (ii) financiamiento
inadecuado; (iii) necesidades de personal y equipo (incluyendo la alta rotación); y (iv)
coordinación insuficiente y superposición de mandatos. La Cooperación Española se
propone seguir apoyando la extensión de la cobertura de los servicios que facilitan el
acceso a la justicia de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres,
menores y víctimas del delito, principalmente.
En las últimas décadas, Bolivia ha dado importantes muestras de voluntad política
para disminuir las brechas de género. Desde la promulgación de la nueva Constitución
de 2009, que establece en más de una veintena de artículos los derechos de las mujeres
a desenvolverse libres de presión y toda forma discriminación en cualesquiera de los
diferentes ámbitos, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de
políticas enfocadas a la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de
género. Respecto de la participación política de mujeres, Bolivia está a la vanguardia de
la legislación, con normas que favorecen una paridad política real. Actualmente Bolivia
es el tercer país del mundo (después de Ruanda y Cuba) con mayores índices de
participación de las mujeres en instituciones representativas. Sin embargo, pese una
legislación explicita, la cuestión de la violencia política es preocupante y en nueve años
de vigencia de la Ley 243, las dos primeras condenas se han dictaminado solo en 2020.
Los principales desafíos para la implementación de estas leyes son la falta de
implementación efectiva de políticas, los presupuestos inadecuados, la falta de
coordinación interinstitucional, cobertura limitada del Sistema Integral Plurinacional de
Prevención, Atención, Sanción, Erradicación de la Violencia contra las Mujeres
(SIPPASE) y los servicios de atención a nivel municipal y la ineficacia del sistema de
justicia.
Pese a que el Estado boliviano ha ratificado los principales tratados y convenciones
internacionales en esta materia y cuenta con significativos avances normativos, es
preciso reforzar los mecanismos de participación y exigibilidad de derechos de las
mujeres y las niñas a través del fortalecimiento del mecanismo de igualdad y de los
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 114
