I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales administrativos. (BOE-A-2023-11334)
Acta de la XIII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Boliviana de Cooperación por la que se aprueba el Marco de Asociación País España-Bolivia 2022-2025, hecho en Madrid y La Paz el 15 de diciembre de 2022.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 114
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66686
Bienes de Capital, Fondo de Garantía para el Desarrollo, apoyo al sector agropecuario
para la reconstrucción productiva, entre otros.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, su
reconocimiento constitucional e irrupción en el escenario político, económico, social y
cultural constituyeron un cambio determinante en la realidad boliviana. En la última
década ha habido avances sin precedentes en la representación de los pueblos
indígenas en las instituciones del Estado, así como, más generalmente, en su
participación en la vida política, social, económica y cultural del país.
Bolivia es un país con gran diversidad y riqueza cultural que se constituye como un
factor determinante de sus modelos de desarrollo. La herencia histórica de muy
diferentes identitarias sigue en permanente interacción.
Así se refleja en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que
reconoce, además del castellano, 36 idiomas de naciones y pueblos indígena originario
campesinos, siendo el quechua y el aimara los mayoritarios en los Andes occidentales.
El chiquitano, el guaraní y el mojeño son los siguientes más numerosos, formando parte
de los 34 pueblos indígenas que viven en las Tierras Bajas de la región oriental del país.
En el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población se reconoce como indígena.
Según el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos
oficiales de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y económicas (UDAPE 2021)
existe un 76% de informalidad laboral en Bolivia, situación que agravó la crisis política y
por la pandemia. Esto quiere decir que ocho de cada diez personas ocupadas tienen
empleos precarios, inestables, sin seguridad social o con bajos ingresos.
En las últimas décadas, el Estado Plurinacional de Bolivia ha dado importantes
muestras de voluntad política para disminuir las brechas y desigualdades de género.
Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que desarrolla en más de una
veintena de artículos los derechos de las mujeres y los principios de equidad y no
discriminación, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas
enfocadas a la consecución de la igualdad de género. El Estado boliviano ha ratificado
los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia. El marco
normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente
innovador, destacando dos leyes: la «Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia» (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de
leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia
política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación
ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos:
Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica y el
primero en Sudamérica; más del 99% de los delitos de violencia doméstica y sexual
denunciados y casi el 80% de los feminicidios permanecen impunes. Respecto de la
participación política de las mujeres, actualmente Bolivia es el tercer país del mundo con
mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Bolivia
ha logrado altos índices en las mediciones efectuadas sobre los compromisos
constitucionales, legales y de sufragio. Sin embargo, la presencia política de las mujeres
en el poder ejecutivo y la administración pública en puestos de liderazgo no representa ni
un tercio.
(2)
(2)
En América del Sur, las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se encontraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). Fuente: Informe Regional de
En el sector salud, se prevé que la implementación del Sistema Único de Salud,
Universal y gratuito (SUS) beneficiará a 5,8 millones de personas previamente no
aseguradas (un 50% de la población). El Estado está en proceso de asegurar los
recursos suficientes para su funcionamiento. La pandemia puso más presión en el
sistema (presupuesto insuficiente, falta de personal, falta de equipo, infraestructura y
material).
En educación, la UNESCO declaró a Bolivia «libre de analfabetismo» en 2008, ya
que reportó una tasa de 2,68% (Programa Nacional de Post alfabetización). Asimismo,
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021. PNUD 2021.
Núm. 114
Sábado 13 de mayo de 2023
Sec. I. Pág. 66686
Bienes de Capital, Fondo de Garantía para el Desarrollo, apoyo al sector agropecuario
para la reconstrucción productiva, entre otros.
En relación con los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos, su
reconocimiento constitucional e irrupción en el escenario político, económico, social y
cultural constituyeron un cambio determinante en la realidad boliviana. En la última
década ha habido avances sin precedentes en la representación de los pueblos
indígenas en las instituciones del Estado, así como, más generalmente, en su
participación en la vida política, social, económica y cultural del país.
Bolivia es un país con gran diversidad y riqueza cultural que se constituye como un
factor determinante de sus modelos de desarrollo. La herencia histórica de muy
diferentes identitarias sigue en permanente interacción.
Así se refleja en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que
reconoce, además del castellano, 36 idiomas de naciones y pueblos indígena originario
campesinos, siendo el quechua y el aimara los mayoritarios en los Andes occidentales.
El chiquitano, el guaraní y el mojeño son los siguientes más numerosos, formando parte
de los 34 pueblos indígenas que viven en las Tierras Bajas de la región oriental del país.
En el Censo Nacional de 2012, el 41% de la población se reconoce como indígena.
Según el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con datos
oficiales de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y económicas (UDAPE 2021)
existe un 76% de informalidad laboral en Bolivia, situación que agravó la crisis política y
por la pandemia. Esto quiere decir que ocho de cada diez personas ocupadas tienen
empleos precarios, inestables, sin seguridad social o con bajos ingresos.
En las últimas décadas, el Estado Plurinacional de Bolivia ha dado importantes
muestras de voluntad política para disminuir las brechas y desigualdades de género.
Desde la promulgación de la nueva Constitución de 2009, que desarrolla en más de una
veintena de artículos los derechos de las mujeres y los principios de equidad y no
discriminación, se ha ido acelerando el desarrollo legislativo y la elaboración de políticas
enfocadas a la consecución de la igualdad de género. El Estado boliviano ha ratificado
los principales tratados y convenciones internacionales en esta materia. El marco
normativo para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es especialmente
innovador, destacando dos leyes: la «Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia» (348/2013), que es uno de los escasos ejemplos latinoamericanos de
leyes integrales contra la violencia basada en género; y la Ley contra el acoso y violencia
política (243/2012), la primera de este tipo en la región. Sin embargo, la implementación
ha sido lenta y los niveles de violencia e impunidad siguen siendo extremadamente altos:
Bolivia es el cuarto país con mayor tasa relativa de feminicidios en Latinoamérica y el
primero en Sudamérica; más del 99% de los delitos de violencia doméstica y sexual
denunciados y casi el 80% de los feminicidios permanecen impunes. Respecto de la
participación política de las mujeres, actualmente Bolivia es el tercer país del mundo con
mayores índices de participación de las mujeres en instituciones representativas. Bolivia
ha logrado altos índices en las mediciones efectuadas sobre los compromisos
constitucionales, legales y de sufragio. Sin embargo, la presencia política de las mujeres
en el poder ejecutivo y la administración pública en puestos de liderazgo no representa ni
un tercio.
(2)
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En América del Sur, las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres se encontraron en Bolivia (2,0), Brasil (1,6) y Uruguay (1,5). Fuente: Informe Regional de
En el sector salud, se prevé que la implementación del Sistema Único de Salud,
Universal y gratuito (SUS) beneficiará a 5,8 millones de personas previamente no
aseguradas (un 50% de la población). El Estado está en proceso de asegurar los
recursos suficientes para su funcionamiento. La pandemia puso más presión en el
sistema (presupuesto insuficiente, falta de personal, falta de equipo, infraestructura y
material).
En educación, la UNESCO declaró a Bolivia «libre de analfabetismo» en 2008, ya
que reportó una tasa de 2,68% (Programa Nacional de Post alfabetización). Asimismo,
cve: BOE-A-2023-11334
Verificable en https://www.boe.es
Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2021. PNUD 2021.
