BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 13 de abril de 2023

Sec. I. Pág. 52757

II
Desde la aprobación del actual marco normativo, el mundo ha experimentado un
enorme cambio, acelerado en los últimos años. Tras un período en el que los indicadores
mostraban una reducción de la extrema pobreza y la desigualdad, en la actualidad esos
mismos indicadores vuelven a retroceder, agudizando situaciones de injusticia tanto en el
contexto europeo como en el internacional.
Al mismo tiempo, existe una creciente interdependencia entre actores de diferente
ámbito territorial, entre procesos políticos, sociales, económicos y culturales, así como en
la manifestación de los problemas del desarrollo, cada vez más materializados en forma
de amenazas globales, aunque con diferente impacto y anclaje territorial.
Los derechos de la infancia, adolescencia y juventud, de las mujeres, de las clases
trabajadoras, de las poblaciones campesinas, de los pueblos indígenas, de las personas
LGBTI y de las personas migrantes, refugiadas o apátridas, así como de las personas
defensoras ambientales y de derechos humanos, están siendo amenazados, cuando no
vulnerados. Al mismo tiempo, el mundo enfrenta profundas crisis que se expresan de
manera simultánea en el plano climático, social y económico, y a las que en estos
momentos se suma una situación sanitaria sin precedentes, que no ha hecho otra cosa
que profundizar la vulnerabilidad de millones de personas, así como generar un conflicto
de consecuencias imprevisibles en plena Europa.
El incremento de los discursos de odio o la debilidad de los sistemas democráticos
también son fenómenos de naturaleza global que no pueden enfrentarse desde la
soledad de los territorios y países, por lo que la cooperación extremeña tiene la
exigencia de aportar todas sus capacidades, desde su singularidad y diversidad, para
contribuir a la justicia social y a la protección de los derechos humanos de las personas
más vulnerables del planeta.
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible consagran una visión
integral del desarrollo sostenible y el reconocimiento de que la lucha contra la pobreza y
las desigualdades no pueden plantearse de manera aislada, al margen de sus causas, ni
desvinculadas de la problemática de conjunto en las que se insertan. Además, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible se presentan como una agenda universal, es decir,
como la expresión de unos objetivos cuyo cumplimiento compromete por igual a países
enriquecidos y empobrecidos, lo que supone por primera vez el reconocimiento de
problemas que son comunes y globales, con independencia de que los retos sean
parcialmente distintos en unos y otros lugares.
La actual Agenda de Desarrollo sitúa a las políticas de cooperación descentralizadas
y a sus agentes ante importantes y renovados desafíos, al tiempo que otorga a los
actores subestatales un mayor poder y una mayor responsabilidad en la respuesta a
estos problemas. Así, la Agenda 2030 establece la necesidad de la articulación de una
acción colectiva y multinivel (local y global) junto con una articulación multiactor,
llamando a la acción a una gran diversidad de actores desde una visión integral en la
que «no se deje a nadie atrás».
La adaptación a las actuales agendas globales y paradigmas internacionales,
dejando atrás la estricta mirada norte-sur, la mejora y ampliación de los mecanismos de
gobernanza, con una mirada más participativa y democrática, la necesaria inclusión de
nuevos instrumentos que permitan afrontar los desafíos globales o el reconocimiento de
la diversidad de agentes de desarrollo, incluido el refuerzo de la propia Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, son elementos a los que no
ha podido responder la ley de cooperación actual.
Por lo tanto, se hace necesaria la renovación del marco normativo actual, de forma
que ponga al servicio de la cooperación extremeña todas las herramientas necesarias
para dar respuesta a los retos actuales del desarrollo, al mismo tiempo que renueva el

cve: BOE-A-2023-9097
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Núm. 88