BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 25 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 44229

La disposición final cuarta, apartado 2, del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo,
faculta a los entonces Ministros de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
entendiéndose en la actualidad a los Ministros de Industria, Comercio y Turismo; para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y de Sanidad para, conjunta o
separadamente, según el ámbito de sus respectivas competencias, introducir en el real
decreto y, en particular, en sus anexos, cuantas modificaciones de carácter técnico
fuesen precisas para mantenerlo adaptado a las innovaciones técnicas que se
produzcan y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria. En uso de dicha
facultad se realiza la presente modificación.
La orden ministerial se adecua a los principios de buena regulación establecidos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y, en particular, a los principios de necesidad y
eficacia, justificándose en la obligatoriedad de transponer al Ordenamiento jurídico
español las directivas citadas. La razón de interés general en la que se funda deriva de
la exigencia de establecer las medidas necesarias para restringir el uso de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos de forma que se evite sus
efectos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. El medio empleado para
la transposición de la normativa de la Unión Europea es el adecuado para la
consecución de este objetivo, ya que modifica la norma que contiene la regulación sobre
la que inciden las directivas delegadas que se transponen, y se lleva a cabo una correcta
y total transposición de las mismas, con el estricto cumplimiento de los términos del
mandato normativo contenido en la disposición final cuarta del Real Decreto 219/2013,
de 22 de marzo.
También, se adecua al principio de proporcionalidad puesto que contiene las medidas
imprescindibles para la correcta transposición de las citadas directivas, pero sin exigir
requisitos adicionales a los impuestos por ella.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica, la norma es coherente con el resto
del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, en particular, con el principio
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una
economía circular, que concede absoluta prioridad al principio de prevención en la
legislación sobre residuos y a la adopción de medidas que reduzcan el contenido de
sustancias nocivas en materiales y productos. La coherencia con el ordenamiento de la
Unión Europea queda fundamentada en el hecho de que la orden tiene como objeto la
transposición de las directivas delegadas mencionadas.
En aplicación del principio de eficiencia, la norma no contiene nuevas cargas
administrativas y no supondrá incremento de recursos humanos o económicos para la
Administración.
En la elaboración de esta orden, en aplicación el principio de transparencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, y del artículo 16 en conexión con el artículo 18.1.h), ambos de la
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se han realizado los
trámites de audiencia e información pública. De esta manera se ha consultado a los
ciudadanos, a las comunidades autónomas, a las ciudades de Ceuta y Melilla y a las
entidades locales a través de la Comisión de Coordinación en materia de residuos del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como a las entidades
representativas de los sectores afectados. Asimismo, se ha recabado el preceptivo
informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente en virtud del artículo 19.2.a) de la
Ley 27/2006, de 18 de julio.
Dado que las directivas delegadas que son objeto de incorporación responden a
innovaciones técnicas, en los términos previstos en el segundo apartado de la
disposición final cuarta del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, el instrumento
adecuado para su incorporación al ordenamiento jurídico español es la orden ministerial.

cve: BOE-A-2023-7659
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Núm. 72