BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 18 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 40659

El Acuerdo de 1995 sobre Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de
Peces Altamente Migratorias aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas,
estableció un moderno régimen jurídico y supuso el reconocimiento de las
Organizaciones y Acuerdos Regionales de Pesca, que han demostrado su eficacia y
adaptabilidad para proporcionar soluciones para garantizar una pesca sostenible,
compatible con la protección y la preservación del medio marino, y en las que tanto
nuestro país como la Unión Europea ejercen un decidido liderazgo.
Asimismo, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
aprobada en septiembre de 2015, se abordó la conservación y el uso sostenible de los
océanos y se identificó la conservación y el uso sostenible de los mismos como uno de
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Del mismo modo, la Asamblea General de Naciones Unidas ha reiterado, en sus
resoluciones anuales sobre el Programa relativo a los Océanos y al Derecho del Mar, su
preocupación por los efectos adversos, actuales y futuros, del cambio climático en la
sostenibilidad de la pesca y en la seguridad alimentaria, expresando una especial
preocupación por las conclusiones expuestas por el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre Cambio Climático en su informe especial sobre los océanos y la criosfera
en un clima cambiante y alentando a los Estados Miembros a evaluar y considerar los
efectos del cambio climático en el sector de la pesca a la hora de diseñar sus políticas.
En este sentido, en el mencionado Informe especial de 2019 sobre el océano y la
criosfera del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se
destacó que el sector de la pesca y la acuicultura es el más vulnerable a los factores
climáticos. Las principales consecuencias, según el informe, serían entre otras una
mayor estratificación de la capa superior del océano que alterará el oxígeno oceánico y
la disponibilidad de nutrientes, afectando en consecuencia a las especies de peces, así
como a la producción primaria neta. Ello conllevaría principalmente la reducción de los
stocks pesqueros y la migración de las especies (principalmente las pelágicas) hacia
aguas más frías a una media de 50 km/década.
También el Comité de Pesca de la FAO en su 34.ª sesión celebrada en 2021
(COFI 34), emitía el informe denominado «Hacer frente al cambio climático y otros
asuntos relacionados con el medio ambiente» en el que ponía de manifiesto que cada
vez más pruebas indican que el cambio climático y otros factores antropogénicos con
efectos en los medios acuáticos, como el aumento de la temperatura y la basura marina,
repercuten considerablemente en el bienestar de los ecosistemas acuáticos, lo que tiene
consecuencias para la seguridad alimentaria y los medios de vida de las comunidades
de quienes se dedican a la pesca y la acuicultura.
En el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) se ha promovido la adopción de mecanismos esenciales para la
gestión de una pesca sostenible y responsable y para la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (INDNR), como son el Código de Conducta para la Pesca
Responsable, las Directrices voluntarias para la Actuación del Estado del pabellón, el
Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (PAI–INDNR); o el Acuerdo sobre Medidas del Estado
Rector del Puerto, entre otros.
En el ámbito nacional, con el objetivo de hacer frente a las consecuencias del cambio
climático sobre el sector pesquero, existen estrategias como el Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, aprobado conforme a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y
transición energética, el cual tiene entre sus 18 ámbitos de aplicación; la pesca, la
acuicultura y alimentación; las costas y el medio marino y la pesca continental.
Este Plan se adopta en el marco del Pacto Verde Europeo que tiene entre sus
objetivos prioritarios el de garantizar la economía azul y reforzar el papel de los océanos
y el sector pesquero en la lucha contra el cambio climático y en el cual se encuadra la
Estrategia «De la granja a la mesa» con una serie de medidas aplicadas a la agricultura,

cve: BOE-A-2023-7052
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Núm. 66