III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2023-6150)
Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018.
82 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 8 de marzo de 2023
Sec. III. Pág. 34816
fuera la fecha de la resolución, además de las tres mencionadas en el párrafo precedente, la
CNMC fue notificada de ocho sentencias judiciales que correspondían a resoluciones
sancionadoras dictadas en los ejercicios 2014 (una), 2015 (tres) y 2016 (cuatro). De estas
sentencias, siete (el 87 %) fueron desestimatorias de las pretensiones de los recurrentes y
confirmaron las sanciones impuestas por la entidad (por un importe total de 19.437.000 euros), y
en todos los casos se impusieron las costas a los demandantes. Solo una de ellas fue estimatoria
del recurso, con imposición de costas a la CNMC.
2.249. A 1 de mayo de 2020 tres de las sanciones cuyas resoluciones judiciales se notificaron en
el periodo fiscalizado ya estaban cobradas, por un importe total de 19.600.000 euros. Para las
demás sanciones confirmadas en vía judicial ya había transcurrido el plazo de pago en periodo
voluntario y estaban en fase de apremio, por un importe de 6.737.000 euros.
2.250. Las sanciones impuestas en el ámbito de la energía que habían sido judicialmente
recurridas y estaban pendientes de resolución, a 1 de mayo de 2020, eran 17 (siete del periodo
fiscalizado, una de 2015, otra de 2016 y otras ocho de 2019). El importe de las 17 sanciones
recurridas y pendientes de resolución judicial ascendía a 59.000.000 euros.
2.251. De estas 17 sanciones recurridas y pendientes de resolución judicial en el ámbito de la
energía doce ya se habían cobrado, por importe de 14.290.000 euros. Otras dos sanciones, al no
haberse solicitado la suspensión de la deuda o no haber sido concedida estaban en fase de
apremio, por importe de 50.000 euros. En un procedimiento se había concedido la suspensión de
la deuda por importe de 19.500.000 euros. Otro, por importe de 25.000.000 euros, estaba
suspendido por prejudicialidad penal. Y por último, en un procedimiento por importe de 160.000
euros se estaba tramitando la suspensión.
2.252. En el ámbito sancionador de la competencia la SC de la CNMC resolvió quince
procedimientos sancionadores en el periodo fiscalizado (siete en 2017 y ocho en 2018) que dieron
lugar a la imposición de 156 sanciones a 132 infractores distintos. El importe total de las
sanciones pecuniarias impuestas ascendió a 352.548.031 euros (138.044.298 euros por
sanciones impuestas en 2017 y 214.503.733 euros por las de 2018). En este ámbito sancionador
todos los procedimientos sancionadores han concluido imponiendo sanciones a distintos
infractores y, en algunos casos, un mismo sancionado lo fue por distintas infracciones. Por eso, el
análisis de la litigiosidad debe tener en cuenta que en un mismo procedimiento sancionador
algunos infractores pudieron recurrir y otros no y algunas sanciones pudieron ser recurridas y
otras no; aunque, como se desarrollará en los puntos siguientes, en el periodo fiscalizado todas
las sanciones impuestas fueron objeto de recurso.
2.253. Se interpusieron recursos contencioso-administrativos en los quince procedimientos
sancionadores resueltos en el periodo, aunque no por todos los sancionados. Únicamente doce
sancionados (el 9 % de los 132 a los que se ha hecho referencia) han dejado de interponer
recurso judicial. Los otros 120 sancionados en el periodo han recurrido en vía contenciosoadministrativa y el importe litigioso ascendió a 335.789.076 euros (el 95 % del total de las
sanciones pecuniarias impuestas en el periodo). De los doce sancionados que no interpusieron
recurso judicial, tres estaban acogidos al programa de clemencia y exentos del pago de su
sanción.
2.254. Los recurrentes solicitaron ante la AN la suspensión de la sanción en 83 de los 120
recursos interpuestos contra las sanciones dictadas en el periodo fiscalizado. La suspensión
solicitada se concedió en 46 de estos recursos contencioso-administrativos y se denegó en los
otros 37. El importe de las sanciones dictadas en el periodo fiscalizado que estaban recurridas y
suspendida su ejecución, en estos 46 procedimientos a los que se ha hecho referencia, ascendía
a 209.308.833 euros (107.358.960 euros por las sanciones impuestas en 2017 y 101.949.873
euros por las de 2018). El resto de la deuda que no se había suspendido estaba pagada o
cve: BOE-A-2023-6150
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 57
Miércoles 8 de marzo de 2023
Sec. III. Pág. 34816
fuera la fecha de la resolución, además de las tres mencionadas en el párrafo precedente, la
CNMC fue notificada de ocho sentencias judiciales que correspondían a resoluciones
sancionadoras dictadas en los ejercicios 2014 (una), 2015 (tres) y 2016 (cuatro). De estas
sentencias, siete (el 87 %) fueron desestimatorias de las pretensiones de los recurrentes y
confirmaron las sanciones impuestas por la entidad (por un importe total de 19.437.000 euros), y
en todos los casos se impusieron las costas a los demandantes. Solo una de ellas fue estimatoria
del recurso, con imposición de costas a la CNMC.
2.249. A 1 de mayo de 2020 tres de las sanciones cuyas resoluciones judiciales se notificaron en
el periodo fiscalizado ya estaban cobradas, por un importe total de 19.600.000 euros. Para las
demás sanciones confirmadas en vía judicial ya había transcurrido el plazo de pago en periodo
voluntario y estaban en fase de apremio, por un importe de 6.737.000 euros.
2.250. Las sanciones impuestas en el ámbito de la energía que habían sido judicialmente
recurridas y estaban pendientes de resolución, a 1 de mayo de 2020, eran 17 (siete del periodo
fiscalizado, una de 2015, otra de 2016 y otras ocho de 2019). El importe de las 17 sanciones
recurridas y pendientes de resolución judicial ascendía a 59.000.000 euros.
2.251. De estas 17 sanciones recurridas y pendientes de resolución judicial en el ámbito de la
energía doce ya se habían cobrado, por importe de 14.290.000 euros. Otras dos sanciones, al no
haberse solicitado la suspensión de la deuda o no haber sido concedida estaban en fase de
apremio, por importe de 50.000 euros. En un procedimiento se había concedido la suspensión de
la deuda por importe de 19.500.000 euros. Otro, por importe de 25.000.000 euros, estaba
suspendido por prejudicialidad penal. Y por último, en un procedimiento por importe de 160.000
euros se estaba tramitando la suspensión.
2.252. En el ámbito sancionador de la competencia la SC de la CNMC resolvió quince
procedimientos sancionadores en el periodo fiscalizado (siete en 2017 y ocho en 2018) que dieron
lugar a la imposición de 156 sanciones a 132 infractores distintos. El importe total de las
sanciones pecuniarias impuestas ascendió a 352.548.031 euros (138.044.298 euros por
sanciones impuestas en 2017 y 214.503.733 euros por las de 2018). En este ámbito sancionador
todos los procedimientos sancionadores han concluido imponiendo sanciones a distintos
infractores y, en algunos casos, un mismo sancionado lo fue por distintas infracciones. Por eso, el
análisis de la litigiosidad debe tener en cuenta que en un mismo procedimiento sancionador
algunos infractores pudieron recurrir y otros no y algunas sanciones pudieron ser recurridas y
otras no; aunque, como se desarrollará en los puntos siguientes, en el periodo fiscalizado todas
las sanciones impuestas fueron objeto de recurso.
2.253. Se interpusieron recursos contencioso-administrativos en los quince procedimientos
sancionadores resueltos en el periodo, aunque no por todos los sancionados. Únicamente doce
sancionados (el 9 % de los 132 a los que se ha hecho referencia) han dejado de interponer
recurso judicial. Los otros 120 sancionados en el periodo han recurrido en vía contenciosoadministrativa y el importe litigioso ascendió a 335.789.076 euros (el 95 % del total de las
sanciones pecuniarias impuestas en el periodo). De los doce sancionados que no interpusieron
recurso judicial, tres estaban acogidos al programa de clemencia y exentos del pago de su
sanción.
2.254. Los recurrentes solicitaron ante la AN la suspensión de la sanción en 83 de los 120
recursos interpuestos contra las sanciones dictadas en el periodo fiscalizado. La suspensión
solicitada se concedió en 46 de estos recursos contencioso-administrativos y se denegó en los
otros 37. El importe de las sanciones dictadas en el periodo fiscalizado que estaban recurridas y
suspendida su ejecución, en estos 46 procedimientos a los que se ha hecho referencia, ascendía
a 209.308.833 euros (107.358.960 euros por las sanciones impuestas en 2017 y 101.949.873
euros por las de 2018). El resto de la deuda que no se había suspendido estaba pagada o
cve: BOE-A-2023-6150
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 57
