BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 55

Lunes 6 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 32796

la convivencia o de desórdenes públicos o si se pone en peligro la seguridad o la
integridad del inmueble. El propietario tiene un plazo de un mes para acreditar
documentalmente que el ocupante del inmueble tiene el título habilitante para ocuparlo o
para acreditar documentalmente que ha ejercido la acción de desahucio. Si una vez
transcurrido este plazo el propietario no ha cumplido el requerimiento en uno u otro
sentido, el ayuntamiento queda legitimado para ejercer las acciones de desocupación o
desalojo pertinentes en sustitución del propietario.
La Administración puede imponer las sanciones que establece la Ley 18/2007 y,
además, como nueva capacidad, puede adquirir temporalmente el uso de la vivienda
para destinarla a políticas públicas de vivienda social.
Artículo 1.

Modificación de la Ley 18/2007.

1. Se añade una letra, la g, al apartado 2 del artículo 5 de la Ley 18/2007, de 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:
«g) Los propietarios, si tienen la condición de grandes tenedores, no inicien
las acciones de desalojo requeridas por la administración competente, la vivienda
se encuentre ocupada sin título habilitante y esta situación haya provocado una
alteración de la convivencia o del orden público o ponga en peligro la seguridad o
la integridad del inmueble.»
2. Se añade una letra, la c, al apartado 1 del artículo 41 de la Ley 18/2007, de 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, con el siguiente texto:
«c) La ocupación sin título habilitante en supuestos que alteren la
convivencia o el orden público o que pongan en peligro la seguridad o la integridad
del inmueble.»
3. Se añade un artículo, el 44 bis, a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del
derecho a la vivienda, con el siguiente texto:

1. En los supuestos de ocupación de un inmueble sin título habilitante, el
propietario o propietaria, si tiene la condición de gran tenedor, debe ejercer las
acciones necesarias para desalojarlo si esta situación ha provocado una alteración
de la convivencia o del orden público o pone en peligro la seguridad o integridad
del inmueble.
2. En caso de que se produzca el supuesto a que hace referencia el
apartado 1 y el propietario o propietaria no ejerza las acciones necesarias para el
desalojo, el ayuntamiento del municipio donde esté situado el inmueble, como
administración competente y sin perjuicio de la competencia de otras entidades
públicas, puede instar al propietario o propietaria, de oficio o a instancia de la junta
de propietarios de la finca donde esté situado el inmueble o a instancia de los
vecinos del espacio residencial contiguo, a cumplir su obligación.
3. El ayuntamiento debe requerir al propietario o propietaria y al ocupante
que, en el plazo de cinco días hábiles, acrediten documentalmente la existencia
del título habilitante de la ocupación, si procede, y en el mismo requerimiento debe
exigir al propietario o propietaria que, en el plazo de un mes, acredite
documentalmente el cumplimiento de la obligación de ejercer la acción de
desahucio correspondiente.
4. Si en el plazo de un mes a contar desde la recepción del requerimiento, o
si la notificación ha sido infructuosa, atendiendo siempre a lo que determina la
legislación en materia de procedimiento administrativo, el propietario o propietaria

cve: BOE-A-2023-5752
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«Artículo 44 bis. Acciones para actuar frente a ocupaciones sin título habilitante
en supuestos de alteración de la convivencia o del orden público o que pongan
en peligro la seguridad o la integridad del inmueble.