BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 31273

Consejo y de la Comisión, con determinadas condiciones. En este sentido, el
Reglamento (CE) número 1049/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, ha establecido un marco
jurídico común para el acceso a los documentos de las tres instituciones, y ha
fijado también la extensión, los límites y las modalidades del ejercicio de este
derecho de acceso.
Junto con esto, se han adoptado directivas de alcance sectorial en las
materias de medio ambiente y de reutilización de la información pública, las cuales
se trasladaron al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 27/2006, de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector
público.
En relación con este último aspecto, hay que destacar la actualización
normativa efectuada por la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de
la información del sector público. Este nuevo instrumento incide en la conveniencia
de la apertura de datos del sector público dado que la explotación y el tratamiento
inteligente de los datos públicos para la creación de nuevos productos y servicios
en beneficio de la ciudadanía aportan valor añadido y contribuyen al desarrollo
económico y social, apostando para ello por el principio de datos abiertos desde el
diseño y por defecto. En la misma línea va la Estrategia europea de datos, con la
que se pretende establecer un marco para la gobernanza/gobernanza de datos y
sacar el máximo potencial a estos para favorecer la innovación y el crecimiento
económico.
Dentro del ordenamiento jurídico español no se establece un régimen general
para el acceso en la información hasta la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que tiene carácter
básico y que sí que supone un salto cualitativo al prever mecanismos e
instrumentos para garantizar este derecho. Junto con esta ley, también suponen
un hito importante la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público. Estas leyes, además de reforzar
las obligaciones de participación ciudadana y la evaluación de la producción
normativa, adecuan el funcionamiento de las administraciones públicas a la
administración electrónica, la interoperabilidad y la transparencia, en un cambio de
paradigma que supone un reto para todas las administraciones públicas.
Dentro del marco jurídico autonómico, en base al derecho reconocido
estatutariamente a una buena administración y acceder a los documentos
públicos, la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y
participación ciudadana (de ahora en adelante, Ley 2/2015, de 2 de abril), ha
servido para que la Comunitat Valenciana se dote de instrumentos técnicos,
jurídicos y administrativos para satisfacer el derecho de la ciudadanía a la
información pública, de forma que se ha adaptado la normativa básica y se ha
establecido un marco más avanzado en las materias de transparencia y buen
gobierno.
A la Ley 2/2015, de 2 de abril, han seguido otras leyes que inciden en la
transparencia y el buen gobierno, como son la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de
cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana; la Ley 8/2016, de 28 de octubre,
de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos
no electos, o la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los
grupos de interés de la Comunitat Valenciana. Otras normas también han incidido
en la construcción de un sistema de integridad en las instituciones valencianas con
mecanismos de prevención y control, como son la Ley 11/2016, de 28 de

cve: BOE-A-2023-5482
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