BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 31272

reforzamiento de los valores públicos. Este reto no solo interpela a las
organizaciones públicas. Para que la transparencia sea una verdadera
herramienta de control democrático y de empoderamiento ciudadano, y para que
se puedan aprovechar las potencialidades que ofrece la información pública, hace
falta que la cultura de la transparencia esté también presente en la sociedad. Es
por eso por lo que las instituciones públicas no tienen que limitarse a publicar la
información que prevén las normas, sino que han de interiorizar este cambio de
cultura y llevar a cabo medidas activas para promoverla en la resta de actores
sociales y para estimular en la ciudadanía el conocimiento y el ejercicio de sus
derechos.
II
Los cimientos en que se sustenta esta ley se sitúan en el núcleo de nuestro
sistema democrático. La Constitución española hace ya referencia en el
artículo 105.b al acceso de la ciudadanía a los archivos y los registros
administrativos, y sobre esta previsión se desarrolla el derecho de acceso a la
información pública reconocido posteriormente con un alcance general por las
leyes. Ahora bien, la transparencia, gracias a las normas jurídicas aprobadas en
los últimos años y a los instrumentos institucionales, se va configurando
cualitativamente no solo como un instrumento de avance democrático sino
también como un derecho fundamental en su vertiente del derecho de acceso a la
información pública. En este sentido, el desarrollo conceptual y doctrinal del
acceso a la información pública en el ámbito internacional y su creciente
importancia en las sociedades democráticas lo vinculan al derecho a recibir
información veraz que reconoce el artículo 20 de la Constitución e, incluso, al
derecho a participar en los asuntos públicos del artículo 23. En el marco y el
contenido del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana encontramos,
también, las posibilidades de profundización democrática abiertas por el desarrollo
de nuevas herramientas tecnológicas en el marco de una cultura del conocimiento
al servicio de la mejora de la actuación de las administraciones públicas y del
ejercicio de los derechos y de la participación de la ciudadanía.
Así mismo, los acuerdos internacionales suscritos por España reconocen
también estos derechos. Particularmente, la libertad de recibir o de comunicar
informaciones o ideas está reconocida en el artículo 10 del Convenio europeo de
derechos humanos, y los artículos 21.1 de la Declaración universal de los
derechos humanos y 25.a del Pacto internacional de derechos civiles y políticos
amparan el derecho de participación ciudadana, al que se vincula la noción de la
transparencia y el gobierno abierto. De manera más concreta, un importante
avance fue el Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos
públicos de 2009, firmado por España y en proceso de ratificación, al tratarse del
primer instrumento jurídico internacional vinculante que implica el reconocimiento y
garantía del derecho general de acceso a los documentos públicos.
Por otra parte, el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea apuesta, dentro
del proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de
Europa, por que las decisiones se tomen de la manera más abierta y próxima a la
ciudadanía que sea posible. Esta apertura, que garantiza una mayor participación
ciudadana y una mayor eficacia y responsabilidad de la administración pública,
contribuye a fortalecer los principios de la democracia y el respeto a los derechos
fundamentales enunciados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión
Europea y reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
Así mismo, el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
consagra el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, y también
de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un
estado miembro, a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del

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Núm. 52