BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 2 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 31271

La concepción de un gobierno abierto que conversa de manera permanente
con la ciudadanía, promoviendo y facilitando su colaboración, fue formulada, a
comienzos del nuevo milenio, por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), y organizaciones internacionales como esta o
como la Alianza para el Gobierno Abierto han tenido un papel relevante en su
impulso y desarrollo. En este sentido, hay que destacar la Recomendación del
Consejo de la OCDE sobre gobierno abierto de 2017, que define el gobierno
abierto como una cultura de gobernanza que promueve los principios de
transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes
interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.
Ya no se trata solo de gestionar mejor los servicios públicos, sino también de
coproducir políticas y generar valor público a través de la colaboración dinámica y
permanente con otros actores, así como de reducir la distancia entre las
instituciones y la ciudadanía. El caudal de información e inteligencia que las
instituciones públicas pueden recibir de otros agentes impulsa cambios de primer
orden en la manera de gobernar y abre oportunidades a una mejor gestión de los
asuntos públicos en el marco de la sociedad de la información. En este sentido,
este cambio de cultura ha de ir paralelo al desarrollo de una administración más
moderna y eficiente en la organización, en el funcionamiento y en los procesos.
Una administración que esté orientada a la ciudadanía y favorezca la innovación y
que, mediante la planificación estratégica y la evaluación, garantice la mejora
continua de los servicios públicos y de las políticas a la vez que rinde cuentas ante
la ciudadanía de manera permanente. De esta manera, la cultura de la
planificación y la evaluación da sentido a la concepción de la transparencia como
verdadera herramienta de rendición de cuentas, y, junto con la mejora de la ética
pública, constituyen bases de un buen gobierno encaminado a fortalecer los
vínculos de complicidad y confianza.
La Generalitat inició este cambio en la concepción de lo que han ser el
gobierno y la administración de la Generalitat con la reforma del Estatuto de
autonomía del año 2006. Con la actual redacción del artículo 9 se dio un paso
importante al reconocer el derecho de la ciudadanía a disfrutar de unos servicios
públicos de calidad e incorporar el mandato a las Corts Valencianes de regular el
derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las
instituciones y las administraciones públicas.
Este cambio ha impulsado la elaboración de un cuerpo normativo específico
para dar cobertura jurídica a los pilares en los que se sustenta el buen gobierno, y
que se ha traducido en una serie de normas que regulan la transparencia de la
actividad pública, los principios del buen gobierno, la integridad y los conflictos de
intereses de los cargos públicos o la transparencia en la actividad de los grupos de
interés. Todas estas normas han ido definiendo un modelo más avanzado, íntegro
y transparente de administración pública. Aun así, con esta ley se pretende
articular, en una visión más completa e integradora, los aspectos fundamentales
que definen una buena administración. Una visión que contemple conjuntamente
la obligación de las administraciones públicas de ser transparentes y abrir sus
datos, el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, la
infraestructura ética que tiene que sustentar el buen gobierno o la
institucionalización de la rendición de cuentas de la acción de gobierno mediante
el impulso de la cultura de la planificación y la evaluación del funcionamiento de la
administración. Dentro de esta concepción, se establece un marco general y de
referencia para promover la integridad en el funcionamiento de las instituciones
públicas valencianas, con la regulación de unas herramientas de control del poder
y de ética pública que tienen que servir para prevenir malas prácticas y para
preservar la reputación social de las instituciones públicas.
Se trata de un cambio de cultura en la manera en la que las instituciones se
relacionan con la ciudadanía, y que se fundamenta en una mayor proximidad y un

cve: BOE-A-2023-5482
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Núm. 52