BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52

Jueves 2 de marzo de 2023

Sec. I. Pág. 31270

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación
con los datos de identificadores obtenidos a partir del ADN de familiares se podrá
efectuar en los términos establecidos en la normativa de protección de datos de
carácter personal.
El responsable del tratamiento será el órgano competente en materia de
memoria democrática, el cual tendrá que garantizar la aplicación de las medidas
de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos,
teniendo en cuenta que estos tratamientos serán realizados por administraciones
públicas obligadas al cumplimiento del Real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la
administración electrónica.
En la obtención y tratamiento de estos datos se procurará la coordinación
debida con otros bancos de datos de ADN que pudieran existir en la
administración general del Estado y otras comunidades autónomas.»
Sección 3.ª

Transparencia

Artículo 232.
Se añade un nuevo preámbulo a la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y
buen gobierno de la Comunitat Valenciana. Además, se modifican la letra e del
apartado 1 y el apartado 5 del artículo 9, el apartado 6 del artículo 11, el apartado 1 del
artículo 31, la letra b del apartado 2 del artículo 75 y el artículo 76 de la Ley 1/2022,
de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana.
Se añade un nuevo preámbulo a la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y
buen gobierno de la Comunitat Valenciana:
«PREÁMBULO

Los cambios que ha vivido la sociedad como consecuencia de la revolución
digital y tecnológica, junto con las demandas de una ciudadanía más activa en
relación con el funcionamiento de la administración y los servicios públicos, han
generado una concienciación creciente sobre la importancia del espacio público y
han transformado la manera de pensar y concebir la democracia. Ahora, los
ciudadanos y ciudadanas se relacionan entre ellos y con las administraciones
públicas compartiendo datos, opiniones y perspectivas en tiempo real y
colaborando unos con otros de una manera que era impensable solo hace unos
pocos años.
La administración pública ya no ostenta la exclusividad del tratamiento de los
asuntos públicos. Hay ahora otros agentes que piden tomar parte en el diseño de
las políticas públicas y en su gestión y evaluación, que quieren aportar sus puntos
de vista y sus conocimientos a las actuaciones de los poderes públicos que
puedan afectarles, que reclaman que se tengan en cuenta sus necesidades y
preferencias. Unas demandas que ya no giran solo alrededor del resultado de los
servicios públicos sino que inciden también en la manera como se ejerce el poder
y como los gobiernos se relacionan con la ciudadanía, en lo que se considera
como el ejercicio del buen gobierno. Esto lleva a las instituciones públicas a
adaptar su funcionamiento para dar cabida a estas demandas, en un cambio de
cultura hacia una mayor permeabilidad respecto a los ciudadanos y ciudadanas y
un reforzamiento de la ética pública. Por eso, fortalecer la calidad democrática e
institucional se ha convertido en un reto para los gobiernos de todo el mundo, que
incorporan los nuevos paradigmas vinculados a la gobernanza democrática y
nuevos valores para generar confianza y mejorar la percepción de la ciudadanía
sobre la cosa pública, a la vez que se refuerza el sentido de comunidad cívica.

cve: BOE-A-2023-5482
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